“Los vamos a tirar al mar”

En estos días post elecciones presidenciales, las calles y las redes sociales se han llenado de acciones y mensajes dirigidos a personas que votaron por Jeannette Jara. No son discusiones políticas ni intercambios duros de opinión. Son amenazas, de las más terribles. Incluso amenazas de muerte. En algunos casos, amenazas dirigidas a hijos e hijas de quienes ejercieron su derecho a voto. Entre esos mensajes y manifestaciones, aparecen frases que se repiten con inquietante regularidad: “viva Pinochet”, “derrotamos el comunismo” y la preferida de los fanáticos de Kast, “los vamos a tirar al mar”.

No se trata de una exageración ni de un desliz retórico. En Chile, esa frase tiene un significado preciso. Remite a cuerpos arrojados al océano, a la desaparición forzada, a un tiempo en que el Estado decidió que ciertas personas podían ser eliminadas sin dejar rastro. Que hoy vuelva a circular, escrita sin pudor y dirigida a ciudadanos comunes, no es un exceso propio de las redes sociales. Es un síntoma político.

Ese clima violento se expresa cuando se levantan banderas y retratos de Augusto Pinochet y de militares responsables de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas. No como advertencia histórica ni como ejercicio de memoria crítica, sino como reivindicación. El mensaje es claro: aquello no solo se justifica, también se añora.

Nada de esto es casual. No es provocación ni desborde emocional. Es violencia simbólica. Es reinstalar la idea de que hay personas que sobran, que pueden ser expulsadas del espacio común, que no merecen protección. Para quienes sobrevivieron a la dictadura y para las familias de las víctimas, este lenguaje no es abstracto ni lejano. Es reconocible. Y duele, precisamente porque vuelve a decirse con naturalidad.

Mientras estas amenazas circulan, los mismos sectores que las toleran o minimizan acusan de violentos a los comunistas, a los movimientos sociales y a quienes protestan por derechos laborales, previsionales o sociales. Llaman a no movilizarse, a no “incendiar Chile”, a obedecer y a guardar silencio. La contradicción es evidente: en más de dos siglos de historia republicana, los únicos que destruyen la democracia mediante la fuerza organizada del Estado, los únicos que bombardean el Palacio de La Moneda y derrocan por las armas a un gobierno legítimo, son precisamente aquellos a quienes hoy se reivindica. Eso no es una interpretación ideológica. Es un hecho histórico.

También es un hecho que la dictadura no fue una suma de excesos individuales. Fue un sistema organizado de represión. Hubo planificación, jerarquías y métodos reiterados. Mujeres fueron detenidas y torturadas, muchas de ellas sometidas a violencia sexual como forma de castigo político. Mujeres embarazadas fueron interrogadas bajo tormento; algunas perdieron a sus hijos, otras dieron a luz en cautiverio y luego fueron hechas desaparecer. Niños y niñas vieron cómo se llevaban a sus padres o crecieron sin saber su destino. Hombres fueron golpeados, electrocutados, sometidos a simulacros de fusilamiento, arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas. Nada de eso ocurrió por error.

«Los vamos a tirar al mar»

Por eso la frase que da título a esta columna no puede leerse como un exabrupto aislado. Resume una forma de entender la política en la que el adversario deja de ser un sujeto de derechos y pasa a ser un enemigo descartable. Que se repita hoy en amenazas dirigidas a ciudadanos comunes, y que muchos la relativicen o la silencien, da cuenta de un deterioro serio de los límites éticos y democráticos.

Poner freno a esto no es censura ni persecución ideológica. Es un mínimo civilizatorio. La democracia no se sostiene solo en elecciones, sino también en límites claros. Normalizar amenazas de muerte, la desaparición forzada o la eliminación del adversario no es una opinión protegida, porque erosiona las bases mismas de la convivencia democrática.

Este texto se escribe desde una preocupación profunda. Porque cuando el odio circula, se repite y empieza a parecer normal, deja de ser un problema individual y se convierte en un problema político.

Un país que tolera amenazas de exterminio en nombre del orden no está endureciendo su democracia: está empezando a abandonarla