Integrantes de la Asociación de Funcionarios Planta General de la Municipalidad de Maipú presentaron a Contraloría un documento solicitando el pronunciamiento de la entidad a la legalidad del encasillamiento de la nueva planta municipal.
El escrito N° E49385/2020 con fecha 5 de noviembre y presentado por Luis Ulloa Sánchez, engloba distintas denuncias de funcionarios municipales que reclaman un mal encasillamiento debido a que cumplen con los requisitos para ascender en sus cargos, pero no fueron considerados y en su lugar, la municipalidad habría priorizado a trabajadores inhabilitados por la existencia de sanciones en los 12 meses anteriores.
En el texto se explica el punto central del oficio señalando que «si bien resulta facultativo para el alcalde encasillar al personal en un estamento distinto, al ejercer esta atribución debió hacerse conforme al escalafón de mérito, lo que no habría acontecido en la especie».
Las denuncias se originaron por: Gloria Gutiérrez Espinoza, administrativa que reclama una nula consideración para un estamento más alto a pesar de encontrarse en un mejor escalafón que sus compañeros/as. También la auxiliar Lucía Brito Barrientos por no haber sido ascendida y trasladada a otra planta. La técnica Eloísa Rivas, por no subir a jefatura y Jorge Irarrázabal, por la designación de un cargo a una persona a contrata que impidió su ascenso.
También, existe la denuncia de tres auxiliares más: Luis Valenzuela Solis, por las mismas razones relacionadas al encasillamiento, Víctor Galdames Yáñez, quien se mantenía en grado 15 y no fue considerado para la planta siendo reemplazado por un funcionario a contrata grado 16, y Roberto Carvajal Burgos, quien pidió un traslado no concedido pese a cumplir con los requisitos.
Municipalidad responde
Ante el cuestionamiento de los funcionarios por encasillamientos ilegales debido a multas disciplinarias, la Municipalidad advirtió que debían considerar la fecha en la que se asignaron: 1 de enero del 2020. En relación a esto, explicaron que en algunos casos las sanciones se habían aplicado después de la asignación, mientras que en otros, al parecer no fueron contempladas:
“Respecto de don Sergio Pérez Naranjo y doña Lilian Monsalve Moraga, la notificación del acto terminal que les aplicó la medida disciplinaria se produjo con posterioridad a dicha data, por lo que no les afectaba inhabilidad alguna, en tanto que, respecto de los restantes funcionarios señalados, el encasillamiento ya ha producido sus efectos, sin que se advierta perjuicio para funcionarios determinados” afirmaron a Cápsula Informativa.
Respecto a la resolución del documento presentado a Contraloría, el municipio tiene un plazo de 20 días hábiles para informar sobre las medidas que adoptarán respecto a los encasillamiento de funcionarios.
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