Hace escasos minutos la candidata a diputada del Frente Amplio: Tatiana Urrutia contó en redes sociales que esta mañana recibió un llamado de una línea 809, al contestar se encontró con «una voz de una niña angustiada pidiéndome mamá por favor ayúdame. Pensé que era mi hija. Luego aparece la voz de un hombre diciendo, hola, estamos a pasos que esto sea realidad».
La candidata contó que por angustia cortó para llamar a su hija. Tras averiguar, en redes sociales encontraron que Mario Olavarría, exAlcalde UDI de Colina y hoy candidato a diputado por el Distrito 8, estaría detrás de la llamada.
Tatiana Urrutia señaló que “en política no todo vale” y exigió que Olavarría explique de dónde obtuvo la base de datos utilizada. Además, llamó a denunciar este tipo de prácticas, que pueden generar miedo y dañar a las personas.
Urrutia hizo un llamado a que la gente grabe la llamada para poder ejercer las acciones legales.
Mario Olavarría: ¿El nuevo Tato Molina?
Hace más de 15 años el programa de humor Plan Z realizó un sketch donde un candidato llamado «Tato Molina» llama a una mamá pidiéndole el voto y le indica que sabe perfectamente donde estudia su hijo y el trabajo que ella tiene. En el sketch amenaza con agredir al niño. En otro, «Tato Molina» amenaza con dejar cesante a un papá.
Plan Z (donde estaba el equipo que luego creó 31 minutos), adelantó el uso del miedo para ganar elecciones.
¿Quién es Mario Olavarría?
Mario Olavarría, político de la UDI y exalcalde de Colina (2000-2021), ha enfrentado múltiples investigaciones judiciales a lo largo de su carrera política. Aunque en varios casos fue absuelto o logró suspensiones condicionales, su trayectoria está marcada por acusaciones de corrupción y cuestionamientos por parte de organismos fiscalizadores.
Caso Tottus: Cohecho y coimas (2010-2011)
En 2010, Olavarría fue formalizado por presuntamente cobrar coimas de 6.000 UF (aproximadamente $120 millones) a cambio de autorizar el arriendo de un terreno fiscal para la construcción de un supermercado Tottus en Colina. La Fiscalía Centro Norte estableció que el alcalde habría operado a través de intermediarios para adjudicarse estos dineros.
La investigación demostró que ingresaron casi $130 millones a su cuenta corriente entre 2006 y 2007, cuando su sueldo como alcalde era de $2,8 millones y debía pagar una pensión alimenticia de $2 millones. Junto a Olavarría fueron formalizados su exjefe de gabinete Domingo Soto, el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton y el agente inmobiliario Nabil Mansour.
En abril de 2011, mediante un controvertido acuerdo con la Fiscalía, Olavarría obtuvo la suspensión condicional de la causa. A cambio del pago de $56 millones y la firma mensual durante un año ante el Ministerio Público, los cargos de cohecho y soborno fueron levantados. El Consejo de Defensa del Estado se opuso a esta resolución, que efectivamente devolvió el dinero presuntamente defraudado pero absolvió a los acusados sin que admitieran responsabilidad.
Caso Basura: Fraude al fisco y malversación de caudales públicos (2015-2019)
En 2015, Olavarría se vio envuelto en el conocido “Caso Basura”, una investigación que abarcó presuntos actos de corrupción en las municipalidades de Colina, Maipú, Cerro Navia y Ñuñoa.
La Fiscalía acusó al alcalde de autorizar el pago de honorarios por trabajos que nunca se realizaron, específicamente a Marcela Morales Aliste y César Vidal Vega, ambos funcionarios que trabajaban simultáneamente en Cerro Navia. Contraloría detectó que ambos emitían “reportes que informan actividades que, en la práctica, no se realizaron”. Morales recibió $49 millones entre 2010 y 2014 por servicios sin justificación, mientras Vidal obtuvo $17,3 millones en 2014.
En noviembre de 2017, el Tribunal Electoral Regional inhabilitó a Olavarría de su cargo debido a los seis presuntos delitos de fraude al fisco que se le investigaban. Sin embargo, cuatro días después el Tribunal Constitucional falló a su favor, suspendiendo la inhabilidad al considerar que era una sanción anticipada.
La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de presidio mayor y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Consejo de Defensa del Estado pidió 10 años de presidio e inhabilitación perpetua. El caso involucró un perjuicio al municipio de $83 millones.
El juicio oral comenzó en marzo de 2019. En abril del mismo año, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina absolvió a Olavarría y a los otros tres acusados, determinando que las pruebas presentadas no fueron suficientes para una condena. El fiscal regional José Luis Pérez manifestó su sorpresa señalando que “el tribunal determinó que no se había acreditado que algo no se había hecho, eso es atentar contra la lógica”.
Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado presentaron recursos de nulidad y posteriormente recursos de queja ante la Corte Suprema. En diciembre de 2019, el máximo tribunal rechazó ambos recursos en fallo unánime, ratificando definitivamente la absolución de Olavarría.
Vínculos con el Caso SQM (2015)
En 2015, Olavarría también fue vinculado al escándalo de financiamiento ilegal de SQM. Seis personas relacionadas con el alcalde aparecieron en la lista de quienes emitieron boletas a SQM sin respaldo contable. Entre ellos destacan los hermanos Gustavo Adolfo y Alejandro Wolfgang Urra Lorca; este último era el encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, organización presidida por Olavarría.
Hospital de Colina: Compra irregular de terreno (2019-2024)
Uno de los casos más recientes involucra la compra de un terreno para la construcción del Hospital de la Zona Norte. En agosto de 2019, el presidente Sebastián Piñera anunció que el hospital se construiría en Colina. Olavarría gestionó la compra de un terreno de 5 hectáreas a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
Sin embargo, en 2022 el Ministerio de Salud detuvo el proyecto y Contraloría cuestionó gravemente la operación. Los principales problemas identificados fueron:
• El terreno estaba ubicado en un Área de Interés Agropecuario Exclusivo, que no permite construcciones hospitalarias
• La compra se realizó mediante trato directo, sin licitación pública
• La Municipalidad pagó 50 mil UF (casi $1.900 millones) del precio total
• El municipio hipotecó siete inmuebles, incluido un establecimiento educacional, como garantía de pago
• El contrato no estableció procedimientos claros de rescisión ni devolución de montos
• Existía una relación previa entre Olavarría y la propietaria del terreno
La actual alcaldesa Isabel Valenzuela presentó una demanda para intentar recuperar el dinero pagado. Paralelamente, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte abrió una investigación sobre esta transacción comercial. El gobernador metropolitano Claudio Orrego calificó el proyecto como “altamente inviable técnica y económicamente”, señalando que la habilitación del terreno habría costado $60 millones de dólares.
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