Un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por su capacidad de ordenar prioridades. Hoy, sin embargo, la acumulación de medidas en distintos frentes transmite más dispersión que dirección.
Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. En pocos días se ha conocido el retiro de 43 decretos ambientales, un ajuste que impacta directamente en la regulación del sector; al mismo tiempo, se proyecta que el mayor recorte presupuestario recaiga en salud, una de las áreas más sensibles para la ciudadanía; y, en paralelo, se advierte un déficit que podría traducirse en la reducción de buses eléctricos en el Gran Santiago. Son decisiones de alto impacto, pero difíciles de encajar en una misma estrategia.
No es desorden: es una agenda que no coincide con las urgencias de la gente. Porque mientras las principales preocupaciones ciudadanas siguen siendo salud, seguridad y costo de la vida, las señales que se envían parecen responder a otras prioridades.
La contradicción se vuelve más evidente en la agenda económica. Se habla de austeridad, pero los hechos tensionan ese relato. La austeridad que se predica no es la austeridad que se practica. Mientras se impulsan recortes relevantes, se fija en torno a 10 millones de pesos mensuales el sueldo para asesores de alto nivel. El contraste no es menor, especialmente en un contexto de ajuste.
A esto se suma el uso de recursos en medidas cuya efectividad ha sido cuestionada. La inversión en infraestructura como la zanja fronteriza se impulsa pese a advertencias sobre sus limitaciones para frenar la migración irregular. No basta con gastar: hay que gastar bien. En tiempos de estrechez fiscal, la eficiencia del gasto deja de ser deseable y pasa a ser indispensable.
En paralelo, se evalúan decisiones que podrían impactar directamente el bolsillo de las personas. El eventual fin del Mepco abre la puerta a un alza en el precio de los combustibles. El ajuste no puede recaer siempre en los mismos. Porque, finalmente, son las familias las que absorben estos efectos en su vida cotidiana.
En materia de seguridad, las señales también son contradictorias. La seguridad no se construye con decisiones incoherentes. La posibilidad de otorgar indultos a uniformados condenados tensiona no solo el discurso de orden, sino también la relación con el sistema judicial, generando cuestionamientos desde el propio mundo institucional.
El ámbito laboral no solo evidencia falta de dirección, sino también una preocupante desconexión con la realidad de los trabajadores. Las medidas anunciadas —subsidios al empleo formal orientados a empleadores, cubriendo cotizaciones, y la reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23% para medianas y grandes empresas— responden a una lógica conocida: favorecer la inversión con la expectativa de que, eventualmente, eso “derrame” en empleo.
Pero esa apuesta no solo es indirecta, es también insuficiente. Se gobierna para las cifras, no para las personas. No existen metas concretas de creación de empleo, ni plazos, ni mecanismos claros de seguimiento. Tampoco hay políticas directamente orientadas a mejorar las condiciones laborales o a proteger a quienes hoy enfrentan mayor precariedad.
El resultado es evidente. El empleo no puede depender de la fe en el mercado. Sin instrumentos claros ni compromisos verificables, lo que se ofrece no es una política laboral robusta, sino una expectativa incierta.
En el fondo, el problema vuelve a ser el mismo. No faltan anuncios; falta conducción. Gobernar no es acumular medidas, es tener un rumbo. Y hoy, ese rumbo simplemente no se ve.
Sin una brújula, incluso las decisiones más relevantes pierden sentido. Y lo que queda no es la percepción de un rumbo firme, sino la incertidumbre de un camino que aún no se define.
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