Desde la semana pasada, el tema del millonario gasto que ha desembolsado la Municipalidad de Maipú por concepto de indemnizaciones laborales ha estado sobre la mesa, principalmente, después de que la alcaldesa Cathy Barriga y su equipo, una vez más, se negaran a dar explicaciones al Concejo mediante excusas de carácter administrativo.
En la última sesión ordinaria, los concejales insistieron con la falta de voluntad y de transparencia desde la alcaldía, ya que llevan años solicitando la información relacionada con los despidos masivos desde que Barriga asumió y que, a pesar de decir que eran funcionarios fantasmas, decenas de juicios se han perdido demostrando lo contrario.
Hasta el día de hoy no han tenido respuesta, sin embargo, en medio de la reunión, un aparente descuido por parte del Director de Administración y Finanzas, Juan Carlos Quezada, permitió ver una presentación donde aparecía la cifra de $8.659.641.626 en demandas laborales pagadas, tal como lo publicó LVDM, aunque no fue abordada en el momento.
Frente a este número, es necesario señalar que se mantienen las dudas por parte de algunos concejales que estimaban un monto superior, por lo que cuestionan su veracidad y el supuesto “error” de administración y, por otro lado, todavía no se muestran los dineros pendientes que se adeudan no solo por juicios que no se concretan, sino también por los casos fallados a favor de los ex trabajadores donde solo se han pagado los años de servicio.
¿Qué queda pendiente?
La causa de Jennifer Cubillos ingresó el 1 de marzo de 2018 demandando al municipio por declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales. Ella fue parte del grupo de trabajadores que no les renovaron el contrato a honorarios para ese año sin ningún tipo de aviso anticipado y que procedió a demandar la situación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
En su caso, cumplía con labores desde el año 2007, primero como administrativa del Departamento de Organizaciones Comunitarias y, más tarde y luego de varios ascensos, en 2012 pasó a la Dirección de Desarrollo Comunitario donde incluso llegó a ser coordinadora administrativa de la Oficina de Estratificación Social, siempre cumpliendo horarios e instrucciones de una jefatura superior.
Jennifer siempre tuvo buenas calificaciones y demostró su impecable desempeño a lo largo de los años, por lo que no entendió nada aquel 2 de enero de 2018 cuando se presentó a trabajar y se encontró con su computador bloqueado y sus claves obsoletas. Incluso recuerda que, en el mes de diciembre anterior, se probó lo que sería su uniforme para ese año.
“Yo me presenté a trabajar normal y me encontré con la sorpresa. Empecé a preguntar y mi jefe [Cristian Olea] dijo que no estaba al tanto, que no tenía idea”, recuerda la mujer. Fue en la oficina de DITEC donde le dijeron que su computador estaba bloqueado porque aparecía desvinculada.
“En Recursos Humanos dijeron que me habían enviado una carta a mi domicilio, pero nunca llegó nada, ninguna notificación”, señaló la afectada. El 31 de diciembre de 2017, en plataforma de Prensa Local, se publicó una lista de 119 funcionarios a honorarios a quienes no se les renovaría el contrato, entre los que aparecía su nombre, pero ella nunca se enteró.
Luego de varios meses de juicio, Jennifer ganó. La sentencia con fecha 8 de octubre de 2018 establece que, efectivamente, el despido había sido injustificado y el demandado, la Ilustre Municipalidad de Maipú, debería pagar $8.893.852 por años de servicio, $808.532 por desvincular sin aviso previo, $4.446.926 por recargo legal, $242.560 por feriados legales. A esto se suma el cuarto punto: «deberá pagar las cotizaciones previsionales de AFP, Fonasa, y cesantía por todo el período trabajado».
Esto último se logra tras comprobar que, a pesar de haber pasado cada año contratada en modalidad de honorario, sus labores no se limitaban a tareas específicas y temporales, al contrario, existía una clara relación laboral y una dependencia tal como lo especificó hace años el abogado Mauricio Ortega en entrevista con LVDM, cuando comenzaron los despidos masivos de Barriga en 2017.
