NoticiasJoaquín Lavín León es acusado por estafa

@Vía Cambio 21

Isaac Givovich (UDI), no pudo elegir “mejor” momento para hacerse notar: ahora que su suegro es el generalísimo de la candidatura presidencial de Pablo Longueira. El y su cuñado, Joaquín Lavín León , aparecen involucrados en un enredado negocio de luminarias públicas y enfrentan una querella por apropiación indebida y estafa, y acusaciones de uso de redes políticas para concretar sus negocios. Todo indica que su formalización es un hecho.

Al parecer, a Isaac Givovich, yerno de Joaquín Lavín (UDI), le gusta trabajar con los municipios. Después de un polémico paso por Huechuraba en 2008 (ver recuadro), se embarcó en el negocio de las luminarias LED, es decir, ofrecer planes para cambiar las ampolletas de 2008, los alumbrados públicos por otras que permiten un ahorro energético por sobre el 50%, lo que redunda en un menor gasto de electricidad para los municipios.
En este caso, se estrenó como comisionista de una nueva empresa denominada Info Technology Chile Spa. Ésta se formó por iniciativa del panameño Sergio Castillo con capitales chinos provenientes de una sociedad matriz denominada Zhejiang Insigma Technology Co. Ltda., instalada en Hangzhou, China, dedicada a negocios de alta tecnología. Desde el 15 de septiembre de 2011 y hasta agosto de 2014 Zhejiang Insigma integra el listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en las normas de adquisiciones y de selección de consultores.
Givovich trabajó con esa empresa sin problemas durante dos años hasta que la relación se echó a perder. Hoy el contador enfrenta una querella por estafa y apropiación indebida por $449 millones presentada en su contra en marzo por Info Technology.

Puede ser formalizado

Según explicó a Cambio21 el abogado César Vergara, encargado de la querella contra Givovich, éste puede ser formalizado, porque todos los antecedentes que constan en la querella sobre los dineros que recibió apuntan a que “no ha podido dar cuenta ni entregar una explicación razonable de en qué los gastó. Por mucho que él tenga su defensa y sus explicaciones, la Brigada de Delitos Económicos va a determinar eso una vez que vea todos los antecedentes y le va a transmitir esa información al fiscal. Con eso, generalmente, el fiscal puede formalizar”.
Vergara detalló que la cantidad de dinero expresada en la querella, $449 millones, “es lo que se le dio a él para hacer distintos pagos, como a proveedores, profesionales relacionados con el servicio y un montón de cosas que se requieren para llevar adelante proyectos de esa envergadura. Pero él, al parecer, entendió que el dinero se lo estaban entregando para ser usado o imputado a futuras comisiones. Es obvio que cuando sus mandantes le pidieron cuenta él no pudo explicar en qué gastó todo este dinero y, entonces, surgieron los conflictos”.
En el camino judicial aún existen posibilidades de llegar a un acuerdo marco, ya que en “forma directa las partes hicieron varios intentos de llegar a acuerdo, pero finalmente no se logró y por eso hubo que entrar en juicio”, destacó el abogado.
Givovich, a su vez, interpuso una demanda civil por no pago de tres facturas a su empresa GES Consultores, por un monto de $694 millones, por supuestos trabajos de asesorías. De paso, el yerno niega cualquier uso de contactos políticos y sostiene que el conflicto sólo es una pugna comercial.

Contactos políticos

Sergio Castillo conoció a Givovich en 2010. Éste ofreció los servicios de GES Consultores para desarrollar negocios. A cambio, recibiría un porcentaje por cada contrato obtenido, que oscilaría entre US$ 27 y US$ 58 por lámpara instalada. Los municipios con menos recursos firman contratos a 10 años para pagar mensualmente todo el cambio de las nuevas luminarias en sus barrios.
Según la versión que la empresa da en su querella, Givovich “señala inmediatamente que su mayor fortaleza para encontrar negocios” la constituían sus contactos políticos.
Las primeras comunas con que se contacta para trabajar fueron Copiapó, San Fernando, Concepción y San Pedro de la Paz. En esta última el negocio se cayó, porque el concejal Felipe Vásquez (PS) no aceptó que el contrato fuera por trato directo y se quejó a la Contraloría. De aquí comienzan los problemas con la empresa china, porque empiezan a perder comunas en las que habían logrado contratos, mientras, por fuera, la empresa GES de Givovich continúa haciendo otros contratos.
Sin embargo, entra en acción un nuevo socio, Joaquín Lavín León (ex candidato a alcalde por Maipú e hijo del ex ministro Lavín) quien, vía correo electrónico, les pide a los ejecutivos chinos retomar el negocio. Los representantes de la casa matriz china viajan a Chile para evaluar los negocios y, según señalan en la querella, en esa oportunidad Isaac Givovich y Joaquín Lavín León señalan buenas posibilidades en Chañaral, Llay Llay y Quilpué, entre otros.
Según Info Technology, aprovechando que el representante Sergio Castillo enferma, Givovich ” intenta manejar los negocios en marcha en beneficio propio”.
“Como cualquier chileno”
A pesar de todo, el yerno de Joaquín Lavín sigue en el negocio de las luminarias y no se sabe concretamente con cuál empresa trabaja. Tiene a su favor que conoce el negocio y sabe cómo se pueden ganar las licitaciones, ya que domina las características técnicas, muy específicas de las luminarias LED, de las cuales hizo una importación.

