La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley conocido como “antiencapuchados”, que sanciona el ocultamiento de identidad en manifestaciones y delitos, despachándolo a su segundo trámite legislativo en el Senado. La votación fue de 100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones. En el Distrito 8, que representa a Maipú, el resultado replicó la división nacional: cinco diputados votaron a favor y tres en contra.
«Humanoides»
La intervención que marcó el debate en la Cámara vino desde el Distrito 8. El diputado Agustín Romero (Republicano) tomó la palabra para defender el proyecto con una pregunta directa a sus colegas.
«¿Presidenta, qué le decimos a la gente que nos eligió? ¿Qué vamos a seguir tolerando que estos humanoides que atacan a la sociedad continúen protegidos por el anonimato? ¿O vamos a enviar una señal clara de respaldo a la gente, a Carabineros y al Estado de Derecho?», planteó.
Romero describió a los encapuchados como quienes destruyen paraderos, comercios, plazas y barrios completos, y argumentó que son los ciudadanos quienes terminan pagando los costos económicos y sociales de esa impunidad.
«Yo creo que Chile necesita recuperar algo muy básico: que el delincuente tenga miedo a la ley, y no que la ley le tenga miedo al delincuente«, afirmó.
El uso del término «humanoides» generó una reacción inmediata de la vicepresidenta de la Cámara, quien le pidió que no se refiriera así a las personas. La respuesta de Romero fue desafiante: «Yo trato como quiero y si no, me llevan a ética«.
Las voces del Distrito 8
Dos diputados del distrito se pronunciaron públicamente sobre sus votos, uno a favor y otro en contra.
Marcos Barraza votó en contra y reconoció la gravedad del problema, pero cuestionó la solución legislativa. Sostuvo que nadie puede negar que los barrios, el comercio y el transporte público quedan expuestos a la violencia de quienes actúan desde el anonimato, y que el Estado tiene el deber de responder. Sin embargo, advirtió que justamente por eso la respuesta no puede ser improvisada ni desproporcionada.
“Si el problema es que no se logra identificar a los responsables, subir la pena no resuelve la identificación, no mejora la investigación, no fortalece la persecución penal, solo agrava la sanción de quien ya fue identificado”, cuestionó.
Barraza también alertó que el derecho penal no puede convertirse en una competencia por ver quién propone la pena más alta, y que la seguridad democrática exige eficacia pero también proporcionalidad.
Tatiana Urrutia también votó en contra y fue igualmente crítica. Reconoció que quienes cometen delitos escondidos tras una capucha deben responder, pero cuestionó el proyecto original por abrir la puerta a la arbitrariedad, advertencia que según ella compartieron la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el INDH y los propios Carabineros.
“Se cerró el debate impidiendo que pudiéramos siquiera escuchar a expertos que probablemente seguirían hundiendo el texto priorizado por el Gobierno (…) la ciudadanía exige seguridad, pero eso no se logra con improvisación ni con aumentos simbólicos de penas; se logra con buenas leyes, coherencia y persecución penal efectiva”, concluyó.
Cómo votó el Distrito 8
Votaron a favor: Agustín Romero, Enrique Bassaletti, Cristian Contreras, Pier Karlezi y Mario Olavarría.
Votaron en contra: Marcos Barraza, Gustavo Gatica y Tatiana Urrutia.
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