El gobierno anunció durante la jornada de este viernes que le entregará pensiones de gracia a 49 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social. La iniciativa fue tildada como “totalmente insuficiente” por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.
Estas pensiones significan una asignación mensual de 217 mil pesos que repartirá el gobierno para casi medio centenar de personas que se vieron afectadas por acciones de agentes del Estado en el contexto de la revuelta que comenzó el pasado 18 de octubre del 2019.
Las ayudas fueron definidas por la Comisión de Pensiones de Gracia, conjunto que depende del Ministerio del Interior.
“Este ha sido un proceso bastante lento, que comienza en ponernos de acuerdo en la forma en que se iban a hacer las solicitudes y el último ingreso de expedientes del INDH es del 7 de enero de 2022”, expresó, representando al gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para La Tercera.
Ante la posibilidad de extender el beneficio, Galli aseguró que “esto dependerá del análisis que realice la comisión. Es difícil dar un número específico de pensiones que se otorgarán, pero hemos recibido más de 49 expedientes por parte del INDH. Cuando corresponda se otorgará la pensión de gracia a la persona afectada”.
INDH critica esta pensión de gracia impulsada por el gobierno
Sergio Micco cuestionó que solo fuesen 49 las personas que van a recibir la pensión de graia y afirmó que “el INDH desde diciembre de 2019 ha planteado la necesidad de una ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la crisis social. Hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de saldar esa deuda”.
“La única compensación que existe hasta el día de hoy es la que contempla la Ley de Presupuesto 2021 y la Ley de Presupuesto 2022. Allí se plantea que el INDH debe acreditar como víctimas de violaciones a los derechos humanos a las personas que hayan sufrido un menoscabo laboral permanente producto de los hechos acaecidos durante la crisis social”, explicó el director de la institución.
“Con esta acreditación, estas personas pueden solicitar una pensión de gracia a la Presidencia de la República. Un beneficio que dista mucho del daño provocado a las personas a las que se les vulneraron sus derechos“, concluyó Micco.
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