El año 2024 buscaba los últimos documentos que faltaban para terminar mi tesis doctoral en la Universidad de Chile. Consultaba en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Maipú las actas de sesión municipal, correspondiente a las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, las últimas actas finalizan en septiembre de 1973 con el quiebre democrático. Hasta ahora, no se habían hecho públicas, pero es necesario que los vecinos de Maipú conozcan cómo reaccionó la entidad edilicia al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Desde el año 1971 lideraba la administración comunal el democratacristiano Mario Ortíz Quiroga, bajo un mandato de tipo progresista. El viernes 21 de septiembre a las 11:15 horas se reunió el alcalde junto a los regidores municipales, José Luis Infante Larraín y Gonzalo Pérez Llona; Director de Obras Municipales, Hugo Bravo Scherdel; Asesor Urbanista, Alejandro Goenaga Palma; Ingeniero Administrador de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Raúl Montesinos González; Director de Rentas y Tránsito, Patricio Mancilla Sanfuentes; entre otros. Dos regidores, Osorio y Luis Rocha, se ausentaron.
Las autoridades no se reunían desde el 6 de septiembre y diez días habían transcurrido del quiebre democrático que puso fin al gobierno de la Unidad Popular. En la instancia, las autoridades buscaron pronunciarse sobre el accionar de las Fuerzas Armadas, y la Municipalidad de Maipú fijó en acta una “Declaración Pública de adhesión a la Junta de Gobierno”.
El alcalde democratacristiano presentó a los asistentes de la sala, “un proyecto de declaración por la que el municipio adhiere a los postulados de reconstrucción moral, social y económica del país, de la Junta Militar de Gobierno”. Una redacción conjunta a la que también adhirió José Luis Infante Larraín.
Sumado a lo anterior, Mario Ortiz Quiroga aludió al funcionamiento del Consultorio del Servicio Nacional de Salud, como principal preocupación inmediata. También, se decidió expulsar a tres funcionarios (Rosario Fernández, Flor María Morales y Nelson Latut) que ocupaban viviendas de propiedad municipal. Igualmente, se comunicó la recuperación del Matadero Municipal, que estaba en poder de los campesinos. Finalmente, en forma arbitraria, se decidió rebajar a tres el número de regidores en ejercicio.
La última Acta de Sesión Municipal fue la del 21 de septiembre de 1973. A partir de 1974, José Luis Infante Larraín fue designado como alcalde y administró la comuna con mano de hierro. Las sesiones no se reanudarían hasta el 21 de marzo de 1983.
La adhesión al Golpe de Estado es una huella que quedará eternamente en la historia de la administración municipal. Lo que vino después fue el asesinato y desaparición de 68 vecinos, víctimas de la dictadura cívico-militar. Con mayor razón, debe ser un recordatorio y un llamado a la reflexión para las autoridades, sobre el cuidado y respeto de nuestra institucionalidad y nuestra democracia.