“Aun así, la municipalidad no me canceló todo”
El día 18 de octubre de 2019 Jennifer fue notificada por su abogado que había un cheque emitido a su nombre, pero solo con los años de servicio. «Le pregunté a mi abogado y me dijo que ese era un proceso a parte», indicó. La ex funcionaria había perdido la Ley Bustos en la Corte de Apelaciones, instancia a la que llegó la Municipalidad después de la sentencia y, supuestamente, se falló a su favor por la ausencia del abogado de Cubillos.
De acuerdo con el relato de la mujer, no tuvo mayores explicaciones del abogado y este no la siguió acompañando en el proceso. Así fue como, a principios de este año, Jennifer acudió a su AFP a preguntar qué se podía hacer. Ellos procedieron a hacerse cargo de una nueva demanda por una cuantía de $15.021.785, pero los intereses y reajustes detallados en la última liquidación terminan con un monto total de $114.952.144. De eso, ni un solo peso ha sido pagado hasta el momento. Desde la administradora de pensionen le respondieron que el pago depende totalmente de la municipalidad.
«No volví a trabajar desde que me despidieron. Entré a los 23 años a trabajar en la municipalidad, le entregué toda mi juventud. Si me llamaban los fines de semana yo tenía que partir, tenía turnos de emergencia y yo siempre ahí», relata Jennifer. «La crianza de mis hijos en esos años la dejé a la deriva por dar lo mejor en mi trabajo», agrega.
La ex funcionaria alude a la ocasión de hace unas semanas, cuando Cathy Barriga salió hablando de justicia tras anunciar que exigiría la retención del 10% de la AFP al padre de hijo.
«Si después de todos los juicios y la sentencia, todavía no paga… si ella no respeta las leyes, ¿de qué me habla? Ella vela por el derecho de sus hijos, pero, ¿quién responde por los derechos de mis hijos? Ellos también tenían derecho a que yo cobrara mi 10% y lo pueda invertir en ellos en este momento», reclama Jennifer. «Han sido años de espera, de burla. Para mí es una burla lo que ella hace», termina el relato.
No es el único caso
Tal como se ha dado a conocer con anterioridad, casos como el de Jennifer Cubillos se repiten en las decenas de trabajadores que fueron desvinculados en condiciones similares, algunos con demandas individuales más avanzadas que otras.
A la historia de Jennifer se suma la de Nathaly Borquez y Vladimir Berríos. A ellos también les han pagado solo los años de servicio con los montos de $8.399.390 y $5.164.191 respectivamente. Cada uno con su propia historia, pero todas coinciden en la forma sin justificación de sus despidos, la poca consideración después de tantos años entregados al servicio público y la falta de responsabilidad por el no cumplimiento de las sentencias.
«Somos muchos compañeros que estamos en la misma situación y estamos planificando una demanda colectiva. Es que ya es demasiado», cuenta Nathaly. Solo los que salieron entre fines de 2017 y principio de 2018 componen una lista de 119 personas, pero se desconoce cuántas son las demandas totales, cuántas se han perdido, cuántas ganado y en cuántas oportunidades se logró un acuerdo extrajudicial entre las partes.
Por su parte, Vladimir agrega que con la administración anterior le tocó ver despidos y situaciones similares, pero nunca de forma tan masiva. «Cuando todavía trabajaba, vi como una compañera que ni siquiera pertenecía a un partido político o algo fue desvinculada sin explicación. Ella era el único sustento de su hogar. No hubo consideraciones con nadie, mujeres que incluso estaban con pre o post natal o personas con licencias médicas», relata.
Cabe señalar que la situación se viene denunciando desde el año en que Cathy Barriga asumió como alcaldesa, quien en su oportunidad justificó los despidos diciendo que eran funcionarios «fantasmas», que se les pegaba, pero no trabajaban, y que buscaba disminuir el gasto en conceptos de honorarios. Sin embargo, se comprobó que incluso vinieron más contrataciones que en la administración anterior.
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