Esta mañana, en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento junto a las parlamentarias Gael Yeomans, Erika Olivera y Claudia Mix, entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando presupuesto público para implementar la ley contra la violencia ginecobstétrica, más conocida como Ley Adriana.
Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es cambiar la manera de nacer en Chile, promoviendo una atención médica libre de violencia durante la gestación, parto, postparto y en las causales de aborto permitidas en la ley, y hoy se encuentra en segundo trámite legislativo, en la Comisión de Salud del Senado, tras casi dos años de trabajo en la Comisión de Mujer y Género.
Mónica Candia, matrona representante de la Red Latinomericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento, miembro además de la Mesa de Parto Respetado, destacó la gravedad de la situación de violencia ginecobstétrica en nuestro país.
«En Chile, por ejemplo, se negocia con el nacimiento y la salud de las mujeres y sus hijas e hijos. Los índices de cesarias innecesarias son abismantes. En el sistema de salud privado llegan al 73% y en el sistema público alcanzan un 49%. Hay regiones del país donde las cesareas sobrepasan el 90% de los nacimientos, afectando no solo la salud física y psicológica de madres e recién nacidos, sino también la primera etapa del apego», denunció.
María José Morales y Fabiola Yañez, miembros de la Coordinadora por el Derecho al Nacimiento de Chile, destacaron por su parte la necesidad de abordar el tema de la violencia ginecobstétrica desde todas sus dimensiones, incluyendo la de salud mental y la reparación del daño causado a las víctimas que hoy se encuentran abandonadas. Asistió a la actividad también la directora de Fundación Humanas, Camila Maturana.
En esa misma línea, la diputada Claudia Mix apuntó a que no se trataba de una iniciativa legislativa a corto plazo. «Debe ser una política pública que modifique el funcionamiento de la salud, apostando a un cambio de paradigma donde los derechos de salud reproductivos de las mujeres tengan prioridad. La iniciativa cuenta hoy, por primera vez, con un apoyo transversal del Colegio Médico y del Colegio de Matronas, entendiendo que podría beneficiar a 200 mil mujeres anualmente. Esta es una propuesta contenida en nuestro programa de gobierno, así que esperamos tenga una buena acogida, se concrete, se apruebe y se promulgue con el patrocinio del gobierno».
Por su parte la Erika Olivera formuló un llamado directo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a destinarle recursos en el presupuesto de la nación. «Él es quien maneja la billetera fiscal y, por lo tanto, le pedimos que pueda reunirse con los otros ministerios involucrados para apoyar este proyecto, en razón que el núnero de mujeres beneficiadas es muy alto, así como también da protección a niños y niñas. Es un proyecto de protección a la vida y por ello me sumo», señaló.
La diputada Gael Yeomans llamó la atención sobre los cientos de casos y testimonios recibidos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género: «Es importante visibilizar los casos de violencia ginecobstétrica y evitar que sigan ocurriendo, para ello se necesita el respaldo financiero del gobierno. Estamos pidiéndole al gobierno evaluar el financiamiento de la Ley Adriana; entendemos que este deba hacerse gradualmente, pero queremos asegurarnos de que exista», indicó.
