En 2025 a través de La Voz de Maipú, el exdiputado Rubén Oyarzo, denunció la llegada de un vuelo chárter desde Haití con 60 menores, en vez de los 124 anunciados. Alertó de irregularidades en el transporte, documentación y recepción de los niños, cuyo arribo no fue anunciado en los paneles del aeropuerto. Esta semana explotó a nivel mediático un drama que varios habían alertado, pero que sin embargo, la institucionalidad chilena no enfrentó de manera adecuada. Actualmente, se busca a cientos de niños haitianos.
Oyarzo el 15 de octubre de 2025 cuando era diputado del distrito 8 que incluye a Maipú afirmó a LVDM: «Cómo diputación recibimos una denuncia de un charter que venía desde Haití y que iba a llegar a las 02:30 de la madrugada con 150 pasajeros, de los cuales 124 eran niños. Sin embargo, ese vuelo se retrasó por 12 horas. Paró en Lima, siendo que no era su ruta, ya que el avión salió de Miami, pasó a Puerto Príncipe, después a Guayaquil y desde ahí llegaba a Santiago. Pero paró sospechosamente en Lima más de 12 horas y llegó hoy a las 11:00 de la mañana con alrededor de 60 niños, el resto eran todos pasajeros adultos”.
Esta semana, el caso ha copado los medios nacionales, luego de que un preinforme de Contraloría reveló que 486 niños y adolescentes haitianos fueron víctimas de posible tráfico de migrantes.
En esta entrevista con La Voz de Maipú, el exdiputado Oyarzo aborda detalles del caso de los niños hatianos:
–En 2025 usted encendió las alarmas en La Voz de Maipú al denunciar un vuelo chárter sospechoso proveniente de Haití. En ese momento, ¿qué indicios específicos lo llevaron a sospechar que estábamos ante una posible red de tráfico de menores y no ante un flujo migratorio regular?
Cuando realizamos esa fiscalización en el aeropuerto vimos una situación que simplemente no era normal. Estábamos hablando de un vuelo chárter proveniente desde Haití con decenas de niños ingresando al país bajo reunificación familiar, muchos acompañados por adultos respecto de los cuales no existía claridad inmediata sobre su vínculo real con esos menores. A eso se sumaban inconsistencias en la operación del vuelo, dudas sobre la documentación presentada y una logística que no se parecía a un proceso migratorio habitual. Mi obligación como diputado en ese momento era levantar una alerta. Porque cuando hablamos de niños, cualquier irregularidad debe investigarse de inmediato.
-¿Por qué un vuelo que debía llegar a Santiago se detuvo en Lima y por qué parte de los menores fue cambiada a otra aeronave? Hasta ahora, no existe claridad sobre aquello ni quienes autorizaron a eso, considerando que este era uno de los tantos vuelos que se han realizado con motivos de reunificación familiar.
Eso es precisamente parte de lo que hace que todo esto resulte tan preocupante. Un traslado de menores bajo reunificación familiar debiera tener absoluta trazabilidad desde origen hasta destino. Si hubo escalas no informadas, cambios de aeronave o modificaciones operativas que hoy siguen sin explicación clara, entonces alguien tiene que responder quién autorizó eso y bajo qué controles. Aquí no estamos hablando de turistas. Estamos hablando de niños ingresando al país y el estándar de control debía ser máximo.
–El lunes se supo a través de un informe que Contraloría detectó un patrón de ingreso masivo de menores haitianos a Chile mediante vuelos no regulares o chárter. En la muestra revisada por el organismo, de 366 personas ingresadas en este tipo de operaciones, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes. Esto en el gobierno de Gabriel Boric. En terreno, la investigación de la Contraloría no logró ubicar a parte de los niños que el Estado autorizó a ingresar. Los antecedentes abren dudas sobre su paradero y eventual vulneración. ¿Qué vino a corroborar Contraloría y por qué si esto era conocido por varios actores políticos no se accionó de forma previa?
Lo que hizo Contraloría fue confirmar algo que algunos advertimos hace bastante tiempo: que existieron fallas graves en los mecanismos de control del Estado. Se permitió el ingreso masivo de niños, existieron debilidades en la verificación documental, no siempre se comprobó adecuadamente el vínculo entre menores y adultos, y hoy parte de esos niños ni siquiera han podido ser ubicados. Lo preocupante es que distintas señales existieron antes y no vimos una reacción proporcional de las instituciones responsables.
–¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno anterior y al exdirector de migración Luis Thayer Correa?
Aquí evidentemente hay responsabilidades políticas que deben esclarecerse. Durante ese período el Estado tenía la obligación de garantizar que cualquier proceso de reunificación familiar cumpliera estándares rigurosos de protección a la infancia. Corresponde investigar qué decisiones se tomaron, qué controles se aplicaron, qué alertas existían dentro del Servicio Nacional de Migraciones y por qué no se actuó antes. Cuando el sistema falla en proteger niños, alguien tiene que responder.
–La relación de los menores con los adultos que ingresaron “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta como una falla extremadamente grave. Cuando un niño cruza fronteras internacionales, no basta con que alguien diga ser familiar o tutor. El Estado tiene la obligación de verificar identidad, vínculo familiar, autorizaciones legales y condiciones de protección.
Si eso no ocurrió de manera rigurosa, entonces esos menores quedaron expuestos a riesgos absolutamente inaceptables. Y eso es justamente lo que hoy preocupa.
–Mirando hacia atrás, cuando usted entregó esos antecedentes, ¿sintió que las autoridades del gobierno anterior (de Gabriel Boric) tomaron en serio la denuncia, o existió una negligencia política institucional que permitió que esta situación escalara hasta lo que vemos hoy?
