El martes 17 de junio de 2026, pasada la medianoche, el diputado republicano Agustín Romero —presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, y representante del Distrito 8 que incluye a Maipú— publicó dos palabras en su cuenta de X al ver que Evelyn Matthei había firmado una carta de apoyo a Macarena Lobos para la secretaría general del Senado: «Quinto lugar…», acompañadas del emoji de una mano abierta. La referencia al magro resultado de la exalcaldesa en la primera vuelta presidencial de noviembre de 2025 —donde fue superada por José Antonio Kast, Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser— era tan directa como el gancho que Matthei le devolvió pocas horas después.
«Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas», respondió la excandidata de Chile Vamos al mediodía del miércoles, cerrando con un emoji de beso. Cuando una usuaria le preguntó para qué le daba bola a un diputado que, según ella, estaba «en el ranking de los cumas», Matthei contestó sin piedad: «Hoy ando generosa… ojalá esto le sirva para hacerse conocido». Romero replicó deseándole éxito en su «nueva faceta» entre «recetas, datos útiles y TikToks». El show digital duró menos de 24 horas, pero dejó al descubierto un expediente que el Partido Republicano preferiría mantener sepultado.
La auditoría que lo marcó: el Informe Final N° 750
La historia del dinero no devuelto no nació en X. Su origen está en una auditoría de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que La Voz de Maipú cubrió desde que Romero era candidato. El Informe Final N° 750, fechado el 20 de diciembre de 2021, examinó el gasto en horas extraordinarias de la Municipalidad de Santiago entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020, durante la administración del entonces alcalde Felipe Alessandri.
Las conclusiones fueron lapidarias. La auditoría detectó que las horas extras se autorizaban de forma trimestral y no mensual, que no existía justificación técnica sobre el carácter de «tareas impostergables» que exige el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y que los libros físicos de control de asistencia presentaban enmendaduras, borrones y remarcaciones que ninguna jefatura había salvado. En total, se verificó el pago de 6.008 horas extraordinarias diurnas y 2.401 nocturnas sin respaldo documental alguno, afectando a 81 funcionarios por un monto global de $11.416.432.
Pero la mayor concentración del daño se encontraba en el gabinete de confianza de Alessandri. Romero, quien se desempeñaba como Director de Asesoría Jurídica, figuraba con $11.320.978 demandados en la vía civil y $66.071.415 imputados en una querella penal que abarca el período entre junio de 2018 y julio de 2021. El exadministrador municipal Juan Francisco García Mac-Vicar y el exjefe de gabinete José Ignacio Labbé Martínez completaban el trío, con deudas que en el caso del primero llegaron a reajustarse hasta $29 millones.
Dos caminos judiciales, un mismo resultado
Frente a los hallazgos de Contraloría, la administración de la alcaldesa Irací Hassler activó dos frentes legales. Por la vía civil, presentó una demanda de cobro de pesos por $11.320.978. Por la vía penal, interpuso en septiembre de 2021 una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento público ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde el perjuicio imputado a Romero ascendía a $66.071.415 y el daño total para el trío de funcionarios cercanos a Alessandri superaba los $147 millones.
En agosto de 2023, el municipio envió cartas certificadas a Romero, García Mac-Vicar y Labbé citándolos a comparecer ante el Departamento de Cobranza Judicial. Ninguno se presentó. Dado que Romero ya era diputado, la Corte de Apelaciones de Santiago designó en noviembre de 2023 a la ministra de fuero María Loreto Gutiérrez para encabezar el juicio civil, con la advertencia de que la negativa a comparecer podía derivar en embargo de bienes.
Romero catalogó el proceso como una «maniobra política de amedrentamiento» del oficialismo y aseguró públicamente que mantenía sus «manos limpias» y que no devolvería los montos requeridos. En octubre de 2024 solicitó la prescripción del cobro, argumentando que el municipio había tardado dos años en notificarlo y que el conflicto era de naturaleza laboral y no civil.
La mano de Desbordes: del acuerdo de suspensión al desistimiento
El giro definitivo llegó con el cambio de mando en Santiago. La llegada de Mario Desbordes (Renovación Nacional) a la alcaldía a fines de 2024 alteró la estrategia judicial del municipio de manera determinante. El 15 de enero de 2025 se supo que los abogados de ambas partes habían firmado un documento confidencial para suspender el procedimiento de cobro por 60 días hábiles, retroactivo al 24 de diciembre de 2024. Los voceros de Desbordes explicaron que la pausa se debió a «indisponibilidad de pruebas» y que los equipos jurídicos actuaron «sin consultar a los clientes».
La promesa de que la nueva administración no alteraría las acciones legales no duró mucho. Para abril de 2025, Desbordes optó directamente por desistir del cobro judicial, cerrando administrativamente cualquier posibilidad de recuperar los fondos por esa vía. Con ese movimiento, el alcalde de Santiago —del mismo sector político que Romero— allanó el terreno para que el parlamentario republicano saliera sin pagar un peso.
El fallo que cerró la puerta civil
El desenlace formal llegó el 2 de diciembre de 2025, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de plano la demanda civil, como reportó La Voz de Maipú en su oportunidad. El tribunal no absolvió a Romero por inocencia, sino por las deficiencias procesales de quienes lo perseguían.
La sentencia identificó cuatro fallas críticas en la acción del municipio de Hassler: primero, que los decretos alcaldicios que autorizaron los pagos gozan de presunción de legalidad y el municipio nunca los invalidó formalmente dentro de los plazos establecidos; segundo, que los informes de la Contraloría tienen carácter fiscalizador pero no constituyen un título ejecutivo que habilite el cobro compulsivo; tercero, que la corporación nunca sustanció un sumario administrativo riguroso contra los funcionarios responsables del desembolso; y cuarto, que el municipio acusó la falsificación de los libros de asistencia sin acompañar peritajes en caligrafía o informática forense que lo acreditaran. Cada parte costó sus propios gastos procesales. La vía civil quedó cerrada definitivamente.
El diputado que exige lo que él mismo evitó
Lo que hace particularmente incómodo el expediente de Romero no es solo la deuda no pagada, sino el contraste con su propio discurso. En septiembre de 2025, apenas tres meses antes de beneficiarse del fallo que frenó el cobro municipal, el diputado celebró públicamente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el contexto del denominado Caso Procultura.
«Lo que exigimos es que se investigue hasta el final y que no haya privilegios para nadie. Aquí hay más de 1.000 millones de pesos que no fueron rendidos ni devueltos; plata de todos los chilenos que debía llegar a la gente y no terminar en fundaciones truchas. El desafuero es un paso necesario para que la justicia actúe», declaró entonces el parlamentario republicano.
La frase resuena diferente cuando se recuerda que el propio Romero recurrió a incidentes de nulidad por falta de notificación, invocó la prescripción de los plazos y se benefició de la inacción administrativa de sus adversarios para evitar restituir caudales públicos que la Contraloría declaró injustificados. El legislador del Distrito 8, el mismo que representa a Maipú en el Congreso, cerró con éxito el frente civil. Pero la querella penal por presunta falsificación de instrumento público y fraude al fisco por más de $66 millones sigue abierta y en estado desformalizado en la Fiscalía Centro Norte. Esa es la última frontera donde la justicia chilena podría exigirle lo que Matthei, en un gesto que según ella misma la dejó «generosa», ya le recordó en público.
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