La vecina, que llevaba más de 10 años vendiendo sopaipillas en Alberto Llona con 5 de Abril, alegó que el pago de su permiso estaba al día, pero el Municipio insiste en que el decreto podía caducar en cualquier momento.
Hace unos días llegó a LVDM una denuncia que señalaba que desde la Municipalidad de Maipú se estaban caducando permisos que en algún momento se habían entregado con decreto alcaldicio a algunos vecinos que se habían adjudicado un proyecto Fosis.
Mónica Fernández, una de las afectadas, desde hace aproximadamente 13 años participó junto a otras personas de este proyecto, gracias al que se les dio el respectivo permiso y una resolución sanitaria para trabajar en sectores de Plaza de Maipú.
La vecina, dueña de un carrito de sopaipillas que solía ubicarse en Alberto Llona con 5 de Abril, además de indicar que tenía su permiso pagado hasta el mes de diciembre de este 2022, recuerda que este fue un proyecto regional por el que estuvieron alrededor de un año esperando y capacitándose, «11 años llevo trabajando ya. No es cualquier cosa, tienen nuestros antecedentes».
Cabe señalar que esta situación ocurre en el contexto del plan de recuperación de espacios públicos que ha implementado la Municipalidad de Maipú con apoyo de las autoridades de gobierno desde principios de agosto, lo que significó el despeje del comercio ambulante precisamente en la Plaza Mayor y alrededores.
En principio, la medida había afectado a quienes trabajaban de manera irregular, sin ningún tipo de autorización, además de otro grupo de vendedores que habían recibido algunos «permisos especiales» por algunos meses durante la gestión de Cathy Barriga y que en la actualidad carecían de vigencia, y en estos últimos días se habría incluido al resto de vecinos con estos permisos con decreto alcaldicio, como el caso de Mónica.
Respuesta del Municipio
Tras presentar la denuncia en la Municipalidad, la entidad reiteró que “el ordenamiento del sector Plaza de Maipú ha sido un trabajo de largo aliento, que ha sido conversado con los distintos actores que componen el sector”, agregando que todos los comerciantes, incluido el caso de la vecina, conocían el proceso con antelación.
“En este caso en particular, podemos indicar que la comerciante mantenía sus pagos al día. Sin embargo, los permisos otorgados por el municipio son de tipo precario, lo que quiere decir que pueden ser caducados cuando la Municipalidad lo estime conveniente, considerando siempre, y en primer lugar, el bien común de los vecinos y vecinas de Maipú”.
En la misma línea, señalaron que el carro de comida estaba incumpliendo algunas de las condiciones de carácter estructural, ya que “según lo establecido en el Decreto Alcaldicio 429, en la numeral 9, en la que se explícita que ‘las estructuras de venta no podrán exceder el tamaño de las especificaciones técnicas (…) 1.60m de largo, 75cm de ancho, 90 cm de altura’, sin embargo, la comerciante se amplió sin las autorizaciones correspondientes, pasando de la estructura autorizada tipo carro, a un kiosko que sobrepasaba todas las dimensiones establecidas, y que se mantenía permanentemente en el sector, por lo que se procedió además al retiro de la estructura de la vía pública”.
Al respecto, Mónica afirma que tuvo la necesidad de agrandar las dimensiones de su puesto debido al estallido social. «Yo estaba consciente de eso, pero ellos sabían porqué lo había hecho. Tenía que resguardarme durante el estallido social, en una oportunidad casi le llega un piedrazo en la cabeza a mi hija, y en ese momento Cathy Barriga no me dio ninguna autorización», dijo.
La entidad edilicia aseguró que «al igual que con varios comerciantes ambulantes del sector de Plaza de Maipú, la Municipalidad sostuvo una audiencia con la comerciante, el día 29 de agosto del presente año, instancia en la que se le entregó orientación y se le plantearon alternativas», pero la vecina insistió con que no fue así.
«Me hicieron firmar la caducidad de la patente en una carta, donde informaron que estoy en conocimiento y que recibiré una notificación de dónde me pueden reubicar, pero dijeron que lo iban a ver caso a caso, no me dieron ningún plazo. El viernes yo fui y nadie me avisó nada, días después en mi carro había un papel que decía que tenía 24 horas para sacar el módulo», explicó la vecina, sentenciando que lo que más le dolió es que no le avisaran con más anticipación, ya que ella conoce a todos los fiscalizadores hace años y nunca ha tenido problemas con ninguno.
