Luego de cinco días de audiencia, y decenas de horas de exposición, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó este viernes 8 de mayo la prisión preventiva como medida cautelar para Joaquín Lavín León.
En representación del tribunal, el juez Daniel Urrutia señaló que el imputado, y exparlamentario, constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad.
«La gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, por cárcel efectiva de más de 5 años y un día pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta su prisión preventiva», fue el dictamen del juez.
Recordar que el esposo de Cathy Barriga es imputado por delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias mientras la ex alcaldesa de Maipú ocupaba su cargo en el municipio. Junto a la formalización, se otorgó un plazo de 90 días para la investigación.
Reacciones tras la determinación
Tanto desde la parte querellante (Fiscalía, SII, CDE y la Municipalidad de Maipú) como de la defensa de Joaquín Lavín León entregaron sus impresiones respecto a la determinación entregada por el tribunal.
Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado y José Pedro Silva, representante de la Municipalidad de Maipú, se mostraron conformes con la determinación del juez.
«Valoramos la resolución del tribunal (…) Estamos convencidos de los argumentos que hemos venido a exponer y tenemos la certeza de que esto no será revocado, sin perjuicio de que los tribunales tienen las atribuciones correspondientes», expresó Álvarez.
«Quedamos conformes, recuerden que el imputado Lavín acusó al alcalde Vodanovic de una persecución política. Nosotros fuimos la primera institución, tanto en el caso de la exalcaldesa como el del diputado Lavín, de presentar una querella criminal en su contra. Después de todos estos años de trabajo y de habernos dado la razón de que había antecedentes contundentes de que habían ocurrido delitos graves en el contexto de la Municipalidad de Maipú, estamos muy conformes de la decisión del juez», agregó José Pedro Silva.
Junto a lo anterior, el abogado del municipio de Maipú explicó el modus operandi que habría aplicado Joaquín Lavín en el municipio, señalando que «fueron gestiones a través de correos electrónicos, de poner funcionarios en funciones críticas y así lograron desmantelar el municipio, lograron poner personas particulares para favorecer sus intereses».
Por su parte, la fiscal Constanza Encina también se mostró conforme con la resolución, argumentando que realizaron la solicitud bajo «la convicción de que la libertad de los imputados eran un riesgo para la sociedad».
«Delitos tributarios, fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, delitos electorales, falsificación de instrumento privado mercantil. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años (…) creo que la medida cautelar es proporcional»
Uniéndose a lo señalado por Silva, la fiscal hizo mención a una «red de corrupción» , explicando que se «estaba obrando sobre seguro, poniendo funcionarios públicos en diferentes cargos que permitían prevalerse se esa situación de poder para la comisión del resto de los delitos. Creemos que se pudo establecer una red de corrupción durante esta jornadas de audiencias», complementó.
Ante lo dicho por la defensa de los imputados, de que no habría un cálculo detallado sobre el perjuicio a las arcas fiscales, Encina puntualizó: «En la minuta de formalización, que es bastante detallada al respecto, nosotros valorizamos cada una de las facturas falsificadas que se les está imputando (…) son cerca de 220 millones de pesos los que tiene relación con las facturas falsas y también el personal de apoyo de la Cámara de Diputados para fines electorales y de campaña». Además de lo expuesto, el total de la defraudación aumentaría a $240 millones según lo explicado por la fiscal.
La defensa de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonacic, se mostró disconforme por lo determinado por el juez Urrutia, manifestando que «es un fallo que no responde a lo que se expuso durante cinco día. No me cabe ninguna duda de que el tribunal tenía el resultado desde antes de la audiencia».
Esto, lo complementa aseverando que «basta escuchar la resolución, no hay ninguna línea que se haga cargo de los antecedentes presentados por la defensa».
«A la defensa se le dio menos tiempo que a la parte querellante. Me quedo con la impresión de que no había otra resolución posible. Vamos a presentar un recurso de nulidad», agregó.
Tras la resolución, será Gendarmería quien determinará el lugar en que Joaquín Lavín León cumplirá con la medida cautelar de prisión preventiva.
Prisión preventiva para Arnaldo Domínguez
Junto al ex diputado, Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín y coimputado, también recibió la prisión preventiva como medida cautelar. Su defensa, Pablo Araya, también fue crítico respecto a lo decretado por el juez Daniel Urrutia.
«Creemos que el tribunal no se hizo cargo de ninguna de nuestra alegaciones, muy por el contrario, dice que no alcanzan a desvirtuar. Por lo tanto, pasa a ser una decisión totalmente infundada y vamos a recurrir», señaló.
«Las menciones que se hacen de nuestro representado son escuetas, bastante poco fundamentadas y termina involucrándonos en hechos que no tienen ninguna responsabilidad», agregó.
