Codeduc se querella contra un trabajador y otros ex funcionarios por desvío de recursos y expone déficit de más de 2 mil millones

Se involucra a cuatro ex funcionarios y un actual trabajador de Codeduc de la administración de Cathy Barriga que entre 2020 y 2021 habrían traspasado dineros de los fondos FAEP y SEP que tenían como propósito el fortalecimiento de proyectos educativos.

Las corporaciones municipales pasaron desde hace unos meses a estar en el ojo de la opinión pública luego de que se detectaran una serie de irregularidades en varias comunas del país, principalmente en aquellos municipios que sufrieron importantes cambios de administración.

Definidas como personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, aparentemente estas instituciones quedaban fuera de algunas instancias fiscalizadoras, pero después de lo que se conoció en la Corporación Cultural de Las Condes en septiembre de 2021, donde se pagaron más de $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos UDI y RN, se encendieron algunas alertas y se han levantado querellas e investigaciones en comunas como Vitacura, Melipilla y La Serena.

Maipú, una vez más, no se queda afuera.

Hace unos días, la Corporación de Educación (Codeduc) ingresó una querella criminal en contra de Jacqueline Astrid Sánchez Henríquez, ex Secretaria General (2020); María Luisa Adela Pizarro Arce, ex Secretaria General (2021); Caterina Verónica Cubillos Álvarez, ex Directora de Administración y Finanzas (2020 y 2021);  Leonardo Alberto Olea Cariz, ex Director de Control Interno (2021); y Alfredo Gumercindo Castro Díaz, actual Jefe de Contabilidad (2020 y 2021), “y en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores […] del delito de malversación de caudales públicos por aplicación pública diferente con daño o entorpecimiento del artículo 236 del Código Penal”, es decir, por desvíos irregulares de fondos.

Específicamente se les involucra en un conjunto de traspasos irregulares de dinero que se ejecutaron entre 2020 y 2021, donde se utilizaron fondos que tenían como propósito el fortalecimiento de proyectos educativos, pero que se usaron para poder pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales pendientes de funcionarios, además de licencias médicas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, las dos principales subvenciones que recibe la corporación por parte del Ministerio de Educación, como son la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), deben ser debidamente rendidos ante la Superintendencia, pero en octubre de 2021, ya con la nueva gestión instalada, la Codeduc fue notificada por dicha autoridad sobre el incurrimiento de una “falta grave” por “no entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia”.

“Esta infracción se habría producido respecto del FAEP 2018 y 2019 en relación con la Administración Central de CODEDUC, al no acreditarse la total disponibilidad de saldos de aportes del Estado durante el año 2020”, señalan los abogados en el documento judicial. “Con la intención de presentar los descargos respectivos, subsanar la infracción señalada y evitar una posible sanción, la administración actual de la Corporación realizó una revisión exhaustiva de este y otros programas”, agregan.

El déficit que se concluyó a partir del análisis de las cartolas bancarias de cada cuenta fue de $2.237.278.210.

Dentro del detalle se menciona, por ejemplo, que en 2016 se firmó un convenio FAEP por un total de de $3.004.143.951, para lo cual se destinó una cuenta corriente exclusiva del Banco Scotiabank y para agosto de 2020, cuando concluía el plazo de ejecución, se cerró un saldo no utilizado de $77.172.778. Este dinero debió mantenerse en la cuenta, pero en mayo de 2021 se transfirió a la cuenta principal de la Codeduc un monto de $74.807.087, los que al día siguiente fueron destinados al pago de cotizaciones. El modus operandi fue similar desde las cuentas FAEP 2017, 2019, 2020 y SEP 2021.

La querella apunta directamente a los funcionarios mencionados que autorizaban las transferencias de los recursos desde las cuentas corrientes exclusivas de cada convenio hacia la cuenta corriente principal de la Corporación, ya que “son precisamente dichos funcionarios los que tienen la custodia de los fondos, títulos y valores de la Corporación, quienes deben autorizar los gastos imprevistos y, controlar debidamente los ingresos y los egresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad de la Corporación”, según se declara.

Ignacio Cáceres, actual Secretario General de la Codeduc, indicó que «se ha presentado esta querella porque la irresponsabilidad con recursos en la Corporación durante la gestión interior no puede quedar impune».

«No solo son actos de corrupción que deben ser llevados ante la justicia, también son más de 2.200 millones que deberían haber sido destinados al aprendizaje de los más de 16.000 niños y niñas que asisten a los colegios públicos de Maipú», expresó Cáceres, agregando que «acá se dañó la fe pública, y con ello a 16.000 familias, 2.700 funcionarios y a una comuna entera que tiene miles de necesidades».

El secretario cerró señalando que a pesar de que esta situación limita de manera considerable el trabajo e incluso habrá importantes obras que no se podrán realizar, pero de todas formas se estarían realizando esfuerzos para garantizar un año escolar seguro y que «esté a la altura de lo que nuestras y nuestros estudiantes necesitan».

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