El 24 de abril, el Ministerio de Hacienda firmó el Decreto N° 333, que reduce en $413.193 millones el presupuesto del sector Salud para 2026. La justificación oficial apela a la austeridad fiscal y a la búsqueda de eficiencia. El problema es que el componente más golpeado del recorte es, precisamente, el mecanismo que la red pública utiliza para premiar la eficiencia hospitalaria: el financiamiento por GRD.
El GRD —Grupos Relacionados por Diagnóstico— es el sistema más moderno de pago a hospitales públicos, recomendado por la OCDE y que Chile lleva más de una década implementando. Funciona así: el establecimiento recibe un monto por cada paciente que efectivamente egresa, ajustado por la complejidad del caso. Paga, en otras palabras, por productividad real y no por presupuesto histórico. Es además el único componente del decreto que se desglosa hospital por hospital, con nombre y apellido. Recortarlo es, en rigor, lo contrario de un ajuste eficiente: se castiga justamente a los hospitales que más actividad clínica producen. Es como decirle a una empresa «produzca lo mismo, pero le voy a pagar menos por cada unidad».
El caso de la Región Metropolitana ilustra el absurdo con especial claridad. Los grandes hospitales públicos que atienden a millones de personas son, justamente, los más castigados.
El Hospital Sótero del Río —referente del Servicio Sur-Oriente, con una población asignada de cerca de 1,5 millones de habitantes en siete comunas— pierde $3.183 millones por GRD, el mayor recorte del país. El Hospital del Salvador pierde $2.757 millones; el Barros Luco $1.942 millones; el San José $1.788 millones; el Hospital El Carmen de Maipú $1.611 millones; el San Juan de Dios $1.523 millones —establecimiento que atiende a más de 1,3 millones de personas del sector poniente—; el Padre Alberto Hurtado $1.475 millones; el Félix Bulnes $1.343 millones. En conjunto, los seis Servicios de Salud Metropolitanos pierden $64.626 millones, y son los hospitales con mayor actividad clínica los que concentran la reducción.
En el caso particular del Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital El Carmen encabeza el ajuste, por encima del Hospital Clínico San Borja Arriarán ($1.182 millones) y del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, la ex Posta Central ($1.169 millones). No se entiende el sentido de este recorte.
La consecuencia práctica es previsible: menos egresos financiados se traducen en menos cirugías programadas, menos procedimientos resueltos y, en definitiva, en pacientes que seguirán esperando. En una red pública donde las listas de espera quirúrgica ya son uno de los problemas más sensibles para la población, recortar el GRD es la receta más segura para que esas listas se prolonguen.
Si el gobierno realmente buscara eficiencia, tendría una agenda técnica esperando. La propia Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha entregado decenas de recomendaciones concretas. En materia de producción quirúrgica, por ejemplo: optimizar el uso de pabellones, modernizar los mecanismos de compra de insumos y mejorar las condiciones laborales del personal técnico (TENS) de pabellón, sin el cual no es posible sostener segundos turnos. Ninguna de estas líneas pasa por desfinanciar el GRD.
Cabe esperar que la autoridad revise la composición de este ajuste. La eficiencia hospitalaria que el propio Estado ha venido construyendo a través del GRD durante más de una década es un activo del sistema. Desfinanciar en nombre de la eficiencia, justo cuando comienza el invierno, es sencillamente un despropósito.
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