La diputada María Antonieta Saa (PPD) señaló a Cambio21 que Givovich “tiene que ser juzgado como cualquier chileno y lo que uno echa de menos en la UDI es que es muy buena para condenar a gente que no sea de su partido y muy buena para perdonar a los suyos. Esa es una característica y lo hemos visto ya muchas veces en muchas partes. Evelyn Matthei siempre anda atacando gente y perdonando a quienes piensan como ella. Entonces, me parece que la UDI tiene que ser la primera, si aquí hay culpabilidades, en ponerse del lado de la justicia”.

El senador Alejandro Navarro (MAS) dijo a este medio que los hechos que presentaron graves problemas de transparencia y probidad en los que se vio involucrado Isaac Givovich en la municipalidad de Huechuraba fueron evidentes, por lo que consideró que en este minuto “la mejor opción para el ex ministro Lavín es garantizar que la justicia pueda investigar y que nadie intente poner presión y lobby para dicha investigación. Y yo espero que eso se cumpla estrictamente y, si Lavín y el gobierno no quieren que este hecho tenga connotaciones políticas, tienen que poner todos los antecedentes ante la justicia y, sobre todo, si hay involucrados recursos fiscales. Yo espero que se actúe más allá de las connotaciones familiares”.

Todo parte en Huechuraba

Isaac Givovich, yerno de Joaquín Lavín, saltó a la palestra pública en 2008 cuando era jefe de Informática de la municipalidad de Huechuraba y dio a conocer “irregularidades” que se habrían presentado con la empresa GMA (Gestión Municipal Avanzada) que asesoraba en ese tiempo al municipio; esa época cuando él cobraba sobresueldos y hacía uso de tráfico de influencias firmando contratos con el municipio para venderle computadores. La alcaldesa de esa comuna, Carolina Plaza, respondió presentando una denuncia en su contra por falta de probidad en la asignación de contratos. Sin embargo, el Ministerio Público descartó que cometiera algún ilícito y no fue formalizado en el marco de la investigación del denominado caso GMA.

En ese tiempo la alcaldesa Plaza denunció que recibía todo tipo de mensajes para que dejara sin efecto la denuncia que hizo en contra del yerno de Joaquín Lavín, quien sería responsable de una licitación irregular en su municipio. “Esta situación es lamentable y enloda el servicio público, sobre todo entre jóvenes, pero yo llevo más de un mes que me vienen amedrentando para que yo no diga la verdad de lo que pasa en Huechuraba”, acusó la edil de la UDI.
El conflicto se hizo público y Plaza dijo que la salida del funcionario se debió a la negociación incompatible que había desarrollado éste cuando le tocó encabezar el proceso de compra de una partida de computadores Class Mate a la empresa Olidatta para un proyecto de entrega de aparatos a escolares de la comuna. Givovich, dijo Plaza, luego se había convertido en vendedor de Olidatta.

La acusación provocó una airada reacción de Lavín, que dijo que mientras trabajaba en Huechuraba su yerno se había enterado de irregularidades y llegó a plantear que la corrupción había llegado a los municipios controlados por la UDI.
La alcaldesa respondió al cruce de acusaciones respecto de una mala gestión al interior de la municipalidad, toda vez que Givovich había indicado que ella tenía una actuación negligente en su trabajo. Finalmente, ella renunció a la UDI y le exigió a Joaquín Lavín disculpas públicas, las que nunca se concretaron.
Eso sí, antes se supo que Givovich tenía tres contratos de honorarios del área social de Huechuraba. No cumplió ninguno y, de hecho, hizo informes sobre cosas que no había realizado para que le pagaran. En el municipio todos los sabían. Eran sobresueldos, porque el mismo Givovich reconoció que durante su paso en Huechuraba en realidad se desempeñó en Informática, por orden de Plaza.

Empresa GMA

La empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA) fue una entidad vinculada a militantes UDI que tuvo a tres alcaldes complicados en los municipios de Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar. Para cumplir sus funciones en las municipalidades, ideó ser “la contraparte técnica del estudio denominado Modificación al Plan Regulador Comunal”.

También desarrolló el software computacional de Sistemas de Información Geográfica (SIG), el que comercializaba en diversos municipios UDI. También era conocido como Sistema Georreferencial.

El yerno de Joaquín Lavín llegó a trabajar al municipio de Huechuraba en noviembre de 2006 como encargado de Informática y su misión era, precisamente, echar a andar dos proyectos computacionales vendidos por GMA: la Ficha Vecina y el Sistema de Información Georreferencial (SIG).

Sin embargo, comenzó a denunciar posibles anomalías en las iniciativas. Así fue como se enteró que el contrato venía de mayo de 2005 y el municipio le había pagado a GMA más de un año de contrato sin que se hubiera hecho nada.