Sinceramente, viendo lo que sabemos hoy, claramente no existió la urgencia que este tema requería. Cuando advertimos situaciones irregulares vinculadas al ingreso de menores, esperábamos una reacción mucho más firme e inmediata. Hoy vemos que la investigación revela problemas mucho más profundos y uno inevitablemente se pregunta si se pudo haber actuado antes para evitar llegar a este punto. Cuando el Estado demora en reaccionar, las consecuencias terminan siendo graves.
–La DGAC ya identificó a tres aerolíneas implicadas y se habla de al menos cinco agencias que articulaban estos viajes. ¿cómo es posible que el Estado haya tardado más de un año en detectar y mapear la operación de estas organizaciones comerciales?
Esa es una de las preguntas más delicadas de todo este caso. Estamos hablando de vuelos internacionales, operadores aéreos identificables, agencias intermediarias, controles migratorios, registros de pasajeros y múltiples organismos públicos involucrados.
Cuesta entender cómo una operación de esta magnitud pudo mantenerse tanto tiempo sin que existiera una coordinación efectiva entre las instituciones. Aquí claramente falló el Estado en su capacidad de anticipar, detectar y reaccionar.
–¿Cómo se explica que estos NNA haya ingresado al país por el Aeropuerto de Santiago considerando los controles existentes y la serie de instituciones públicas que trabajan ahí controlando?
Eso demuestra precisamente que el problema no estuvo en falta de instituciones, sino en la falla de los procedimientos. En el aeropuerto operan simultáneamente Migraciones, PDI, DGAC, Aduanas y otros organismos del Estado. Si niños ingresaron sin que se verificaran adecuadamente antecedentes fundamentales, entonces hubo una falla sistémica importante. Y eso obliga a revisar protocolos completos, porque esto ocurrió por la principal puerta de entrada internacional del país.
–El Senado le ha solicitado formalmente al Presidente José Antonio Kast la creación de un Plan de Búsqueda de niños y adolescentes haitianos, y el Ejecutivo ya activó una fuerza de tarea. ¿Cree que las medidas tomadas por la actual administración de Kast son suficientes? ¿qué debería hacer el Estado en estos momentos?
Valoro que el actual gobierno haya reaccionado y que hoy exista una fuerza de tarea enfocada en este tema. Pero aquí lo urgente es algo muy concreto: saber dónde está cada uno de esos niños.
El Estado debe desplegar todos los recursos disponibles para ubicarlos, protegerlos si existe vulneración y colaborar activamente con Fiscalía para perseguir a quienes resulten responsables. No basta con investigar. Hay que actuar rápido.
–Recientemente, UNICEF exigió «máxima celeridad» a las instituciones chilenas para aclarar el paradero de estos niños. Si el Estado chileno no logra ubicarlos en el corto plazo, ¿a qué tipo de responsabilidades o sanciones internacionales se expone nuestro país?
Chile ha suscrito compromisos internacionales muy claros respecto a protección integral de niños, niñas y adolescentes. Si el Estado autorizó ingresos y posteriormente no puede acreditar el paradero o condiciones de seguridad de esos menores, evidentemente puede enfrentar cuestionamientos internacionales serios. Pero más allá de eso, lo importante es entender que aquí hay niños involucrados y la prioridad absoluta debe ser encontrarlos y garantizar que estén protegidos.
-La Cámara de Diputados acaba de aprobar la creación de una Comisión Investigadora por este caso. ¿qué resultados concretos debería arrojar esto? ¿qué deberían lograr desentramar?
La comisión tiene que llegar al fondo del asunto. Debe establecer quién autorizó estos ingresos, qué controles fallaron, qué funcionarios tenían conocimiento de irregularidades, qué rol jugaron las aerolíneas y agencias involucradas y, sobre todo, cuántos niños hoy no han podido ser ubicados. Chile necesita saber exactamente qué ocurrió. Y necesitamos asegurarnos de que algo así nunca vuelva a repetirse.
–Luis Thayer Correa dijo en Radio Universo que lo ocurrido en 2023 y 2025 serían situaciones distintas y que no conocía en detalle la denuncia reciente. ¿Cómo se explica?
A mí esa declaración me genera muchas dudas. Estamos hablando de quien encabezaba el Servicio Nacional de Migraciones durante el período en que ocurrieron parte importante de estos hechos. Cuesta entender cómo una autoridad de ese nivel no tendría conocimiento suficiente sobre situaciones que involucraban vuelos chárter, ingreso masivo de menores, alertas previas y antecedentes que incluso ya circulaban públicamente. Si no lo sabía, entonces estamos frente a una falla gravísima de control interno dentro del propio servicio. Y si sí lo sabía, entonces corresponde explicar por qué no se actuó antes con mayor firmeza. Lo que no puede ocurrir es que hoy nadie asuma responsabilidades cuando estamos hablando de niños cuya situación actual todavía genera tantas interrogantes. El país merece explicaciones claras y, sobre todo, verdad.
Noticias de MaipúDiputado Rubén Oyarzo denuncia llegada de sospechoso vuelo chárter con más de 60 niños haitianos y anuncia Comisión para investigar
Diputada Urrutia lidera proyecto para sancionar con penas máximas a adultos que utilicen a niños en delitos
Condenan a pareja por secuestro de menor de edad durante 3 años: la tenían realizando labores domésticas y no la enviaban a la escuela
Retroexcavadoras, campamentos y migrantes a la calle: la gente lo pide, los alcaldes lo hacen
Deja una respuesta