Hay una simetría que ninguna retórica puede ocultar en la política nacional. Mientras se recortan 413 mil millones de pesos en salud y se ponen sobre la mesa los comedores escolares, en la amplia pieza tributaria del programa de gobierno —bautizada «Reconstrucción Nacional«— reduce gradualmente el impuesto a las empresas del 27 al 23 por ciento. La pregunta inevitable es: ¿quién recibe ese alivio?
Para la respuesta no necesitamos concurrir a la oposición de izquierda, sino que, la da el propio Ministerio de Hacienda en su Informe de Estadísticas Tributarias en donde concluyó que esta reducción al impuesto de primera categoría beneficia al uno por ciento de las personas con los más altos ingresos. Es decir, el Estado renuncia a recaudar y concentra ese beneficio en la cúspide de la pirámide, mientras que, al mismo tiempo, para prevenir la bancarrota renuncia recortando en hospitales, jardines y platos de comida de niños. La transferencia es de abajo hacia arriba, y está documentada por el propio fisco.
Al respecto, la justificación es la doctrina monetarista de Paul Volcker y Ronald Reagan, bajo la promesa del manual neoliberal del profesor Gregory Mankiw, la teoría del derrame: si la cima prospera, la riqueza «chorrea» hacia abajo al existir más capital a invertir en los trabajadores de la empresa. Sin embargo, la misma doctrina monetarista contraviene en sus máximas la promesa, por ejemplo, la ley de rendimientos decrecientes sostiene que, manteniendo fijos otros factores, cada unidad adicional de un insumo aporta cada vez menos producción marginal. En términos críticos, esto muestra que aumentar un solo componente —por ejemplo, capital o trabajo— no genera beneficios lineales e ilimitados, sino retornos que se frenan cuando el resto de la estructura productiva no cambia.
Asimismo, desde la economía de portafolios, las empresas asignan recursos entre distintas opciones: invertir, retener caja, financiar expansión, comprar activos financieros o reducir riesgo. Eso contradice la teoría del chorreo, porque el beneficio fiscal no “cae” necesariamente hacia abajo en forma de más salarios o más contratación; puede quedar absorbido en la estructura financiera de la firma o dirigirse a alternativas de mayor rendimiento privado. La evidencia resumida en fuentes revisadas indica justamente que la inversión empresarial responde a múltiples variables y que la bajada de impuestos no produce un efecto uniforme ni concluyente sobre inversión, empleo o IED.
En definitiva, la reducción de impuestos puede mejorar la posición financiera de la empresa, pero no obliga a que esa mejora se convierta en mejores salarios, más empleo o mayor bienestar social. Es claro que la evidencia disponible sugiere que la relación entre tributación e inversión es real, pero indirecta, desigual y mediada por decisiones de portafolio y por límites productivos. Por eso, es natural concluir que reducir impuestos a las empresas no garantiza por sí mismo una expansión proporcional de la inversión real, porque la empresa decide según su capacidad instalada, demanda esperada, riesgos y rentabilidad comparada.
Ahora bien, me gustaría ratificar esto con la frialdad de la evidencia empírica, porque aquí la evidencia es abrumadora y unánime. En primer lugar, la OCDE, en el estudio de Federico Cingano del año 2014, estableció que la creciente desigualdad de ingresos reduce el crecimiento: un aumento de tres puntos en el coeficiente de Gini implica una pérdida acumulada del 8,5 por ciento del PIB a lo largo de veinticinco años. En segundo lugar, en el Fondo Monetario Internacional —no precisamente un cenáculo marxista—, en los trabajos de Berg y Ostry del año 2011 y, posteriormente, el trabajo de Dabla-Norris del año 2015, demostró que cuando crece la participación del veinte por ciento más rico, el crecimiento se frena, y que cuando crece la del veinte por ciento más pobre, se acelera. Asimismo, en tercer lugar, David Hope, de la London School of Economics, y Julian Limberg, del King’s College de Londres, examinaron cincuenta años de recortes tributarios a los ricos en los países de la OCDE y concluyeron que no produjeron mayor crecimiento ni empleo: solo aumentaron la desigualdad.
