Señora Directora:
Gran revuelo han causado los antecedentes de la formalización de Cathy Barriga exalcaldesa de Maipú, si bien es de público conocimiento que existía una investigación en su contra por las irregularidades ocurridas en la administración de la Edil, asombro ocasiona el contundente relato de fiscalía: La cantidad de hechos, correos, mensajes y actos violentos, son una suma interminable de pruebas en su contra.
En la argumentación de las fiscales, aparece un nombre bastante conocido en la política, Joaquín Lavín León Diputado (UDI) por el distrito 8, hijo del excandidato presidencial y exalcalde de las Condes, Joaquín Lavín Infante, quien a la fecha también se encuentra cuestionado por una serie de irregularidades y millonarios pagos de horas extras no procedentes detectadas por la Contraloría General de la República en un informe final de auditoría a la Municipalidad de las Condes.
Según lo detallado en hechos, Joaquín Lavín León “habría presionado a funcionarios” exigiéndoles respuestas por “la no realización de actividades que mandataba la exalcaldesa Cathy Barriga (su esposa)” así también detallan de un correo que le habría enviado a un funcionario municipal exigiendo la desvinculación de funcionarios a honorarios mediante un archivo adjunto que incluía una nómina con los nombres de las personas que debían desvincularse.
El hecho, es gravísimo, porque el actual Diputado tiene una labor legislativa-fiscalizadora y se encontraba (de acuerdo con las pruebas entregadas), en pleno conocimiento de situaciones complejas e irregulares. Es decir, el daño a la fé pública no solo emana de la autoridad Alcaldicia sino también de un Diputado de la República cuyo fin es legislar en pos de todos los habitantes de su distrito y no favorecer/se en aspectos de índole personal/políticos.
Por esta razón, señora directora es imperioso que se aplique el peso de la Ley sobre TODOS los que resulten responsables en este caso que ha conmocionado y afectado a todos los habitantes de nuestra comuna, quienes han visto mermado el acceso a bienes y servicios básicos por la malversación de caudales públicos de la anterior administración. Se requiere con suma urgencia, que vistos los antecedentes la opinión pública condene y exija el desafuero de Joaquín Lavín León, para que pueda enfrentar la justicia como un ciudadano común y corriente.
Por Camila Díaz, Administradora Pública
