Esta elección debe analizarse desde sus efectos institucionales y fiscales reales, no desde consignas superficiales. Los ajustes en gasto público, redistribución y arquitectura estatal que propone la ultraderecha no solo reducen la capacidad del Estado: desmantelan las herramientas que permiten a municipios como Maipú funcionar, invertir y sostener servicios esenciales. No es una diferencia de enfoque; es un cambio estructural que expone directamente a las comunas populares a retrocesos inmediatos y profundos.
Para una comuna grande, densa y socialmente diversa como Maipú, las decisiones fiscales no son un asunto abstracto. Determinan si el municipio puede sostener programas sociales, mantener infraestructura, avanzar en seguridad, ejecutar obras y garantizar servicios básicos. Los avances logrados en los últimos cuatro años -ordenamiento institucional, recuperación de espacios públicos, ampliación de programas comunitarios, modernización administrativa y crecimiento de la inversión local- no son producto del azar, sino del trabajo y articulación de un entorno, laboral, social y político que permitió planificación, estabilidad y financiamiento.
La propuesta de José Antonio Kast apunta en la dirección contraria. Su programa se basa en la contracción deliberada del gasto público, la reducción del rol estatal en desarrollo territorial y el fortalecimiento del autofinanciamiento municipal. Técnicamente, esto implica transferir más responsabilidades a los gobiernos locales entregándoles menos recursos. En comunas con alta demanda social y urbana, la consecuencia es inmediata: paralización de inversión, deterioro de servicios y pérdida de capacidad operativa.
Maipú es una comuna con autonomía fiscal limitada, una condición estructural que no depende del color político del municipio, sino de su tamaño, densidad y composición socioeconómica. Solo en 2024 recibió cerca de $69 mil millones del Fondo Común Municipal (FCM), uno de los aportes más altos del país. Esta dependencia no es un defecto: es justamente lo que permite compensar desigualdades territoriales. Pero también significa que la estabilidad financiera municipal depende directamente de decisiones macrofiscales del gobierno central. Un escenario de recortes al gasto público, recentralización o reformas al FCM no es neutro: golpea de lleno la capacidad de Maipú para sostener su funcionamiento básico y su proceso de recuperación institucional.
El caso de SMAPA es particularmente ilustrativo. El único servicio municipal de agua potable del país requiere un plan de inversión sostenido, con financiamiento asegurado y continuidad administrativa. Cualquier ajuste que reduzca inversión pública, modifique criterios de asignación regional o imponga restricciones al gasto dificulta -o directamente frena- la modernización y renovación de redes que la comuna necesita. Esto no es un análisis político; es una consecuencia técnica inevitable de la austeridad.
La política económica de Kast afectará a Maipú
Las comunas con menor autonomía fiscal, como Maipú, son además las más vulnerables a políticas de reducción del Estado. La evidencia comparada muestra que, bajo escenarios de austeridad rígida, no se produce eficiencia: se produce segmentación territorial. Las comunas con altos ingresos propios logran sostenerse; las comunas populares retroceden. Ese es el tipo de desigualdad estructural que la ultraderecha considera un costo aceptable.
Por eso, esta elección no se trata solo de orientaciones macroeconómicas o de diferencias ideológicas. Se trata de si comunas como Maipú podrán mantener y profundizar los avances logrados entre 2021 y 2024. Una comuna de más de medio millón de habitantes no puede quedar sometida a un proyecto que debilita inversión pública, recorta capacidades estatales y limita los mecanismos redistributivos que permiten sostener su desarrollo.
Lo que está en juego no es retórica: es la continuidad misma del progreso local. Y Maipú no puede permitirse retroceder con Kast.
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