La tarde de ayer, el Partido Republicano, anunció que acusarían constitucionalmente al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, debido a lo ocurrido con la exseremi de la misma cartera, Patricia Hidalgo. Hasta el momento, se sabe que quienes revisarán esta acusación serán Joaquín Lavín (UDI), Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (independiente-FA), Bernardo Berger (independiente-RN) y Erica Ñanco (RD).
De acuerdo con La Tercera, el diputado del partido opositor, Benjamín Moreno explicó que el argumento principal es «el abuso de autoridad y poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el presidente de la República, y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República y la legislación vigente».
Esta acción constitucional se da en base a las declaraciones de la exseremi, en donde, en un programa radial, aseguró haber sido «presionada» para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo. Sin embargo, el Gobierno, en su momento, explicó en un comunicado que se le pidió la renuncia tras «haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias», algo que para una autoridad política y funcionario público es obligación.
Asimismo, según el sitio RedNews, también se le acusa de no fiscalizar a la CONADI, no cumplir la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, es decir, no implementar oportuna y adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez y la tardanza en la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
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