[Opinión] Plan de Recuperación de SMAPA y Nueva Constitución: Desafíos y oportunidades para la gestión municipal

SOS Maipú

Hernán Campos
Hernán Campos
Hernán Campos es cientista político

Desde 1950, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, ha sido parte del patrimonio de la comuna de Maipú. Con una capacidad de abastecimiento de poco más de un millón de usuarios, la sanitaria municipal se ha convertido en una fuente de recurso clave para el desarrollo de los habitantes del sector poniente de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su administración no ha estado exenta de problemas que han dificultado la gestión municipal y, más aún, han impactado negativamente la calidad de vida de los hogares de las comunas de Maipú, Cerrillos y un parte de Estación Central.

Como respuesta de mediano plazo, durante el primer semestre de 2022 la Municipalidad de Maipú—con el apoyo del Gobierno—impulsó un Plan de Recuperación de SMAPA, con el objeto de resolver dos asuntos que incumben a la sanitaria, a saber, la creación de una nueva institucionalidad y generar un remozado plan de inversión.

Así y todo, aunque la solución exige medidas inmediatas, una parte importante se recogen de la reciente propuesta constitucional. De esta forma, normas relativas a la eficiencia económica de los organismos públicos y el fortalecimiento del Estado en la actividad económica, permiten gestar las condiciones habilitantes para revertir las debilidades estructurales que afectan a SMAPA.

Entre las virtudes que derivan de la administración pública de SMAPA, se encuentran aquellas referentes a los reducidos costos tarifarios en comparación al sector privado, el trabajo mancomunado entre el municipio y las organizaciones sociales y, la reinversión de utilidades de la empresa en asuntos sociales de la comuna.

No obstante, uno de los problemas centrales que aquejan el buen funcionamiento de la sanitaria pública, dice relación con la falta de inversión que deviene del cumplimiento parcial del Plan de Desarrollo en administraciones anteriores. Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entre los años 2006 a 2021, el porcentaje de cumplimiento alcanzó un 41% del Plan de Desarrollo. Vale decir, cerca de $57 mil millones no fueron debidamente invertidos en la sanitaria.

El origen de esta situación se explica en buena medida por dos problemas asociados a la falta de una rigurosa institucionalidad y, como consecuencia, una confusa redistribución de recursos. La primera, debido a que SMAPA se constituye como una Dirección Municipal, su financiamiento se comparte con otros servicios. A partir de esta condición, se producen complejidades presupuestarias, puesto que los ingresos de la sanitaria son utilizados para fines ajenos a SMAPA.

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Debido a los inconvenientes que enfrenta su administración, el municipio y el Gobierno han decidido trabajar de manera conjunta, a fin de combatir los problemas que perjudican a la sanitaria pública. Así es como se dio origen al Plan de Recuperación de SMAPA, un proyecto estratégico que reúne a un Comité Interministerial, compuesto por organismos pertenecientes al Gobierno, la Municipalidad y el Gobierno Regional, principalmente. La metodología contempla la creación de dos mesas de trabajo. Vale decir, una Mesa de Inversión y otra Mesa de Institucionalidad.

Mientras que la primera busca generar mecanismos de financiamiento para entregar solución a los planes de inversión, mejoramiento de infraestructura y apoyar el desarrollo de la sanitaria; la segunda, tiene por objeto fortalecer la autonomía y favorecer la eficiencia que SMAPA requiere para dar un mejor servicio a sus usuarios. De esta forma, se desplegaron herramientas técnicas y se establecieron plazos que pusieron de relieve la participación ciudadana.

Según las actividades reportadas por el Municipio, entre el 19 y el 22 de julio se cumplió con la tercera semana de encuentros vecinales, en donde han participado más de 500 dirigentes vecinales para conocer la propuesta, recibir consultas y escuchar la visión de la comunidad. De esta manera, el próximo 09 de agosto se concluirá con la etapa de participación ciudadana para luego dar paso a la sistematización y entrega de la propuesta final.

A pesar de los esfuerzos que han impulsado distintas autoridades y organismos estatales, resulta indispensable trabajar en soluciones que apunten a las raíces del problema. En esa línea, el proyecto de Nueva Constitución aborda aspectos que aportan respuestas de fondo sobre la materia. Así, el texto constitucional faculta al Estado, las regiones y comunas autónomas, la potestad de crear o participar de empresas públicas.

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En particular, el artículo 214 señala que “las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, previa autorización por ley general o especial. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley”. Esto, a partir de dos principios que se indican; el de eficiencia económica y la del rol económico del Estado.

En cuanto al principio de eficiencia económica, el artículo 245 prescribe que “las entidades territoriales autónomas cuentan con autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica”. De esta manera, se consagra la regla de un sistema de asignación optima y eficaz de los recursos públicos, a partir de los fundamentos que la Nueva Constitución y las leyes prescriban.

Una segunda normativa que introduce el texto constitucional dice relación con el rol económico del Estado. Según el artículo 182, el Estado cuenta con iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que determine la ley. Sobre la misma, la norma referida establece la facultad del Estado para la creación de empresas públicas, las que se regirán bajo las normas de probidad y rendición de cuentas que la Nueva Constitución prescribe. Esto, permite que el Estado cuente con una mayor presencia en el mercado, robusteciendo la institucionalidad pública a partir de los fundamentos sobre gestión y organización. Adicionalmente, se avanza en mejores estándares éticos en la función pública. Por otro lado, se desecha el requisito de una ley de quórum calificado para que el Estado u organismos públicos participen de las actividades económicas, tal como se establece en la actual Constitución (artículo 19, numeral 21). 

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Con todo, los problemas que se evidencian en la sanitaria tienen causas y efectos más allá de los expuestos. Sin embargo, la actual administración municipal y los organismos estatales involucrados en el Plan de Recuperación de SMAPA, están realizando un esfuerzo no menor que pretende corregir las dificultades heredadas por gestiones precedentes. En este contexto, la Nueva Constitución permite repensar los atávicos paradigmas sobre el papel del Estado y los organismos públicos en materia económica e institucional, entregando las herramientas necesarias para que estos se puedan desarrollar conforme a las nuevas exigencias que la ciudadanía demanda. 

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