El más reciente Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17 de la Contraloría General de la República volvió a encender alertas sobre la ejecución de obras públicas en el país. El documento analizó —a través del Sistema de Registros de Obras GEO-CGR (SISGEOB)— 166.786 proyectos ejecutados entre 2015 y mayo de 2025, detectando 812 contratos que terminaron anticipadamente.
De ellos, 517 aparecen como obras paralizadas sin recontratación, es decir, proyectos cuyo avance quedó detenido y que aún no cuentan con un proceso de continuidad. En ese grupo, Maipú se posiciona en el puesto 11 a nivel nacional, con 13 iniciativas que registran término anticipado de contrato, por un monto total de $9.584.956.776.
Desde la municipalidad explicaron a este medio que los contratos observados fueron suscritos entre 2022 y 2024, y que todos cuentan con financiamiento externo, ya sea del Gobierno de Santiago o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE),entidades a las que el municipio postula sus proyectos de infraestructura.
«El término anticipado de contrato se aplica cuando la obra ya no puede seguir ejecutándose en las condiciones pactadas. Entre las causas más habituales se encuentran los incumplimientos o atrasos significativos del contratista y, en algunos casos, el abandono de faenas, situaciones que obligan al municipio a resguardar los recursos públicos y cerrar el contrato. Otra causal puede ser la acumulación de multas que alcanzan el tope legal, lo que hace obligatorio dar término a lo pactado», indican.
Tras esa decisión, se ejecuta un proceso de liquidación, donde se revisa el avance real, se determinan pagos pendientes y se abordan las observaciones. Este procedimiento —aclaran— se realiza solo entre el municipio y la empresa, sin requerir validación del Gobierno de Santiago ni de SUBDERE, aunque ambas entidades deben ser informadas por ser las responsables del financiamiento.
«Dado el incremento en los costos de ejecución, algunos de estos proyectos requieren una reevaluación técnica y una actualización de presupuesto para poder ser relicitados o reactivados. Este proceso de revisión y reevaluación sí se realiza en coordinación con el Gobierno de Santiago o SUBDERE, según corresponda», finalizan desde la entidad edilicia.
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