Hace unos días, se creó formalmente la Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile (CONECh A.G.), un espacio que nace desde la necesidad no solo de visibilizar un problema sino también de unir fuerzas ante la reiterada negliencia del aparato público cuando de cumplir con su parte de las licitaciones se trata, según denuncian.

De acuerdo con lo que expresa el conjunto de afectados, dedicados principalmente al área de la construcción, durante la pandemia esta situación se amplificó enormemente debido al contexto que entorpeció los plazos de ejecución y entrega de obras, lo que no fue considerado por los organismos estatales mandantes y uno a uno fueron dando término anticipado a los contratos.

Entonces, los proyectos quedaban prácticamente en abandono, pero nadie apuntaba al otro gran problema de fondo: los atrasos en los pagos de parte de las entidades públicas que dejaban sin espalda a los pequeños y medianos emprendedores, además de sumarles una serie de problemas en consecuencia.

Patricio Rojas, ingeniero de profesión y presidente de la CONECh A.G., comentó a La Voz que han advertido que el Estado está prácticamente «disociado de la realidad», generando que muchas empresas quiebren y se postergue el objetivo de la obra pública, que es prestarle un servicio a la población.

«Hemos llegado a la conclusión de que esto incluso costó vidas en pandemia. Estimamos que esta asociación es una buena instancia para contribuir a la sociedad, más allá de los intereses de las pequeñas y medianas empresas», comenzó indicando Rojas.

«Para nosotros es evidente que cuando se fueron creando una serie de leyes que buscaban facilitar el ingreso de los pequeños y medianos al Mercado Público, la gente que hizo esto no tenía gran experiencia. Se trató de aplicar un marco general pensado en grandes empresas que sí tienen un equipo de abogados y una buena espalda financiera», agregó.

Patricio Flores, secretario de la asociación gremial, complementó señalando que uno de los objetivos que tienen es otorgar un espacio de apoyo a todos aquellos emprendedores que terminaron con «las empresas destruidas, con problemas financieros y legales».

«Lo que estamos tratando de visibilizar es que el Estado debería tener un rol más protagónico en cuidar a las pymes del rubro, y también de otros, porque no se les puede dejar a la deriva o esperar que soporten mayores gastos debido a que no tienen las espaldas de los grandes consorcios. Ahí ha habido una negligencia o inacción, cuando tienen claro que están tratando con los más pequeños», apuntó.

El caso en Maipú

Tanto Rojas como Flores vivieron en carne propia la situación a través de una licitación con la Municipalidad de Maipú durante la gestión de Cathy Barriga. A principios de diciembre de 2020, La Voz comenzó a hacer pública la denuncia de la Constructora Cypro (donde ambos participaban asociados) la cual estaba a cargo de la habilitación de lo que sería el CAM y Cecof Manchester, en Villa Lo Errázuriz, y con la que la entidad edilicia mantenía una serie de facturas impagas que para ese entonces sumaban más de $100 millones.

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Cabe señalar que este proyecto ya significaba una deuda con los vecinos desde 2016, año en que otra empresa había iniciado la construcción, pero al poco tiempo se declaró en quiebra y dejó la obra abandonada -probablemente por este mismo problema- hasta que Cypro la intentó retomar en 2020.

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«Si bien la Municipalidad, a la hora de licitar, presentó un decreto presupuestario y, por tanto, entendíamos que había platas dedicadas, durante el desarrollo de la obra nos dimos cuenta de que los dineros no estaban disponibles. A modo de resumen, nos pagaron dos veces en un año, a la mitad del contrato acumularon cinco facturas, y no pudimos terminar la obra precisamente por el desfinanciamiento que nos generaron», recuerda Flores.

En la actualidad, el proceso legal en torno a este contrato ha ido avanzando y se encontraría en la etapa final. «Toda la defensa que ha presentado la Municipalidad ha sido con el fin de dilatar el juicio. No han aportado mayores antecedentes y no han desconocido nuestros argumentos», aclaró el secretario al respecto.

«El problema es más profundo»

Aunque el ejemplo de Maipú coincidió con la gestión Barriga, ya reconocida a estas alturas como una de las administraciones municipales que más ha generado polémica por el desorden financiero -y presunto fraude al fisco de por medio-, se estima que se trata de un tema generalizado, dada la estructura del sistema.

«Acá estamos hablando de que el problema es más profundo. La obra pública tiene como finalidad que el usuario final la reciba, que los vecinos y vecinas se beneficien, y por un lado podemos tener a una Municipalidad que ocupa recursos dedicados a una cosa en otra, lo que raya en la estafa, pero también tenemos el caso de los Servicios de Salud, los Cesfam, SAR, etc, que se licitan hasta cuatro veces, donde el costo termina duplicado o hasta triplicado respecto del valor original», explica Patricio Rojas.

«Nadie se preocupa de hacer una evaluación y estimar las horas de atención no otorgadas durante todo ese tiempo que se posterga el proyecto. Incluso, volviendo a lo de la pandemia, si uno hace un cálculo entre las atenciones que no se prestaron, hubo gente que murió porque las cosas no estuvieron listas por la burocracia de la administración pública, la que trata de apegarse a un marco legal, pero que no siempre es justo», sentenció el presidente de la asociación.

Esta semana, el gobierno anunció una modificación a la ley de Compras Públicas, pero de todas maneras no se ve «esperanzadora», según califican, debido a que apunta solamente a la etapa de licitación. En otras palabras, facilita la entrada al Mercado Público, pero no asegura la mantención y éxito de los procesos posteriores.

«Se le está abriendo la puerta a más pequeñas y medianas empresas, pero si no hay una política que ayude a que no se fracace en el proceso, habrá más empresas con este mismo problema. Los grandes tienen cómo defenderse, lo que por cierto suma más costos para el Estado, pero a una pyme la mata. Insistimos, lo legal no siempre es lo correcto», explicaron.

Durante los próximos días, la Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile abrirá un proceso para invitar y comenzar a recibir a todos aquellos emprendedores que hayan pasado por este tipo de problema y estén interesados en «unir fuerzas» para presentarse ante ciertas autoridades.

«Buscamos representar a las pequeñas y medianas empresas que han estado desamparadas, que no caben dentro de las políticas de la Cámara Chilena de la Construcción, que han licitado con el Estado y servirles como una instancia de apoyo y asesoría», reitera Flores.

«Sabemos lo que es salir de estos contratos sin recursos, con demandas civiles, demandas laborales, deudas y otros problemas, un escenario donde muchos quedan sin acceso a la justicia, sin poder conseguir un abogado que los patrocine y la idea es poder brindarles un apoyo y si vemos que el Estado no tiene la voluntad, evaluar la posibilidad de una demanda colectiva», agrega el secretario.

Además de Patricio Rojas y Patricio Flores, quienes conforman la Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile son Christian Martín, vice presidente, Rodrigo Valenzuela, tesorero y Rossana Gil, directora.