La Municipalidad de Maipú inició este lunes a las 7 AM el desalojo del Campamento Santa Marta, el asentamiento informal ubicado en la calle del mismo nombre, al costado de la fábrica de neumáticos Goodyear en la intersección con Camino Melipilla. Como consecuencia directa de la operación, la Calle Santa Marta permanecerá cerrada al tráfico probablemente todo el día de hoy, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas.
El operativo era esperado. El alcalde Tomás Vodanovic había anunciado en diciembre de 2025 que el campamento, que alberga aproximadamente más de 100 viviendas, debía estar desalojado antes del 11 de marzo, fecha del cambio de mando presidencial. De acuerdo con la información municipal, el campamento Santa Marta se conformó en 2022 y actualmente alberga a 102 hogares, equivalentes a 375 personas. Del total, 150 son niños, niñas y adolescentes, además de personas mayores y vecinos en situación de discapacidad.
En esa línea, el municipio informó que se realizará un despliegue multidisciplinario en terreno para acompañar el proceso de desalojo, similar a lo que fue el operativo en el campamento El Trébol, incluyendo también el traslado de enseres para las familias que califican al plan social. En total, 82 hogares cumplirían los requisitos para acceder a apoyo municipal y arriendo temporal, mientras que todos los hogares pueden optar al traslado de pertenencias. A la fecha, 31 hogares han adherido formalmente al plan social municipal.
El decreto que lo hace oficial
El sustento legal del desalojo es el decreto alcaldicio Nº 102/2026, publicado el 24 de enero en Las Últimas Noticias. El documento ordena el desalojo inmediato de todas las edificaciones del campamento con coordinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, y advierte que si los habitantes no abandonan el lugar, «se procederá el desalojo, si fuera procedente, con auxilio de la fuerza pública». El mismo decreto establece que las demoliciones deben completarse en un plazo no superior a 15 días desde su notificación.
El antecedente: El Trébol ya no existe
Este desalojo es la segunda etapa de un plan mayor. El 19 de diciembre de 2025, el municipio llevó a cabo de forma pacífica la erradicación de las más de 110 viviendas del Campamento El Trébol, en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos. Aquel operativo contó con 480 efectivos de Carabineros, pero la gran mayoría de las familias ya había abandonado el lugar voluntariamente gracias a un trabajo social previo que gestionó 46 soluciones de arriendo temporal.
Lo que quedó donde antes estaba El Trébol fue terreno despejado. El municipio inició trabajos de paisajismo y mantiene vigilancia permanente para evitar una retoma.
El Campamento Santa Marta, sin embargo, llega a este día con un clima más tenso.
Protestas, sin agua y una «falsa dirigenta»
A diferencia del Trébol, en Santa Marta hubo señales claras de resistencia. El 8 de enero, una veintena de habitantes se manifestó en la vía pública con lienzos dirigidos al alcalde Vodanovic con frases como «Alcalde Vodanovic tiene a los niños sin agua en pleno verano» y «¿Dónde están los derechos de la niñez?». La protesta, que no derivó en incidentes, tenía una explicación: cuando el municipio desconectó la red de agua potable que abastecía irregularmente al Campamento El Trébol el 19 de diciembre, los habitantes de Santa Marta —que se alimentaban de la misma red— quedaron sin suministro. Desde entonces obtienen agua desde el campamento aledaño denominado Latinoamericano.
A eso se sumó, el 21 de enero, una denuncia formal del municipio ante el Ministerio Público contra Ruth Carolina Fuentes Hevia, acusada de hacerse pasar por dirigenta social para cobrar hasta $100.000 por grupo familiar bajo la promesa de resultados judiciales que garantizarían la permanencia en el lugar. Según los antecedentes presentados por el equipo jurídico municipal, los cobros se realizaban en efectivo y transferencias, sin contratos ni comprobantes, y con hostigamiento a vecinos y funcionarios municipales que intentaban transparentar la situación. El municipio fue tajante: el terreno es un Bien Nacional de Uso Público y ningún abogado puede garantizar la permanencia ni detener el desalojo.
El plan social: arriendo, mudanza y subsidios
El municipio ha reiterado que el desalojo no implica abandono de las familias. El plan de intervención social contempla aportes para arriendo, apoyo en traslados y mudanzas, y acompañamiento en la postulación a subsidios habitacionales reales.
Lo que sigue en el eje Camino Melipilla
Santa Marta no es el último campamento del sector. Una vez completado este desalojo, el municipio tiene proyectada la intervención en los campamentos Vicente Reyes —conocido por el caso del exmilitar Ronald Ojeda— y Latinoamericano, aunque sin fechas definidas públicamente para ambos.
