Corría octubre de 2025 cuando el Concejo Municipal de Maipú se convirtió en un reality show. Karen Garrido, concejala del Partido Republicano, detectó a sus ex asesores en el público y supo que algo venía. Se excusó, dijo que tenía un problema personal y se levantó. Lo que siguió fue una secuencia que incluyó acusaciones de fraude al fisco, alusiones al Tren de Aragua, seguridad municipal de por medio y la madre de una de las denunciantes golpeando el vidrio del auto de la concejala en el estacionamiento para conversar con Garrido.
Después, la concejala presentó una larga licencia médica, que trajo silencio. A los meses el tema parecía enterrado.
No lo estaba.
El pasado 14 de mayo, mediante la Resolución Exenta RE14541/2026, la Contraloría General de la República dispuso la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Maipú. La investigación quedó radicada bajo el ROL N°288842/2026 y fue firmada por Alejandro Riquelme Montecinos, Jefe de la División de Función Pública del organismo contralor.
Las denuncias que gatillaron el sumario
El expediente recoge tres presentaciones. Las primeras dos las ingresaron Carlos Morales Ramos y Francisca Azócar Vargas —ex servidores a honorarios que trabajaban directamente para Garrido— entre el 14 y 15 de octubre de 2025. Ambos la acusaron de hechos «eventualmente constitutivos de acoso laboral».
La respuesta de Garrido no se hizo esperar: el 14 de noviembre presentó su propio reclamo ante Contraloría, acusando a sus ex asesores —y a terceros— de haberla acosado laboralmente a ella.
Tres denuncias. Dos frentes. Un solo sumario.
La Ley Karin entra en juego
La resolución activa el procedimiento especial del Título II del Reglamento de Sumarios de Contraloría, reservado para casos de acoso laboral bajo la Ley Karin —la normativa que desde 2024 endureció las reglas del hostigamiento en el ámbito público y que, en teoría, debería ser bandera de cualquier empleador municipal.
El organismo ordenó notificar expresamente a Muriel Valencia Saavedra, encargada de la Unidad de Ley Karin del municipio, quien deberá garantizar las medidas de protección contempladas en la ley para todas las partes involucradas.
Sumario con doble filo: exAsesores v/s Karen Garrido
Lo inusual del caso es que no hay un acusador y una acusado nítidos. La Contraloría lo dejó por escrito: la investigación busca determinar «la ocurrencia de los hechos denunciados por don Carlos Morales Ramos, doña Francisca Azócar Vargas y doña Karen Garrido Neira, y las eventuales responsabilidades administrativas que pudiesen derivar de aquellos».
Cualquiera podría terminar con cargos. O ninguno. Será la Fiscalía Administrativa Permanente —designada por el Departamento de Procesos Disciplinarios de la División de Función Pública— quien sustancie la investigación y, eventualmente, señale responsables.
Karen Garrido, la concejala que más cerca estuvo de Cathy Barriga durante su polémica gestión, acumula expedientes a un ritmo que ya no sorprende en el Concejo Municipal. La Contraloría no la declaró culpable: solo dijo que hay suficientes antecedentes para investigarla. Pero en política, a veces, esa distinción importa menos de lo que debería.
