Opinión: La institucionalidad si importa

A propósito del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, desde el 18 de Octubre se produjo una pedagogía de la política donde las multitudes indicaban que la Constitución debía ser cambiada, la plataforma Chilecracia el 31 de octubre la posicionaba en el lugar 22 de las prioridades y el 3 de noviembre, el DESOC y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, explicaba que una nueva constitución obtenía el 80,3 % de las preferencias, después del sistema de pensiones (95,5%), de salud (95,2%), educacional  (93,5%), laboral (92,2%),  y tributario (81,5%) respectivamente.

Hoy después de congelar la tarifa del metro, la segunda conquista del pueblo es tener la posibilidad de participar en un nuevo proceso constituyente. Veamos ciertos factores.

¿Es un proceso histórico? Pues claro que es histórico, no reconocerlo sería de una ceguera tremenda, nunca en la historia republicana de la nación, se había asistido a un acuerdo parlamentario de la mayoría de las fuerzas políticas, para cambiar democráticamente la constitución. Junto a esto se deja obsoleta la Constitución del 1980 del dictador Pinochet.

¿Es positivo el cambio de constitución? Eso se deja a interpretación, pero lo que trata de indicar esta columna, es que si es positiva por los siguientes argumentos.

Sobre el origen del presente cambio en la constitución: Hay dos formas de dar inicio a un proceso constituyente; a) Institucional y b) no institucional.  La nuestra es No institucional y es positiva, ya que es originada por Manifestaciones e iniciativas de carácter social o popular, lo que sin duda vendrá a mejorar la democracia y desjibarizar al Estado. Hay ejemplos como los procesos constituyentes de Bolivia a partir del año 2000, en Islandia durante el 2008, en Túnez 2010 (“Primavera Árabe”), y la campaña “Séptima Papeleta” en Colombia en 1990.

Es participativa y Democrática. El acuerdo deja la hoja en blanco, sin “cocinas”, ni cerrojos de la constitución del 80 ni sus metacerrojos de quórums. Se llama a la ciudadanía a participar del proceso constituyente a través del plebiscito y eligiendo el mecanismo que considera adecuado, con votación voluntaria para mayores de 18 años.

Es representativa: Será paritaria con discriminación positiva, con representantes que dependen del mecanismo, de acuerdo al sistema proporcional actual y los distritos correspondientes. La Convención Mixta Constitucional supone un 50% de Parlamentarios y 50% de ciudadanos mientras que la Convención (Asamblea) Constitucional, contempla a 155 asambleístas.

El plebiscito de entrada (aprueba o rechaza cambio constitución) será en Abril de 2020, el proceso constituyente funcionará de 9 a 12 meses y el plebiscito ratificatorio será con votación obligatoria para mayores de 18 años.

Sobre los 2/3 para la toma de decisiones; Es una de las situaciones más difíciles del actual acuerdo por la heterogénea diversidad de las fuerzas políticas del parlamento. Para lo anterior hay que tener clara la distinción entre el consenso o la obtención de mayorías calificadas y las mayorías absolutas o unanimidades. Los consensos o mayorías calificadas son las más utilizadas, a pesar de la dificultad de no llegar a acuerdo por fragmentaciones políticas, religiosas o étnicas (Ghai, 2006:35) La adopción de consenso se ha realizado en Sudáfrica, Islandia, Bolivia y Uganda. En Sudáfrica cuando no se llegó a acuerdo, se tomaban decisiones por medio de 2/3, al igual que Uganda, con consenso en primera instancia o plenaria, y de no existir acuerdo, obtención de mayoría por medio de los 2/3 de la Asamblea. En Bolivia se utilizaba la mayoría absoluta o el consenso, y de no funcionar, la comisión entregaba al comité redactor más de un borrador, los que debían ser apoyados por al menos 1/3 de los integrantes de comisión. El texto final fue votado artículo por artículo en el pleno, necesitando para su aprobación los 2/3 de los miembros presentes. En Colombia se usaba una combinación entre mayoría absoluta y calificada, donde en primera plenaria, se adopta la mayoría absoluta, y en segundo plenaria se resolvían los temas pendientes con mayorías calificadas. En Túnez fue similar a Colombia, con la diferencia que también se aprobaba con 2/3 en última instancia. Como podemos ver, en la mayoría de las experiencias constituyentes se usan los 2/3 y en menor medida, 1/3, lo anterior para que sea una constitución de todos/as y representativa de toda la sociedad chilena, sin que minorías puedan imponer acuerdos o que ciertas mayorías busquen profitar con intereses particulares.

¿No es muy poco el plazo de inhabilitación? A diferencia de otros países, donde los postulantes se inhabilitan por más de un año, en Chile no resulta negativo, porque si las elecciones venideras son en octubre del 2020 (municipales y plebiscito), los mismos postulantes no podrían candidatearse en las elecciones de noviembre 2021 (presidenciales y parlamentarias).

¿Es justo el sistema electoral? Se usará el actual sistema proporcional D´Hont, cual es usado en más de 30 países con democracias consolidadas y que funciona con lista de arrastre entregando en las últimas elecciones, mucho dinamismo al parlamento con la inserción del Frente Amplio (Latorre, Winter, Castillo entre otros parlamentarios/as). Las Minorías tienen 2 opciones, ir desde ya construyendo una opción, un liderazgo que se pueda sentar en los territorios a través de cabildos u otras iniciativas o sumarse a alguna lista de los partidos existentes.

Lastimeramente me impresiona el nivel de crítica desde la izquierda y el progresismo a este hito histórico, legítimamente pueden hacerlo en pleno uso de sus derechos políticos y de libertad, sin embargo creo que hay que resaltar los grandes esfuerzos que por fin realizaron con apremio los y las parlamentarios/as de nuestro país, en un momento de crisis, de alta represión y violaciones de derechos humanos, con heridos y una escalada de violencia que necesita diálogo. Por lo mismo, creo que hay analizar los aspectos positivos de la institucionalidad, toda vez que responden a las demandas del pueblo, de las multitudes en las calles, las cuales bregaban por una nueva constitución. Una nueva constitución no se puede hacer con una renuncia masiva de parlamentarios como proponía un senador, en estos momentos hay que actuar con responsabilidad y madurez política, con una altura de miras que permita efectivamente al pueblo, participar políticamente en la solución de sus principales necesidades.

Una nueva constitución se tenía que llamar desde el parlamento, la oposición buscó la reforma por medio de lobby y la constitución del 80, sin embargo fue la presión del Paro General del 12 de noviembre, la que llevó a la urgencia del diálogo y se llegó a este acuerdo. A mi entender, la deuda está precisamente con quienes son parte protagonista, las organizaciones civiles (sindicales, gremiales, comunitarias), los cabildos, Unidad Social y en especial, las miles de juventudes y adolescencias que se volcaron sobre los torniquetes para iniciar un estallido que tiene revolucionado al país, y que para peor, no pueden participar de ningún proceso constituyente por la edad. Por lo que espero que haya altura de miras y madurez política en las izquierdas y nuevas fuerzas progresistas para evadir la vieja técnica del “divide y vencerás” y se permitan abrir más espacios de participación a los protagonistas reales de este estallido social.

Por Miguel Hernández Monsalve
Magíster en Sociología 

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