En su Sesión Ordinaria N° 1432, el Concejo Municipal de Maipú, presidido por el alcalde Tomás Vodanovic, aprobó la adjudicación de una importante licitación para el arriendo de 16 vehículos y 5 motocicletas destinados a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Esta medida busca reforzar la flota de patrullaje comunal y mejorar la respuesta frente a la creciente demanda en materias de seguridad. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de debate: mientras la mayoría de los concejales respaldaron la propuesta, los representantes de partidos de derecha mostraron reparos y cuestionamientos al proceso.
Los «reparos» desde la oposición
El punto más álgido de la sesión fue, entonces, el segundo en tabla, referido a la contratación del servicio de arriendo para mantener la continuidad operativa de la flota municipal.
Los vehículos incluyen 10 SUV, 6 camionetas y 5 motocicletas, con un monto referencial de $1.447 millones de pesos por 48 meses. Finalmente, la empresa Servicios de Ingeniería y Construcción Gard Corps Limitada se adjudicó el contrato por $1.265 millones, impuestos incluidos, de acuerdo con lo expuesto en la instancia.
Durante la discusión, el concejal Edison Aguilera, del Partido Republicano, manifestó reparos sobre la aplicación de la nueva normativa de compras públicas, vigente desde diciembre de 2024. Según Aguilera, el informe entregado por la administración presentaba una «omisión grave» al no detallar la revisión de la plataforma de economía circular ni la consulta al catálogo de convenio marco.
«Mi observación va en el marco legal. Desde diciembre de 2024 las municipalidades están obligadas a cumplir con requisitos específicos para validar procesos de compras públicas. En este informe no se evidencia pormenorizadamente esa revisión, como lo exigen los artículos 28, 29 y 30 del reglamento», argumentó.
Desde la administración, las directoras de Seguridad y Compras, junto al administrador municipal, despejaron las dudas señalando que el proceso sí se ajustó a la normativa. Aclararon que el análisis técnico y económico se realizó, que la revisión del convenio marco estaba establecida en el decreto que aprueba las bases, y que la plataforma de economía circular, básicamente, no era aplicable por tratarse de una herramienta implementada después de la licitación.
El administrador municipal incluso recalcó que “siempre partimos revisando el convenio marco porque nos ahorra un montón de tramitación”.
Por su parte, el director jurídico respaldó la posición de la administración, afirmando que «en nuestra interpretación se cumple a cabalidad lo que dice el artículo» y que tanto las bases administrativas, técnicas como el informe fueron revisados y visados por la dirección jurídica, confirmando que «todo se encuentra conforme a derecho».
A pesar de las explicaciones, Aguilera mantuvo su rechazo, justificándolo en que aún tenía dudas que revisar:«Agradezco las respuestas, pero ante la duda rechazo».
La concejala Karen Garrido, también del Partido Republicano, optó por abstenerse con un escueto “ante la duda”.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Prado, de la UDI, inicialmente expresó reparos por el costo de la licitación, calculando un valor individual alto por vehículo. Tras aclararse que el contrato era por 48 meses e incluía todo el servicio, rectificó su posición y votó a favor.
En definitiva, la propuesta fue aprobada con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, ambos republicanos.
El llamado del alcalde
Tras la votación, el alcalde Tomás Vodanovic subrayó la relevancia de esta inversión para la seguridad comunal y aprovechó de enviar un mensaje al Congreso:
«Es importante avanzar en la ley de seguridad municipal para flexibilizar la contratación de las personas que manejan estos vehículos. Hoy, estamos limitados por el número de contratas y eso impide que podamos sacar todos los vehículos a la calle en todos los turnos».
El edil enfatizó que esta medida permitiría a los municipios utilizar al máximo sus recursos y responder de manera más efectiva a la ciudadanía, dejando en evidencia las restricciones actuales que dificultan el combate a la delincuencia.
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