Así, Chile igualmente lo confirma desde su propia estadística. Miremos en dicha línea a la CASEN del 2024 que sitúa el coeficiente de Gini en 0,46, uno de los más altos de la OCDE, y muestra que la desigualdad apenas se mueve entre el ingreso autónomo y el ingreso después de las transferencias estatales, es decir, el problema es estructural, está en la distribución primaria de la riqueza, y no se resuelve con migajas que «chorrean» desde arriba. En definitiva, reducir el impuesto a la cima no acerca a Chile a la equidad; lo aleja.
Al respecto, me gustaría indicar que la desigualdad extrema no es solo un problema distributivo, sino que es un dilema que puede erosionar la confianza pública, ampliar conflictos sociales y reducir la legitimidad del Estado, por tanto destruir la paz social. Cuando una minoría acumula recursos muy por encima del promedio, también puede orientar las reglas del juego a su favor, lo que agrava el desequilibrio inicial y hace más difícil corregirlo por vías institucionales. Por eso, como explica el economista alemán de la “Konservative Revolution”, Werner Sombart, el problema de la desigualdad no se limita a “quién tiene más”, sino a quién puede decidir más sobre el destino común y, sobre todo, a la paz social ante injusticias estructurales.
Por ello, ya en la Antigua Roma se legisló en la era republicana y mantuvo en época del Dominado, límites legales sobre el “ager publicus”, es decir, prohibiciones para adquirir cierta cantidad de tierra pública conquistada o confiscada que pertenecía al Estado y cuyo uso podría regularse políticamente. Al respecto, la tradición histórica recoge que la ley de Cayo Licinio Estolón y Lucio Sestio de 367 a. C., en donde se limitó el uso individual del ager publicus a 500 yugadas, justamente para frenar la concentración de tierra en manos de los más ricos y preservar la paz social frente a una apropiación privada excesiva de un bien común con la correlativa destrucción de las instituciones.
Peor aún, resulta la rebeldía doctrinal con la Doctrina Social de la Iglesia con un gobierno que se ha propuesto asimismo como “cristiano”, pues deberían recordar que el Vicario de Cristo anterior, el Papa Francisco escribió en Evangelii Gaudium en su parágrafo 54 que la teoría del derrame «jamás ha sido confirmada por los hechos» y expresa «una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico«, como también, en Fratelli Tutti en el parágrafo 168 fue aún más directo al señalar que el neoliberalismo recurre «al mágico derrame o goteo» como único camino, sin advertir que no resuelve la inequidad, y nos quiere hacer creer ese «dogma de fe neoliberal«. La expresión es precisa y demoledora: dogma de fe. Porque eso es lo que queda cuando una creencia económica sobrevive a su refutación empírica, deja de ser ciencia para volverse religión en el mal sentido moderno, en una forma oscura que a diferencia de las religiones clásicas no tiene uso de razón ni búsqueda de verdad, solo la autocomplacencia de vivir en su engaño.
Un gobierno cristiano debería saber distinguir el verdadero culto de la idolatría, más aún cuando el objeto de la adoración no es el Dios de los pobres y los esclavos, sino que, el señor de los sacrificios humanos y el comercio, Mammón. Al respecto, Nikolai Berdiáev en su famoso ensayo “Le nouveau Moyen Âge”, señalaba que la tiranía niveladora del colectivismo y el desorden del capitalismo que «transforma a los hombres en cosas«, comparten una herida común: reducir al enfermo, al niño, al trabajador a una variable en la hoja de cálculo de una Dirección de Presupuestos, un pecado contra la persona.
De esta forma, la crítica al derrame no es, pues, una bandera de izquierda, sino que del sentido común y sobre todo, una crítica empírica y a la vez una con fundamentos dentro de la misma tradición cristiana. Es la defensa de que la persona no es una cosa, y de que una economía que mata no se justifica por un balance fiscal cuadrado, del que además ni siquiera hay garantías de ello.
Opinión
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