A eso de las 9 AM un contingente de Fuerzas Especiales se presentó frente al terreno tomado a un costado del Hospital El Carmen de Maipú.
Sin mediar mayor diálogo, Fuerzas Especiales hizo ingreso con carros lanza aguas y en medio de bombas lacrimógenas, según relato de vecinos presentes.
La jornada terminó con siete detenidos, quienes fueron trasladados a dependencias de la 25 Comisaría de Maipú, donde pasarán la noche para mañana presentarse al Noveno Tribunal de Garantía de Santiago. Los vecinos constatarán lesiones durante esa tarde y fueron detenidos bajo los cargos de usurpación, desorden púbico y oponerse a la acción de Carabineros, según pudo constatar Claudia Vergara, representante de la observadora de Derechos Humanos Sutra, quien se apersonó en la comisaría.
La orden de desalojo emanó de la Intendencia de Santiago, aunque trascendió que Carabineros no contó con una orden de desalojo de tribunales. Según pudimos confirmar durante la transmisión en vivo de LVDM, la Intendencia habría hecho una interpretación amplia de la ley para ejecutar el desalojo. Este hecho fue confirmado en conversación del abogado Nolberto Salinas y el representante jurídico de la municipalidad Abel Sepúlveda, cuyo registro fue publicado en nuestras redes sociales.
Salinas, quien representará a los vecinos desalojados señala:
«Lamentablemente, ocurrió un hecho altamente arbitrario porque la Intendencia ordena un desalojo administrativo. NO hay ninguna orden judicial. Lo normal es que se hubiera hecho por los tribunales de justicia, el Poder Ejecutivo no puede hacer lo que estime pertinente. La Intendencia no es la que justicia. Los dirigentes estaban dispuestos a acatar una orden judicial, y sin mediar violencia alguna de los pobladores ingresa Carabineros y lamentablemente todo se desbordó. Hubo gente que llegó a expresar solidaridad y también fue detenida, como el caso del ciclista y Magadalena Arias que trabaja con un concejal del municipio«.
Al desalojo también acudieron los concejales Pedro Delgadillo y Abraham Donoso, quienes dialogaron con los pobladores y los funcionarios municipales presentes.
Delgadillo comentó para nuestro diario:
«Nos pareció un desalojo bastante violento y desmedido en algunos momentos. Estamos preparando un informe a partir de los antecedentes que recopilamos en nuestra visita. A mi juicio este desalojo tiene aristas administrativas y legales que no corresponde, sobre todo por la intervención de funcionarios municipales. Estamos solicitando el escrito formal con el que se presentó el abogado de la municipalidad e igualmente vamos a solicitar el escrito de la Intendencia«.
El desalojo se da un día después de la reunión de la alcaldesa Cathy Barriga con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick y una semana después de una manifestación que el dirigente Rodrigo Polo efectuó durante el día del adulto mayor en el Templo Votivo de Maipú.
Fuentes al interior de la municipalidad indican que esta «funa» recibida por la alcaldesa habría sido la gota que rebalsó el vaso en lo que ya era más de un mes de ocupación del terreno a un costado del hospital. Una toma que no ha estado exenta de polémicas principalmente debido a la figura del dirigente Rodrigo Polo, quien genera división incluso al interior de la toma debido a su confrontacional estilo de trabajo.
Sin embargo, algunos dirigentes al interior del Comité separan aguas de su figura. Indican que incluso aceptaron la condición de seguir trabajando con la municipalidad sin la presencia del dirigente, quien fue el último en ser desalojado con la ayuda de personal del GOPE de Carabineros, ya que se encontraba encadenado a un poste al interior del recinto.
Cabe recordar que el Comité de Allegados de Independencia fue parte de una mesa de trabajo en conjunto con la municipalidad, que terminó en un quiebre de negociaciones y con la posterior toma de los terrenos al costado del Hospital del Carmen.
El fracaso de una política habitacional
En medio de esta media extrema, Claudia Cancino, una de las dirigentas presentes en el operativo, acusa que habían acercamientos con la municipalidad y un acuerdo previo de trabajo en conjunto. Sin embargo, estas conversaciones se dieron a pocos días del despido de dos piezas claves en la municipalidad: Andrea Diaz, la administradora municipal, y Ana María Cortez, la directora de desarrollo comunal, dejando el avance de las negociaciones en fojas cero.
La misma dirigenta, señala a La Voz que el constante cambio de personal de la municipalidad en distintas áreas fue parte de las dificultades que tuvieron previo al quiebre de la mesa de trabajo. Un hecho que nuestro medio ha reporteado en otras áreas de la municipalidad con cargos vacantes y una alta rotación laboral en roles claves.
La Municipalidad de Maipú supervisó el procedimiento en la figura de Abel Sepúlveda, quien es parte del equipo jurídico de la municipalidad, y quien por razones que desconocemos se negó a identificarse con su nombre frente a los vecinos y nuestro diario.
A raíz de la transmisión en vivo de La Voz fue posible registrar distintos momentos del desalojo, que serán puestos a disposición de las autoridades competentes en medio de las detenciones y acusaciones de violencia desproporcionada. Por su parte, Carabineros también solicitó que nuestro medio se retirara del lugar, amenazando con quitarnos nuestros equipos, lo que da cuenta de la actitud con la que operó la institución durante el desalojo.
La toma y el posterior desalojo se da en un contexto más amplio de un grave déficit habitacional en Santiago y el boom inmobiliario, que ha encarecido el precio del suelo.
Tal como se señaló en nuestro medio «los Bancos y Fondos de Inversión adquieren edificios habitacionales completos, otras tantas unidades habitacionales son adquiridas y acumuladas por inversionistas menores, aprovechando por cierto los beneficios tributarios que les brinda el DFL2. Transformándose en rentistas, sin siquiera pagar un peso como “empresarios inmobiliarios”.
Esto ha llevado a que la misma Cámara Chilena de la Construcción señalara que en Chile el acceso a la vivienda es «severamente no alcanzable».
Este boom inmobiliario tiene consecuencias concretas en nuestra comuna, como podría ser una ampliación urbana hacia el sector de Rinconada de Maipú y el establecimiento de distintas tomas y campamentos, como la de Vicente Reyes, la recientemente desalojada Independencia y la Villa Japón.
ACTUALIZACIÓN: El número final de detenidos en la jornada fue de 9 personas, todas las cuales quedaron en libertad debido a que el 9º Juzgado de Garantía de Santiago declaró ilegales las detenciones. Ver aquí nota completa del dictamen.
https://www.facebook.com/lavoz/videos/522149891908978/
LVDM
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