De 1.269 médicos obstetras contratados en los hospitales públicos, 599 no estarían dispuestos a aplicar un aborto por causal de violación tras ser objetores de conciencia.
Un 47% de los obstetras de la salud pública de Chile, no estarían de acuerdo con realizar un aborto relacionado a la causal de violación.
Desde el 2017, el país cuenta con la Ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: Peligro para la vida de la mujer; inviabilidad fetal de carácter fatal y la causal en cuestión, embarazo por violación.
Son cerca de 599 obstetras que estarían en desacuerdo con la última causal, lo que ha provocado traslados urgentes de un hospital a otro, para poder atender a las mujeres que han ido por este motivo.
Entre 2020 y 2021 un total de 40 mujeres que querían hacerse un aborto, tuvieron que ser trasladadas entre distintos establecimientos. La principal razón fue que los casos eran demasiados complejos, mientras que ocho derivaciones fueron por falta de personal disponible para el procedimiento.
El subsecretario de Redes Asistenciales del ministerio de Salud, Fernando Araos, afirmó que las mujeres trasladadas fueron para hacer valer su derecho garantizado por ley. «es el deber del sistema sanitario garantizar el acceso oportuno a la prestación a mujeres y personas gestantes, y para eso, desde la autoridad trabajaremos por contar con los equipos necesarios en cada centro asistencial, dejando como último recurso la derivación a otros establecimiento», añadió.
Objeción de consciencia
La objeción de conciencia es la negativa de acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos.
Sofía Salas, académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, en conversación con La Tercera, afirmó que “La objeción de conciencia obedece al respeto de las creencias morales más profundas de estas personas, y si se prohibiera por ley la posibilidad de objetar, quedarían médicos sin conciencia”.
Mientras que otras especialistas afirman que la negativa a realizar un procedimiento así tiene que ser una excepción, y que el Estado debería tener permanentemente personal disponible para estas prácticas.
Sin embargo, tanto no exista un procedimiento garantizado en todo momento, seguirán los casos de mujeres que tendrán que trasladarse de un establecimiento a otro para poder hacer valer la ley en tres causales.
