La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el miércoles 17 de junio una resolución que pide al Presidente de la República ordenar a los ministerios dejar sin efecto cualquier acto administrativo que imponga el lenguaje inclusivo en los servicios públicos. La votación fue de 85 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención.
Un dato relevante para leerla con perspectiva: se trata de un proyecto de resolución, no de un proyecto de ley. Eso significa que no modifica ninguna norma vigente ni obliga al Ejecutivo a actuar. Es, en términos formales, una solicitud del Congreso al Presidente de la República.
Qué plantea la resolución
El texto aprobado propone que se instruya, mediante decreto, el uso del castellano conforme a sus normas gramaticales tradicionales. En la práctica, eso implica rechazar lo que el proyecto denomina «distorsiones gramaticales» vinculadas a criterios de género, etnia u otras clasificaciones identitarias.
Los argumentos incluidos en la resolución abarcan antecedentes internacionales, referencias a la ONU y pronunciamientos de la Real Academia Española. También apuntan a que el uso del lenguaje inclusivo en Chile se ha concentrado especialmente en el ámbito educativo y en la administración pública.
No es la primera vez que el Congreso debate esta materia. Ya en mayo de 2021, como informó La Voz de Maipú, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley —con rango vinculante— para prohibir el lenguaje inclusivo en los colegios. Esa iniciativa apuntaba específicamente a la educación parvularia, básica y media; la resolución aprobada ahora amplía el alcance a toda la administración del Estado, aunque sin fuerza legal.
División en el Distrito 8
La votación dejó una fractura nítida entre los representantes del Distrito 8, que incluye a Maipú junto con Cerrillos, Estación Central, Tiltil, Colina, Quilicura, Pudahuel y Lampa.
Votaron en contra de la resolución los diputados Gustavo Gatica, Tatiana Urrutia y Marcos Barraza. A favor lo hicieron Agustín Romero, Enrique Bassaletti, Cristián Contreras, Mario Olavarría y Pier Karlezi.
¿Cambia algo en Maipú?
Por ahora, nada. Al no tener carácter vinculante, la resolución no genera ninguna obligación para el Municipio de Maipú ni para los servicios públicos que operan en la comuna. Si el Ejecutivo decidiera dar curso a la solicitud y emitir las instrucciones correspondientes, eso sí podría tener efectos concretos en la forma en que funcionarios y documentos oficiales se expresan. Pero eso, por ahora, depende de una decisión que el Presidente aún no ha tomado.
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