En las últimas semanas, Cathy Barriga ha repetido una idea con insistencia: que existe una querella en contra del alcalde Tomás Vodanovic y que esa acción judicial no estaría recibiendo la misma cobertura mediática que las causas que ella enfrenta.
La frase se desliza en entrevistas, declaraciones a la prensa y registros de pasillo en tribunales. Pero, ¿de qué querella habla exactamente la exalcaldesa de Maipú? ¿Cuándo surge, quién la impulsa y por qué reaparece justo ahora?
La respuesta, como mi estimado lector podrá intuir, es menos espontánea de lo que parece.
Una querella que no nace con el concejal
El origen del conflicto no está en el concejo municipal. El punto de partida se remonta a una causa por calumnias e injurias iniciada en 2024 contra Tomás Vodanovic, a raíz de declaraciones realizadas en septiembre de 2023 en un programa de televisión, relacionadas con un homicidio ocurrido en el restaurante Casona Green Bull.
Esa causa terminó con una conciliación en diciembre de 2024 y un sobreseimiento definitivo ratificado en febrero de 2025, sin condena alguna para el alcalde .
Hasta ahí, un episodio cerrado.
Sin embargo, meses después, en el contexto de la causa penal que enfrenta Cathy Barriga por presuntos delitos cometidos durante su administración, su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, puso sobre la mesa un nuevo flanco: cuestionó que la defensa de Vodanovic en ese proceso hubiese sido financiada con recursos municipales, insinuando la eventual comisión de delitos como malversación de caudales públicos.
Ese planteamiento no se tradujo inmediatamente en una querella contra el alcalde, pero sí quedó registrado ante el Ministerio Público, que abrió una investigación para analizar esos mismos hechos .
El relevo: del abogado de Barriga al concejal UDI
El paso siguiente ocurrió a fines de julio de 2025. El concejal Juan Carlos Prado, electo originalmente por Renovación Nacional y hoy militante de la UDI -misma tienda política que el esposo de Barriga, Joaquín Lavín León-, presentó una querella criminal contra Tomás Vodanovic por presunto uso irregular de fondos municipales para financiar su defensa penal personal .
Hasta ahí, el movimiento podía leerse como una acción fiscalizadora de oposición.
Pero el detalle que encendió las alertas fue otro: el patrocinio jurídico de la querella.
Prado no recurrió a un abogado cualquiera. La acción fue presentada por Giovanni Calderón, coordinador de asesores de la bancada de senadores UDI y uno de los abogados que ha actuado públicamente como vocero de la defensa de Cathy Barriga, incluso en apariciones televisivas durante 2025.
Más aún: los argumentos centrales de la querella de Prado son prácticamente los mismos que Bonacic había esgrimido meses antes en el marco de la defensa de la exalcaldesa.
Admisible
En agosto de 2025, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella, un estándar procesal básico que solo implica que el escrito cumple requisitos formales, no que los hechos estén probados ni que exista responsabilidad penal.
Ese hito es el que hoy Barriga menciona reiteradamente, presentándolo como si se tratara de una causa equivalente —en gravedad y volumen probatorio— a las investigaciones que enfrenta por su gestión municipal.
Sin embargo, la comparación es evidentemente forzada.
Mientras las causas contra la exalcaldesa se originan en auditorías, informes de Contraloría, peritajes financieros y múltiples querellas interpuestas por el propio municipio, la acción contra Vodanovic deriva de una causa ya sobreseída, reempaquetada primero como argumento defensivo y luego como querella de un concejal opositor.
Un movimiento con timing político
Entonces, ¿por qué esta querella vuelve a escena ahora?
La respuesta parece estar menos en los tribunales y más en la estrategia comunicacional.
Barriga enfrenta un escenario judicial complejo, con audiencias sucesivas y un desgaste mediático evidente. En ese contexto, instalar la idea de una “simetría judicial” con su sucesor —aunque sea artificial— cumple una función clara: relativizar su situación y sembrar la duda sobre quien impulsó las acciones legales en su contra.
No se trata de probar la culpabilidad de Vodanovic —algo que la querella, por ahora, no hace—, sino de introducir ruido, tensionar el relato de probidad y desplazar el foco.
Por eso, cuando Cathy Barriga pregunta por qué “no se habla” de la querella contra Tomás Vodanovic, la respuesta es simple y compleja a la vez: se ha hablado, se ha explicado, y se ha contextualizado. Lo que no existe —al menos hasta ahora— es un caso equivalente.
Y eso, en política y en periodismo, también importa.
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