Este lunes, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic realizó un llamado al Senado buscando que se acelere la discusión y se apruebe el proyecto de ley que regulariza la situación de portones instalados en pasajes.
Este emplazamiento se contextualiza en un mandato de parte de Contraloría que hace unos días instó a la Municipalidad a retirar todos los portones en la comuna que no se adecuaran a la normativa vigente, dejando a la deriva a cientos de vecinos que realizaron sus propias instalaciones con el fin de resguardarse de la delincuencia, pero que por una u otra razón el portón no cumplía con la ley.
Dentro de los requisitos que no se han cumplido en algunos casos conflictivos, es que el pasaje no cuenta con con una misma vía de acceso para entrada y salida, o la omisión de una autorización municipal, entre otras cosas.
“Estamos facilitando el trabajo a Carabineros, nosotros hicimos eventos para pagar los portones porque aquí había mucha delincuencia, lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, ojalá no tener que llegar a defender los portones si es que la Municipalidad llega a intentar sacarlos”, comentaba Alejandra Flores, vecina desde hace 12 años de la villa Jardines de Santa María hace unos días, durante una manifestación en defensa del portón en su barrio.
El edil argumentó que si bien estas estructuras no son una solución ideal, en las condiciones actuales, sí aportan a la sensación de seguridad de los vecinos, y es necesario flexibilizar la norma a fin de que la instalación de estos portones sea regularizada.
“Hacemos un llamado al Senado a resolver la situación de miles de vecinos y vecinas de Maipú y otras comunas que han levantado portones como medida de seguridad. Actualmente muchos se encuentran en situación irregular, y por tanto Contraloría ha mandatado su retiro. Sin embargo, el Congreso tiene hoy la posibilidad de ofrecer una alternativa de solución”, dijo Vodanovic en referencia al proyecto que modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad.
“Entendemos que los portones están lejos de ser una solución ideal. Son la respuesta de los vecinos a décadas de abandono del Estado. Desde la municipalidad estamos comprometidos con un nuevo enfoque que implica más inversión en los barrios afectados por la inseguridad. Sin embargo, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por eso es que consideramos urgente buscar una vía para regular la situación de los portones, y trabajar en conjunto con vecinos y vecinas para gestionar su buen uso y no afectar el derecho al libre tránsito”, añadió.
El proyecto para modificar la normativa fue aprobado por la Cámara de Diputados en enero de este año, y actualmente se encuentra en segundo trámite en el Senado. De momento, la Municipalidad ha cumplido con la notificación a los distintos vecinos y vecinas, según lo instruido por la CGR, para retirar los portones en un plazo de 60 días, pero se está a la espera de la resolución en el Congreso.
