Este jueves, inició la discusión en Concejo sobre la licitación de Concesión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables de la comuna de Maipú por 72 meses, en otras palabras, la gestión de la basura, un contrato que adquiere relevancia no solo por lo fundamental que resulta para la ciudadanía la prestación, sino también por la gran cantidad de dinero en juego y los fantasmas del pasado con el renombrado Caso Basura.
De acuerdo con lo expuesto en el Concejo Ordinario N°1.359 por Paloma Valenzuela, directora de DAOGA, la licitación (ID 2770 185 LR23) se dividió en dos zonas, donde las empresas tenían la opción de adjudicarse una o ambas, «priorizando los intereses municipales». Es así como se dispuso de un presupuesto de $18.084.888.864 para la Zona 1 – Línea 1 y $21.657.268.584 para la Zona 2 – Línea 2, «a suma alzada».
Según el detalle señalado por Valenzuela, hubo solo dos empresas de recolección de basura oferentes: Dimensión S.A. (Zona 2) y Veolia Chile S.A. (Zona 1 y Zona 2). La evaluación de cada una se puede apreciar a continuación (haz clic sobre las imágenes):
Tal como se desprende de lo anterior, los montos por los que las empresas ofertaron respectivamente resultan ser superiores a lo presupuestado por la Municipalidad, sin embargo, cabe la posibilidad de justificar cuando las cifras superan el 30% del Presupuesto Referencial. Los números quedaron de la siguiente manera:
«Respecto de la fundamentación técnica y económica sobre las ofertas presentadas y sus porcentajes de diferencia, se sosiente que, dentro de las variables que pueden explicar este tipo de aumento, se condiciona los ascensos considerables posterior a la pandemia, donde los servicios de recogida de residuos fueron declarados por la autoridad sanitaria como esenciales y críticos; por lo tanto, los precios tanto de los vehículos como también de los Recursos Humanos sufrieron aumentos realmente cuantiosos, los que se mantienen hasta hoy (importación de vehículos, combustible, etc)», expone en el marco del análisis técnico realizado por parte de DAOGA.
Finalmente, se concluye que ambas ofertas «cumplen con las expectativas del servicio solicitado», y conforme a los resultados de la Comisión Evaluadora, se propuso ante el Concejo la adjudicación de ambas líneas a Veolia, por el valor total de la oferta económica respectivamente.
Cero sanciones en Mercado Público
La primera en realizar sus observaciones tras la presentación de DAOGA fue la concejala Alejandra Salinas, quien expuso su preocupación ante la existencia de multas por parte de Veolia ante la inspección del trabajo, las cuales no figuran en el sistema de Mercado Público.
«No hay pago de horas extra, incumplimientos de contrato, no compadecen ante las citaciones de la Dirección del Trabajo. Hay una serie de situaciones que involucran a los trabajadores y sabes que para que algo resulte bien, los trabajadores tienen que estar bien, y aquí creo que hay bastantes falencias», comentó la autoridad.
Junto con ello, apuntó a una falta de claridad ante la eventual disminución de residuos domiciliarios dada la implementación de iniciativas de reciclaje en el marco de la Ley REP, considerando que esta es una licitación que dura 6 años y, durante ese período, se espera que las personas vayan aumentando su capacidad de separar la basura.
La concejala Graciela Arochas fue la segunda en entregar sus comentarios, partiendo por señalar que si bien no tenía mayores comentarios respecto del proceso, que cumpliría con lo reglamentario, expresó cierta inquietud frente a lo que calificó como «un tema más de fondo».
«Hoy estamos un poco capturados por las empresas, ya que nos enfrentamos a un rubro que sube sus precios a nivel nacional, a todos los municipios. Hoy vemos que, respecto de nuestros valores referenciales que presentamos, estos superan el 50% y esto no nos ocurre solo a nosotros, sino a distintos otros municipios. Finalmente, son ellos los que están fijando los precios y controlando el mercado», destacó Arochas, sugiriendo una revisión a nivel de Asociación de Municipalidades o gobierno metropolitano.
El concejal Alejandro Almendares, por su parte, sumándose a lo anterior, destacó la delicadeza de este tipo de contratos recordando la necesidad de que esto pase por una toma de razón por parte de la Contraloría, lo que además «genera una demora importante y sobrecarga a los equipos».
«Hace un tiempo nosotros aprobamos una ampliación del contrato vigente, el que termina ahora en marzo, por lo que estamos contra el tiempo», indicó la autoridad, introduciendo el pronunciamiento que habría llegado el día miércoles vía correo electrónico que expresaba una duda en la pauta de evaluación respecto de la Línea 2, relacionado a las sanciones en los últimos 24 meses en Mercado Público que aparecen en «cero», tal como lo hacía notar la concejala Salinas con anterioridad.
La pregunta de rigor fue qué había pasado con esta situación, si han habido multas firmes (que hayan sido tramitadas y cobradas) y si estas debían ser cargadas al portal por parte de la Municipalidad.
Respuestas de DAOGA
Respetando el mismo orden en el que fue respondiendo Valenzuela, en relación a uno de los cuestionamientos presentados en particular por la concejala Alejandra Salinas sobre la eventual disminución de basura al contemplar un porcentaje de reciclaje en progresivo aumento, la directora recordó que el servicio se cobraba «a suma alzada», es decir, por servicio.
«Se contempla una cantidad mínima de camiones, sin embargo, todos los contratos tienen tando aumentos como disminuciones, los que se traducen al final en una disminución de flota, pero eso iría en la línea de lo que se espera en la gradualidad de la implementación de la Ley REP. En la bolsa de basura, entre un 16% y 20% corresponde a envases y embalajes, por lo que si todos los vecinos y vecinas recláramos, disminuiríamos entre esos porcentajes la basura», explicó la directora.
