En febrero la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, convocó a un Concejo Municipal extraordinario, luego de recibir el informe de su equipo jurídico sobre los juicios pendientes que mantiene el municipio.
Ahí reveló que existían tres procesos judiciales, dos en los Tribunales Tributarios y uno en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) exige el pago al municipio de 35 mil millones de pesos por una deuda que se acumuló desde el año 2005.
Lo anterior por los servicios de SMAPA(Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado) que posee fuentes propias de agua potable para los vecinos de Maipú.
La jefa comunal ordenó elaborar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, argumentando que SMAPA “es una dirección municipal, no tiene ni patrimonio ni persona jurídica propia. No es un negocio, los dineros percibidos por SMAPA ingresan directamente a arcas municipales, este no es un acto de comercio con utilidades como lo estima Impuesto Internos”.
El equipo jurídico del municipio, junto al abogado constitucionalista Arturo Fermandois, interpuso el escrito, denunciando que el cobro del SII provoca “una diferencia arbitraria que vulnera el derecho constitucional que la Carta Fundamental asegura a todas las personas y al municipio en el artículo 19 N°2, consistente en la igualdad ante la ley y en la proscripción de toda diferencia arbitraria, infringiendo asimismo el derecho a la igualdad tributaria y a la prohibición de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, que garantiza el artículo 19 N° 20 de la Ley Fundamental”.
La segunda sala, integrada por el Presidente del Tribunal Constitucional, el ministro Carlos Carmona Santander, y los ministros Gonzalo García, María Luisa Brahm y Cristián Letelier, acogió el requerimiento y paralizó el juicio del millonario cobro“se acoge a tramitación elrequerimiento deducido a fojas 1; al primerotrosí, ténganse por acompañados los documentos, bajo apercibimiento legal; al segundo otrosí, comose pide, ha lugar a la suspensión delprocedimiento”.
La alcaldesa Barriga valoró la resolución, destacando que es un primer paso en la contienda que sigue en el Tribunal Constitucional cuando se vea el fondo del requerimiento “vamos a defender el agua de Maipú, como lo hemos hecho con todos los recursos de los vecinos, primero combatiendo la corrupción, y ahora llegando a las máximas instancias frente a cobros de intereses injustos. Queremos evitar que estos dineros que nos cobran pierdan su objetivo: el bienestar de los vecinos de nuestra comuna” manifestó la jefa comunal.
LITIGIO CON AGUAS ANDINAS
Existe otro conflicto entre Aguas Andinas y SMAPA por el tratamiento de aguas servidas. La empresa privada inició una demanda en la justicia civil por el pago de cerca de 7 mil millones de pesos.
Para el municipio, Aguas Andinas intenta burlar lo resuelto al respecto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios quien ordenó mediante resolución fundada a que las partes debían acordar una solución.
La empresa sanitaria privada pretende que la Municipalidad transfiera el monto total de lo facturado a los usuarios, con independencia de si estos pagaron efectivamente o no la suma total cobrada.
Aguas Andinas presentó el 30 de mayo de 2017 una demanda en juicio ejecutivo por $ 7.222.997.835, en base a una serie de facturas emitidas desde octubre de 2016. Además, pidió embargar las cuentas corrientes de la Municipalidad.
El 28 de junio, para evitar el riesgo que el tribunal aceptara el embargo de los bienes y las cuentas de SMAPA, el municipio se hizo parte del juicio presentado los argumentos legales y de jurisprudencia que impiden el embargo que pide Aguas Andinas.
El 11 de julio la justicia rechazó la petición de Aguas Andinas para embargar los bienes y las cuentas corrientes destinadas a SMAPA.
