La Corte Suprema ha puesto punto final a una disputa legal que involucra los recursos educativos de la comuna. En un fallo reciente, el máximo tribunal ratificó la sentencia que obliga a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC) a pagar una multa de 501 UTM (aproximadamente $33 millones de pesos al valor actual).
La sanción responde a la incapacidad de la entidad municipal para acreditar los saldos de subvenciones educativas correspondientes al año 2022, específicamente en fondos claves como la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y programas Pro-retención.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una fiscalización realizada por la Superintendencia de Educación, la cual detectó que la CODEDUC no entregó la información necesaria para respaldar la disponibilidad de $477.119.858.
Ante esto, la autoridad fiscalizadora cursó la multa, argumentando que la no acreditación de estos saldos impide verificar el correcto uso de los recursos destinados a los estudiantes más vulnerables de la comuna.
La defensa de la Corporación Municipal intentó revertir la medida presentando una reclamación de ilegalidad. En su argumento, la entidad maipucina sostuvo que:
- Sí existía una intención de rendir cuentas, aunque fuera de manera «imperfecta».
- El problema se originó por un cambio en la numeración de sus cuentas bancarias, lo que generó inconsistencias administrativas.
- No hubo beneficio económico tras la falta, por lo que solicitaban que la infracción fuera rebajada de «grave» a «leve».
«Infracción Grave»
Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago en primera instancia, como ahora la Corte Suprema, rechazaron tajantemente estos argumentos. La justicia determinó que la acreditación de saldos es una obligación que no admite «cumplimientos parciales».
El fallo es contundente al señalar que la falta de documentación afecta directamente la transparencia del sistema. En la sentencia se lee:
“(…) de la revisión de los antecedentes, es claro que la reclamante no acompañó los certificados válidos para acreditar los saldos bancarios requeridos (…). La naturaleza sustantiva de la omisión, en tanto afecta el control de legalidad y eficiencia del gasto educacional, justifica plenamente la calificación como infracción grave”.
Con esta confirmación, se cierra la vía judicial y la CODEDUC deberá hacer frente al pago de la multa fiscal, en un momento donde la gestión eficiente de los recursos municipales sigue siendo una prioridad para la comunidad de Maipú.
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