En lo que respecta a las sanciones de la empresa en cuestión y su publicación en el portal, la jefa de DAOGA expuso que «todos los contratos de servicios tienen multas asociadas a los contratos, de todo tipo», especificando que, en el caso de Veolia, suma 135 multas cursadas (cobradas) en el módulo A y 198 en el módulo B, desde el contrato de 2018, lo que de todas maneras no alteraría el resultado porque al concentrarse en los últimos 24 meses, las multas representan un 4% de un 35% de la evaluación.
«En las bases administrativas, cuando son reclamadas en segunda instancia (cuando la unidad técnica establece un acto a través del mismo manifold, que es como se informa la multa al contratista, y se cobra en el estado de pago una vez que son reclamadas)… Existe la primera instancia, cuando unidad técnica que emite una resolución y si este contratista no reclama en una segunda instancia, no necesita un decreto, sino que se cobra en el estado de pago del servicio. Si llega una segunda instancia, donde la reclamación llega al alcalde, es él quien emite un decreto alcaldicio», explicó Valenzuela.
Finalmente, el Director Jurídico, Fabián Farías, reconoció de todas formas que había un dictamen reciente de Contraloría, que solicita aclarar la información de estas multas en el portal, estableciendo que estas se deben informar para poder ser consideradas en la evaluación.
«En el entendido que, eventualmente, el Municipio no informó, pero tampoco informó ni Dimensiones ni Veolia, por lo que no debería alterar la evaluación final de la comisión. Sin perjuicio de aquello, en relación al dictamen, deberíamos sí o sí (y ahí claro, hay una tarea) subir e informar estas multas al portal. Eso es ‘resorte’ de la unidad de gestión de contrato y la unidad técnica», reconoció el jurídico.
Ante esto último, calificado finalmente como una omisión no menor, se aseguró que se encuentra una investigación en curso desde este jueves «para determinar las responsabilidades en el proceso».
«Quisiera agradecer las palabras de los concejales, hay varias de sus reflexiones que también compartimos. Sin duda se trata de uno de los procesos licitatorios más complejos por los que deben pasar los municipios, no solo por la cantidad de recursos involucrados, siendo el principal servicio que tenemos que prestar, sino también por el historial que todos conocemos, donde lamentablemente este tipo de contratos se ha prestado para gravísimos hechos de corrupción», fue parte de lo expresado por el alcalde Tomás Vodanovic, apuntando a la necesidad de un proceso transparente justi antes de proponer la postergación de la discusión y su respectiva votación para un concejo extraordinario, lo que fue aprobado por la totalidad de los concejales.
Cabe mencionar que ante esta instancia se ausentaron tanto el concejal Gonzalo Ponce (PS) como también Carolina Silva (PS).
Concejo Extraordinario
«Dada la necesidad de aclarar ciertas dudas y traspaso de información hacia el concejo», tal como inició señalando el edil, es que se convocó la nueva sesión realizada este mismo viernes de forma virtual.
Luego de que Paloma Valenzuela presentara nuevamente, aunque en una versión mucho más acotada, el proceso licitatorio, se procedió rápidamente con la votación por cada una de las dos zonas por separado. Quien no dudó en solicitar la palabra fue la concejala Carolina Silva (PS).
«Esta concejala encuentra que es gravísimo que la Municipalidad no informe las multas, toda vez que es considerado como criterio de evaluación en una licitación, pero más grave aún es ocultar esta información al concejo municipal y pretendan que aprobemos una licitación de 6 años multimillonaria donde hay responsabilidades graves que tienen que ser investigadas», insistió en relación a lo expuesto el día anterior, cuando ella estuvo ausente, rechazando tanto en la Línea 1 como en la Línea 2.
La adjudicación de la Línea 1 fue aprobada, quedando la votación de la siguiente forma:
Apruebo: Alejandra Salinas, Alejandro Almendares, Horacio Saavedra, Felipe Farías, Bladymir Muñoz, Elizabeth González, Graciela Arochas y Tomás Vodanovic.
Rechazo: Carolina Silva.
Abstención: –
Respecto de la Zona 2, en vista de los expuesto en la sesión de Concejo anterior, esta se rechazó de forma casi unánime, en tanto el alcalde Tomás Vodanovic se abstuvo señalando que si bien había una «falta administrativa que el municipio arrastra desde hace tiempo sobre no subir al portal las multas y cómo eso podría incidir en la labor que realiza la comisión evaluadora», descartó una intención expresa de ocultar esta información como acusó Silva.
«Tal vez si la concejala hubiese asistido a la sesión anterior, a las comisiones o a las reuniones a las que ha sido convocada, no aseveraría esas cosas que me parecen irresponsables», sentenció el edil.
La concejala socialista volvió a pedir la palabra, y aunque esto no fue concedido al encontrarse en etapa de votación, de todas formas interrumpió indicando: «Si usted menciona mi nombre, lo mínimo que debería hacer es escuchar», sentenció sin decir más.
La votación de la Línea 2 fue:
Apruebo: –
Rechazo: Alejandra Salinas, Alejandro Almendares, Horacio Saavedra, Felipe Farías, Bladymir Muñoz, Elizabeth González, Graciela Arochas y Carolina Silva.
Abstención: Tomás Vodanovic.
Cabe mencionar que la concejala Ka Quiroz presentó su declaración de inhabilidad para votar sobre esta licitación dado su tercer grado de consanguineaidad «en la línea colateral perteneciente al directoria de la empresa».
También es necesario indicar que durante la sesión de Consejo Extraordinario el concejal Gonzalo Ponce aparecía conectado, no hubo pronunciamiento alguno por su parte, siendo su presencia omitida por parte de secretaría a la hora de la votación.
