El miércoles 17 de junio, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cerró la puerta que Enrique Bassaletti intentó abrir en segunda instancia: rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales correspondiente a la campaña con la que buscó arrebatarle la alcaldía de Maipú a Tomás Vodanovic en octubre de 2024. El fallo, firmado por los ministros Arturo Prado, Adelita Ravanales y Gabriel Ascencio, ratificó las objeciones que había formulado previamente el Servicio Electoral (Servel) y dejó al hoy diputado republicano sin financiamiento público para cubrir $16.704.468 en gastos que el tribunal consideró irregulares o insuficientemente respaldados.
El monto objetado representa el 21,6% del total gastado por la candidatura de Bassaletti, que ascendió a $77.382.484. Ese porcentaje, que supera el umbral del 20% establecido en el artículo 50 de la Ley N°19.884, es precisamente el que activa la causal de rechazo grave de la cuenta electoral. En términos simples: Bassaletti tendrá que pagar esos gastos de su propio bolsillo. Y el asunto podría empeorar: los documentos del fallo, a los que tuvo acceso The Clinic, advierten que cabe la posibilidad de aplicar multas equivalentes al doble de lo objetado.
Como informó La Voz de Maipú en julio de 2024, Bassaletti fue presentado por el Partido Republicano como su carta para disputar Maipú, en una candidatura que finalmente terminó con la reelección de Vodanovic.
Las tres aristas que hundieron la cuenta
El Tricel identificó tres partidas con inconsistencias graves.
La primera y más abultada —$14.698.672— corresponde a servicios de administración electoral contratados al estudio Montalva Abogados Ltda. El problema es uno solo pero determinante: la ley exige que el administrador electoral sea una persona natural, no una sociedad. Contratar a una empresa de abogados para cumplir esa función infringe directamente la normativa que regula el financiamiento de campañas.
La segunda partida cuestionada son $1.194.202 pagados a brigadistas. Aquí el defecto fue procedimental: la candidatura no informó estos servicios en el reporte previo a la elección que exige el Servel, un trámite obligatorio que sirve precisamente para transparentar el gasto antes de que ocurra.
La tercera arista son $811.594 facturados por transporte de propaganda electoral. El Tricel observó que el proveedor que emitió la boleta no registraba un giro tributario compatible con el servicio declarado, lo que impide verificar que el pago corresponda efectivamente a lo que se informó.
«Analizando cómo actuar»
Consultados por The Clinic, desde el entorno del diputado confirmaron que ya conocían el fallo y que estaban evaluando con un equipo jurídico las opciones disponibles. La respuesta fue escueta: estudian «las acciones que la ley contempla, las que serán ejercidas dentro de los plazos correspondientes». Bassaletti no entregó declaración pública.
El fallo afecta también a la diputada Macarena Santelices, compañera de bancada de Bassaletti, cuya cuenta de campaña a la gobernación regional fue igualmente rechazada por el Tricel, con gastos objetados por $290.140.903. Pero ese es otro expediente —y otra magnitud de problema.
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