Una investigación llevada a cabo por estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica que fue publicado en El Mostrador, reveló que entre el 2018 y lo que va del 2022, personal al interior de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI han robado o extraviado al menos 126 armas.
Lo anterior dio cuenta de que existen incumplimientos reglamentarios sobre supervisión y control de armamento fiscal que han permitido el robo y extravío de gran cantidad de armamento.
Para el reportaje realizado por las estudiantes, «se investigaron los reglamentos de cada una de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y policías sobre el control y fiscalización del armamento institucional».
El material fue comparado con declaraciones de involucrados en múltiples procesos de la justicia militar. De los 20 casos analizados, en al menos 16 se corroboraron faltas a los reglamentos internos de cada institución.
También hicieron solicitudes de Transparencia y revisaron los libros de causas y sentencias de la Corte Marcial de Santiago (Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros) y Valparaíso (Armada).
De lo anterior, extrajeron que existen 72 procesos judiciales relacionados con el hurto de material de guerra o infracciones a la Ley de Control de Armas. De ellos, 13 cuentan con una resolución y solo 17 funcionarios han recibido algún tipo de condena.
Además, el producto periodístico expuso que la institución con más robo de armas es la Policía de Investigaciones.
La PDI «ha realizado 87 sumarios administrativos por pérdida o robo de armamento, siendo la institución que más material ha extraviado en ese período. En 75 de los casos, lo perdido fueron armas de puño: pistolas y revólveres. En los 12 restantes no se especificó el tipo», se lee en el reportaje.
Nulo cuestionamiento al procedimiento institucional
Las estudiantes consultaron la situación con Alejandra Mohor, académica superior en estudios policiales de la Universidad de Chile. Según ella, el principal problema es que estos hechos de extravío y robo de armamento se examinan como casos aislados.
“Se considera que la responsabilidad recae en la persona que cometió el ilícito y no hay un cuestionamiento al procedimiento institucional que lo permitió”, aseguró la académica.
Además, Mohor agregó que “la institución necesita considerarse a sí misma falible, capaz de cometer errores, pero la primera reacción es decir ‘hacemos todo bien’”.
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