En esta columna, Luciano Ahumada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales, aborda una realidad que viven prácticamente todos los chilenos: las molestas llamadas SPAM. La protección del usuario actualmente está desatendida, reflejando una falta de voluntad política transversal para combatir abusos digitales cotidianos en Chile.
En política digital, los gobiernos suelen enamorarse de los anuncios y olvidarse de los resultados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el combate al spam telefónico en Chile.
Durante el gobierno de Gabriel Boric hubo diagnóstico, hubo relato y hubo gestos, pero no hubo cierre. Su administración entendió que el spam era una molestia masiva, que rozaba la estafa y deterioraba la confianza digital, pero optó por administrar el problema en lugar de resolverlo. Se lanzaron los prefijos 600 y 809, pero ellos nunca tuvieron por finalidad disminuir el spam.
Al día de hoy, el resultado del agobio telefónico está a la vista: se multiplicaron las solicitudes en “No Molestar” de Sernac, el país siguió entre los más golpeados por llamadas no deseadas en la región y la respuesta estatal quedó atrapada entre plataformas de reclamo, prefijos y una tramitación legislativa demasiado lenta para un abuso demasiado cotidiano.
El proyecto impulsado por Gonzalo Winter apuntó, al menos, en la dirección correcta: dejar atrás el viejo paradigma de que la empresa puede llamar primero y el ciudadano defenderse después. La lógica comparada va en sentido parecido. En Europa, el eje regulatorio ha sido fortalecer el consentimiento previo para comunicaciones de marketing; en Estados Unidos y Australia existen registros nacionales de exclusión y enforcement específico; en Reino Unido el sistema combina reglas regulatorias y listas de exclusión. Es decir, en democracias comparables el principio es simple: el usuario no tiene por qué vivir a la defensiva frente a la industria del contacto invasivo.
Boric, sin embargo, llegó solo a medias. El proyecto ingresó en 2022 y recién el 3 de marzo de 2026 logró ser aprobado en general en la Comisión de Economía del Senado. Demasiado tarde para un gobierno que tuvo cuatro años para convertir una demanda evidente en ley. El balance, por tanto, no es el de una administración reformista que chocó con la realidad, sino el de una administración que otra vez prefirió la estética regulatoria a la eficacia legislativa, más allá del empuje legislativo y comunicacional efectuado por el diputado Winter.
Y ahí aparece el segundo error, incluso más revelador: el del nuevo gobierno. A marzo de 2026, las primeras 20 urgencias legislativas de la administración de José Antonio Kast se concentraron en seguridad y control migratorio. El proyecto “No me llames” no está ahí. En buen castellano: el gobierno dejó caer la prioridad. La Subtel anunció que sus prioridades regulatorias serán la Ley Chao Cables y la revisión de la norma de prefijos telefónicos. Ambas medidas son necesarias, pero vuelven a mostrar que la agenda sigue concentrada en infraestructura y ordenamiento técnico, mientras la protección cotidiana de los usuarios -como el spam telefónico- continúa esperando.
Eso no es un detalle procedimental. Es una definición política. Significa decirle a millones de usuarios que su tiempo, su privacidad y su derecho a no ser hostigados pesan menos que la agenda identitaria y securitaria del momento. Significa insistir en la caricatura de que los derechos de los usuarios son un tema menor, cuando en realidad son una de las formas más concretas y masivas en que hoy se juega la legitimidad del Estado digital.
La ironía es brutal. Mientras en Europa parte de la derecha ha entendido que defender derechos concretos de los usuarios en el espacio digital puede ser políticamente rentable -ya sea en clave de libertad de expresión, límites al abuso de plataformas o reacción frente a interferencias regulatorias-, la derecha chilena partiría su gobierno soltando una iniciativa elemental de protección al ciudadano común. Ni siquiera desde su propia lógica es una decisión inteligente.
Pero la responsabilidad mayor sigue siendo compartida y secuencial. Boric no lo sacó cuando debía. Kast decidió que no le importaba seguir empujándolo. Uno administró la molestia. El otro la relegó. Entre ambos, el mensaje es el mismo: en Chile todavía se cree que la transformación digital consiste en hablar de tecnología, no en proteger de verdad a las personas frente a sus abusos.
Y ese error, más que técnico, es cultural. Porque el spam no es una trivialidad: es la demostración cotidiana de que, cuando el Estado llega tarde, la vida digital se convierte en un territorio donde el ciudadano siempre empieza perdiendo.
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