Ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados fue aprobado y despachado al Senado el proyecto de Ley de Incendios, que regula la prevención de incendios forestales y rurales.

El texto busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes para reducir el riesgo de estos siniestros, pero no estuvo fuera de la polémica.

El resultado de la votación entregó 116 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones. Por lo que pasó al segundo trámite constitucional.

En el caso de los diputados elegidos por el distrito ocho Viviana Delgado (Independiente), Carmen Hertz (PC), Cristián Labbé (UDI), Claudia Mix (Comunes), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Agustín Romero (PREP) y Alberto Undurraga (DC) votaron en unanimidad a favor del proyecto de ley.

En la misma audiencia, se rechazó con 62 votos a favor, 72 en contra y 11 abstenciones, un artículo clave relativo a la restauración de áreas siniestradas y sus limitaciones. Los artículos proponían limitar el cambio en el uso de suelos de áreas siniestradas por lo menos por 30 años.    

En el caso del artículo anterior mencionado, Romero, Undurraga, Oyarzo y Labbé votaron en contra del proyecto relativo a la restauración de áreas siniestradas y sus limitaciones, mientras que Viviana Delgado, Carmen Hertz y Claudia Mix lo hicieron a favor.

Según lo señalado por la Cámara, “para un grupo de legisladores la norma en discusión no resuelve ninguna de las causas que provocaron el incendio. Sus críticas se centraron en señalar que el proyecto entregaba una responsabilidad a los propietarios de predios que debería estar en manos del Estado. A su juicio, son los municipios con apoyo del gobierno quienes deben encargarse de hacer y mantener los cortafuegos. Esto, porque de otro modo, se afectará a pequeños propietarios, agricultores y silvicultores”.

“Además, se criticó que la norma no contiene elementos para la prevención de siniestros. Incluso, se señaló que tal como se encuentra podría ser cuestionada en el Tribunal Constitucional por afectar el derecho a la propiedad. Así también por impedir el cambio de uso de suelo”, explicó la entidad.

Mientras que los impulsores señalaron que la norma “sólo se busca terminar con eventuales incentivos para la quema de terrenos donde posteriormente emergen proyectos inmobiliarios”.

“Si bien reconocen que este proyecto no contiene todos los elementos necesarios para hacer frente a estas crisis, aseguraron que es un avance necesario. A su juicio, es urgente que exista una responsabilidad por parte de los privados de hacer y mantener cortafuegos. Señalaron, finalmente, que de haber existido esta normativa, muchas vidas podrían haberse salvado”, detalló la sala.