A 40 años del fatídico golpe es necesario crear una reflexión en torno a la justicia que merece la memoria de los numerosos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. La exigencia de justicia y verdad por parte de las familias es un soporte fundamental para crear la anhelada reconciliación en nuestro país. La impotencia frente a tantos años de espera, años de lucha, de intervenciones de las organizaciones de derechos humanos, abogados, partidos y movimientos sociales, para que se condené a los responsables de la dictadura por los delitos de lesa humanidad, cae en el fatídico desenlace del privilegio que gozan los ex militares al momento de cumplir sus condenas.
Con el objeto de cuidar la transición y esa anhelada reconciliación, se cayó en la hipocresía de otorgar cárceles de lujo para estos importantes delincuentes. Desde este espacio se ríen del pueblo, negando aún las muertes y torturas, no colaborando con la justicia, sin nisiquiera tener conciencia frente al horror impetrado contra los opositores a la dictadura.
La justicia después de rechazar las querellas presentadas por los familiares en los 80 y 90 al aplicar la ley de autoamnistia dictada por los militares, decretando por otra parte la prescripción de las responsabilidades penales de los asesinos, comenzó en el 2004 a razonar la plena vigencia del Convenio de Ginebra para el periodo , ya que los militares reconocen en sus decretos y discursos que nuestro país se encontraba en un estado de Guerra Interna contra el marxismo internacional y los extremistas en Chile, debiendo, de esta manera, juzgarse estos delitos como crímenes de lesa humanidad, los cuales no son justificables ni prescriptibles, ya que la víctima en estos delitos no son tan sólo las familias, si no que la humanidad completa, por lo cual el derecho internacional obliga a los Estados juzgar a los autores de dichos crímenes.
Desde ese momento es que comienza a caer la justicia a paso lento sobre los agentes del Estado que cometieron esta clase de delitos, donde los tribunales superiores de justicia empiezan a condenar a los militares y civiles que se ven envueltos en estos casos. Pero aun así, se ha aplicado sobre ellos una atenuante de responsabilidad, la llamada media prescripción, que tiene como consecuencia que los condenados por derechos humanos se le apliqué una pena menor de la que establece la legislación, pudiendo muchas veces cumplir sus condenas en libertad. Este tipo de beneficios son un ataque a las conciencias de las víctimas. Estos militares son de avanzada edad, jubilados en mejor posición que cualquier chileno, por lo cual una mancha en sus antecedentes no los perjudica en nada. La media prescripción es aplicada contradictoriamente por la Corte Suprema, al decir en primer lugar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, para luego contradecirse al aplicar la media prescripción como atenuante. Los abogados de derechos humanos nos encontramos presentando insistentemente recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de que dicha institución no se apliqué. Pero las resoluciones se encuentran aún pendientes, por lo cual los años pasan, los asesinos mueren, dejando consigo impunidad en sus actos.
De esta manera, se presentan distintas dificultades que provocan que la persecución de justicia y reparación para las víctimas de los graves hechos sucedidos en la dictadura, se encuentre pendiente. Chile exige reconciliación, exige comenzar con un nuevo ciclo en el cual el Estado se haga responsable de los actos que cometió durante 17 años, donde la historia se ennegreció mediante estos hechos dolorosos. La reconciliación comenzará con justicia, de lo contrario, la falta de reparación dejará manchas negras en nuestra historia que no permitirán dar un paso al futuro donde los chilenos nos reencontremos en un país con plena vigencia y respeto de los derechos humanos.
Rafael Ferrada
Abogado DD.HH.
U. de Chile
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