Tal como informábamos esta mañana, hacia fines de la semana pasada llegó un correo electrónico a diputados/as y senadores/as acusando a Gabriel Silber de haber violentado físicamente a su esposa, Cristina Orellana, ex presidenta de la DC, en contexto de violencia intrafamiliar.
No obstante, el diputado Silber ha desmentido dichas acusaciones, según consigna el medio El Desconcierto, y en breves minutos estaría presentando una denuncia en el Cuartel General de la PDI, junto a Orellana, acusando «una operación política deleznable para hacer caer el acuerdo administrativo» que le permitiría presidir la Cámara de Diputados. Esta acción sería interpuesta patrocinada por el penalista Gabriel Zaliasnik , por delitos de acción pública (delitos contemplado en los artículos 161-A y 161-B del código penal), que penan a quien “capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público”. Además, El Desconcierto también contactó a Orellana, pero señaló que no se referiría al tema con los medios; sin embargo, fuentes cercanas a la afectada le habrían confirmado a dicho medio la existencia del denunciado episodio de violencia, asegurando, incluso, que existiría un parte de constatación de lesiones. Cierto o no, la carta complicaría sus aspiraciones, pues varias de las diputadas del Frente Amplio, entre ellas Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (Izquierda Libertaria) y Pamela Jiles (Partido Humanista) habrían expresado su rechazo a darle su apoyo tras esta acusación.
