La semana pasada fuimos testigos del show mediático de turno, la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, donde se mostraron las desviaciones de fondos que ascenderían a $31.000 millones, es decir, dineros que se gastaron en propósitos distintos a los destinados originalmente de acuerdo con lo determinado en el presupuesto edilicio.
Como suele ser usual en las coberturas de prensa tradicional, se ha enfatizado en situaciones generales o llamativas, como las joyas y los peluches, dejando de lado el análisis profundo de las consecuencias para la población en casos como los que tuvimos a cargo como constructora: la habilitación de un CAM y CECOF, que no se terminó por la negligencia municipal y las obras de mejoramiento de los camarines de la piscina municipal, que se atrasaron por más de 9 meses debido a lo mismo.
Si bien no se trata de una problemática propia del gobierno local de turno, sino más bien transversal en los organismos públicos del país, la reflexión apunta a la necesidad de llamar la atención al respecto y erradicar la situación de raíz, dado que los perjudicados siempre son los mismos, las personas.
Nuestra empresa Cypro, una pyme en el rubro de la construcción que venía desgastada de los problemas de pagos con inmobiliarias y mandantes particulares cuando decidió emigrar a trabajar al sector público. Se consideró que estas instituciones no quiebran, trabajan con fondos dedicados y, según Bases Administrativas, pagan a 30 días (ley 21.131 de 2019). Imposible un mejor escenario.
En este contexto, participamos en la “Mantención y Mejoramiento de los Camarines del Parque Municipal de Maipú”, obra con un plazo de ejecución de 120 días y pagos a 30 días de recepcionadas las facturas por avance. Ganamos la licitación e iniciamos obras el 1 de octubre de 2019.
Pocos días después, la misma Municipalidad llamó a licitación por la “Habilitación de CAM CECOSF Manchester”, con plazo de ejecución de 210 días, indicando expresamente: “se cuenta con la disponibilidad presupuestaria según certificado N° 5-08/2020”. Participamos, entregamos la garantía de seriedad de la oferta y la adjudicamos.
Lo que vino a continuación no resiste mayores análisis. Las facturas de la obra camarines acumularon 533 días de atraso en los pagos una vez vencidas, mientras que las facturas del CAM CECOF de Villa Lo Errázuriz sumaron 641 días de atraso en los pagos. Es decir, entre los dos contratos, el atraso en los pagos fue de 1.174 días (3 años y 3 meses), la Municipalidad acumuló hasta 6 facturas impagas simultáneamente, pese a señalar en la licitación la existencia de los fondos. ¿En qué se ocuparon los dineros? Hasta el día de hoy no lo sabemos.
Nuestro rol fue estar continuamente consultando, enviando decenas de correos y cartas, pasamos por todas las instancias municipales existentes relacionadas con los contratos, incluida la entonces alcaldesa Cathy Barriga, a quién se le solicitó reunión en reiteradas oportunidades advirtiéndole que el uso en otros fines de los fondos dedicados no estaba permitido, pero obviamente nunca respondió.
Para financiar la obra, y dado que Cypro es pyme y los bancos en el sector de la construcción no financian empresas pequeñas por considerarlas de alto riesgo, deambulamos de factoring en factoring, quienes rechazaban una y otra vez las facturas de la Municipalidad de Maipú por el Dicom que tenían, hasta que llegamos a opciones de factoringmás caros, con altísimos intereses que rayaban en la usura, pero que estaban dispuestos a asumir mayores riesgos. Mientras tanto, la Municipalidad gastaba el dinero de la obra en otras cosas y nunca nos pagó una factura en plazo.
Sin recursos, se comenzó a fraccionar el pago de los sueldos, la gente se comenzó a ir, las demandas laborales y de todo tipo empezaron a llegar, los proveedores se negaban a entregar materiales y la obra se comenzó a extender. Con todo esto, debíamos mantener una planta de profesionales según las Bases Administrativas, de lo contrario se cursaban multas, pero la falta de pagos oportunos incrementaba diariamente todos los costos, alteraba los plazos de entrega y extendiendo el plazo de la obra por más que nos esforzáramos.
Cypro entraba y salía de Dicom, con los propietarios de la empresa ya endeudados personalmente para tratar de salvar la situación, cuando en una especie de escenario surrealista, la señora Cathy Barriga, la misma que nunca había contestado una carta ni otorgado reunión, apareció en la obra CAM CECOF Manchester en compañía del Director de Obras el 14 de agosto de 2020. El Municipio sumaba 6 facturas impagas en ese momento.
Luego de su visita, pidió por libro de obra una modificación que agregaba bicicleteros y un área de juegos con un nuevo trabajo de pavimento. Así, con 6 facturas pendientes y sin fecha de pago, se cursaba una solicitud de más trabajos y, por tanto, que nos siguiésemos endeudando. Claramente omitimos los cambios y, de hecho, la Inspección Técnica detuvo la obra 2 meses para conseguir fondos sin éxito.
Presentamos estos hechos en su conjunto ante los juzgados civiles 16° y 22°, donde radican las demandas por todos los mayores costos en que se incurrió, entre los que se encuentran las demandas de los factoring que no tuvimos la capacidad de pagar, de trabajadores y de proveedores, situación que estamos seguros han vivido la mayoría de contratistas y proveedores que han trabajado con Maipú, los que al ser medianos y pequeños no cuentan con capacidad de mantenerse económicamente frente a toda esta irregularidad y terminan empobrecidos y demandados.
Y hemos dejado lo más importante para el final: nadie considera el efecto que tienen estas situaciones en la comunidad. Cuando se ejecuta una obra pública, se hace una evaluación previa de cuál será el impacto en las personas, los eventuales beneficiarios. En el caso de los camarines de la piscina municipal, no resulta más que brindar una espacio de recreación, promover el deporte y, quizá, hasta alejar a jóvenes de las drogas, pero en el caso del CAM CECOSF Manchester se trata de aumentar la cobertura de salud, brindar más atenciones médicas, prevenir o curar enfermedades muchas de las cuales si no son atendidas derivan en muertes, o que si se agravan representan altos costos para el país ya que las licencias, en su mayoría, las paga Fonasa.
Cuando estas obras se atrasan, se retardan o no se terminan y deben ser nuevamente licitadas por mal uso de los fondos, o negligencia de los funcionarios públicos que administran estos procesos, se está atentando directamente contra la salud de la población, contra los recursos del país, contra el bienestar ciudadano y contra el bolsillo de todas las personas , ya que volver a licitarlas significa un mayor costo final en dinero y un altísimo mayor costo en el perjuicio que significa para la gente por no contar con el servicio a tiempo, sin sumar aún los costos de la enorme cantidad de demandas que se producen y que saturan al Poder Judicial y los Tribunales, acciones judiciales totalmente evitables si la entidad pública se limita a cumplir la ley, la cual es muy clara: el funcionario público debe preservar el contrato y sacarlo adelante, (lo cual es materia para otra columna), y en Maipú esto no se cumplió.
NOTA: Si ha vivido una situación similar o parecida o se encuentra en zona de riesgo, Intégrese a la CONECH A.G (Contratistas del Estado de Chile Asociación Gremial, organismo formado para proteger los intereses de Pequeños y Medianos Contratista que trabajan para el estado, escribiendo a conech2024@gmail.com donde se le entregarán todos los datos.
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