Enero del presente año ha sido marcado por las respuestas que han entregado distintas Instituciones fiscalizadoreas respecto a investigaciones que se le han realizado a la Municipalidad de Maipú, y a la alcaldesa Cathy Barriga, por diversos temas: compras sospechosas, publicidad excesiva, despidos irregulares, entre otros .
Para ejemplificar lo antes mencionado, el 30 de diciembre Contraloría de Chile entregó detalles del informe que se realizó a partir de denuncias ciudadanas y de parlamentarios, respecto a temas tan mediáticos como lo son los peluches, collares, sorteos y el auto dorado, exigiendo devolución de dineros y sumarios. El 13 de enero, también Contraloría, se pronunció sobre la «Beca Cathy Barriga», financiada con plata municipal, instruyendo cambiar el nombre de ésta.
Ahora, la Corte de Apelaciones se pronuncia y exige a la Municipalidad de Maipú entregar información sobre demandas laborales de ex funcionarios.
Esto en el contexto de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) había solicitado esos antecedentes, pero el municipio, liderado por Cathy Barriga, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para negar el acceso a la información, apelando a la causal de reserva, relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. Lo anterior, dado que la Ley de Transparencia impide a los órganos de la Administración del Estado alegar en sede judicial, que la publicidad ocasiona afectación de sus funciones.
Si bien el fallo del TC fue, en un inicio, favorable a la alcaldesa, en un fallo unánime en la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la petición del CPLT. Es decir, hoy, la Municipalidad de Maipú está obligada a entregar información relacionada a demandas laborales deducidas por ex trabajadores del organismo, detallando montos pagados y las razones por las cuales se perdieron los juicios.
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