Comisión de la CC aprueba norma para renacionalización de bienes naturales y expropiación minera

Pamela Pérez Mendoza
Pamela Pérez Mendoza
Pamela, periodista en práctica. Oriunda de Maipú y actual vecina de Santiago. Fan de la música, el baile y el ocio. La igualdad de derechos es mi bandera de lucha.

Ayer martes, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó -en general- la iniciativa que cede al Estado el dominio absoluto de los bienes estratégicos. Se plantea la nacionalización de las empresas de explotación minera y establece los mecanismos para entregar la respectiva indemnización a los afectados.

Se trata de una propuesta presentada por integrantes de Apruebo Dignidad, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) e independientes, la cual pretende que el Estado tenga la dirección de la política minera en Chile.

El proyecto fue presentado por miembros de Apruebo Dignidad, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) e Independientes.

Las mociones fueron visadas en general, lo que implica que serán parte de un texto sistematizado, el cual estará sujeto a modificaciones. Luego, se podrá pasar a discutir en el Pleno, donde debe ser aprobada por 2/3 del quórum para estar en la nueva Carta Magna.

La iniciativa no cayó bien en la derecha y mucho menos en la Industria. Convencionales de Vamos por Chile aseguraron que estas medidas son «un error jurídico» y que dejarían al país «en bancarrota». Asimismo, El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, encendió las armas y expresó al respecto «es una barbaridad con claros y evidentes errores jurídicos».

De qué se trata la iniciativa

Según la iniciativa, el Estado tendrá “el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.

Asimismo, se habla de un proceso de nacionalización de los bienes estratégicos, especificando que comprenderá todos los derechos y bienes de las empresas involucradas en estos. También incluye que las concesiones mineras constituidas deben cesar de forma inmediata sus trabajos una vez que la iniciativa entre en vigencia.

La norma aclara que el Presidente de Chile es quien determinará en que momento el Estado tome posesión de los bienes estratégicos, aunque el plazo no debe ser superior a un año luego de la promulgación de la nueva Constitución.

Indemnizaciones

Uno de los artículos establece las formulas para indemnizar a los titulares de dichos bienes que serían expropiados. Una de ellas es determinar el monto sobre la base del costo original, deducidas “las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia”.

También esta la opción de «deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas”. Estos pagos serán cancelados en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma en un plazo de menos de 20 años.

“Corresponderá al Contralor General de Chile determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales”, indica la norma.

A su vez, el proyecto detalla que se podrá suspender el pago si es que el afectado se niega a  entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos.

“El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren liquidadas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas”, agrega.

Finalmente, se aprobó un artículo transitorio: la derogación de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Es decir, “se derogan todas las disposiciones del Código de Minería que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la nueva Constitución”.

Algunas reacciones

La decisión de la Convención Constitucional generó una fuerte reacción en la industria, quién expresó de inmediato su preocupación fue Diego Hernández, presidente de la Sonami «es una barbaridad con claros y evidentes errores jurídicos».

En su análisis menciona que Chile ha suscrito tratados internacionales que no se pueden ignorar «una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales». Añadió que esto significa «pagar a las compañías los montos tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica».

Por otro lado, Juan José Martin (INN), coordinador de la comisión de Medio Ambiente expresó “creo que muchas de estas decisiones deben ser tomadas en ejercicio democrático posterior a la Convención. Hay que abrir los caminos, a través de las normas constitucionales, pero ojalá las decisiones finales sean tomadas después”.

Para el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), esta decisión es “extraordinariamente negativa y equivocada para Chile”. A su vez, comentó que compromete al país a nivel internacional.

Bernardo Fontaine (IND-RN), sostuvo que la Convención se saldría de sus límites al pasar a llevar tratados internacionales. “Produciría una bancarrota del país, porque tendríamos que indemnizar, con este precio del cobre, a todas las compañías mineras que serían expropiadas. Es una norma que no tiene sentido común si sentido de justicia. Con esto, la comisión entró en Fantasilandia”, manifestó el constituyente.

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