El retorno a las clases presenciales, en los niveles inicial, básico y medio, no ha estado exento de polémicas en nuestro país. Por una parte, el ministro de educación empuja esta medida; por otra, el Colegio de Profesores la pone en duda. Es una decisión compleja que excede los límites del blanco y del negro.
Es cierto que las medidas sanitarias y la infraestructura no son las mejores en la mayoría de las escuelas y liceos con financiamiento público. Aumenta la incertidumbre, además, el riesgo de mayores contagios por la cantidad de interacciones que se producen en la escuela. Desde otro punto de vista, están las razones de autoridades y familias que reclaman la presencialidad de profesores y profesoras y estudiantes como una condición necesaria para el proceso educativo escolar.
Se argumenta que las clases en línea –cuando se han logrado hacer con alguna eficacia–, las guías de autoestudio y el apoyo de los adultos en los hogares no han sido suficientes ni efectivos.
La dramática experiencia de la pandemia nos ha puesto frente a la vulnerabilidad y a las desconocidas e inhumanas condiciones de vida de muchos –demasiados– compatriotas. El miedo al contagio hizo que la vida escolar se transformara y fuera un reflejo más de las grandes brechas existentes en nuestra sociedad. Las casas, cuando existieron las condiciones medianamente favorables, pasaron a ser las salas de clase para estudiantes y docentes.
En muchos casos, la interacción mediada por la internet –idealizada por las autoridades ministeriales– no fue posible. Esto aumentó la frustración y dejó en evidencia otras de la tantas desigualdades de nuestro país.
En medio de esta discusión, la imagen y el rol de profesores y profesoras ha cobrado mayor relevancia. Al inicio de la pandemia, cuando los niños y niñas debieron quedarse en sus hogares, muchos adultos asumieron la función pedagógica. Algunos lo hicieron con dudas, porque no se sentían preparados; otros lo procedieron con cierta suficiencia porque lo que “hace un profe lo puede hacer cualquiera”. Ahora, todos reclaman la presencia de quienes pretendían reemplazar. Se dieron cuenta de que no es suficiente lo que ellos creían saber. Las conductas y orientación del crecimiento intelectual y afectivo de niños, niñas y adolescentes requieren de un trato profesional.
Un educador y una educadora son profesionales que saben cómo lograr los aprendizajes. La sola distinción en dónde poner el énfasis en el desarrollo de una clase hace la diferencia. No es lo mismo enseñar (mostrar) que conseguir aprendizajes. Los y las docentes son capaces de crear experiencias para que los alumnos y alumnas avancen hacia nuevos saberes –cognitivos, valóricos y operacionales–, junto al adecuado desarrollo psicobiológico.
¿Lo que hace un profesor lo puede hacer cualquiera?
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La profesión docente es la que permite educar, guiar para que los estudiantes saquen lo mejor de sí y desarrollen todas sus capacidades. Siguiendo a Gastón Soublette (Cartas públicas, 2019), la educación formativa de la persona completa, no de consumidores ni de usuarios, proviene del desarrollo pleno del potencial humano. Esto se consigue con las metodologías adecuadas y con una pertinente integración sicosocial, donde los profesionales articulan el saber (conocimientos) con el hacer (procedimientos) y con el ser (valores). De esta forma dan vida al currículo escolar para responder a las preguntas sobre qué aprendizajes deben lograr los estudiantes, cómo y cuándo lograrlos y cómo y cuándo evaluarlos. ¿Simple, no?
Ahora las autoridades y algunas familias echan de menos a los profesores y profesoras y las experiencias de aprendizajes creadas por estos. La figura de los profesionales de la educación aparece insustituible. Cualquiera sea la solución posible y segura en la disyuntiva escolar frente a la pandemia, ojalá que esta renovada apreciación hacia los profesores y profesores se traduzca en una justa valoración social. Lo que hacen estos “no lo puede hacer cualquiera”.
Foto de portada por Max Fischer en Pexels
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