En medio de esta crisis sanitaria, la sensación de vulnerabilidad es casi permanente.
El confinamiento y el distanciamiento físico se han planteado como las estrategias para prevenir el contagio del virus y así resguardar a las personas que nos rodean.
Sin embargo, desde las autoridades los mensajes son confusos e incluso contradictorios, ya lo veíamos hace un par de semanas cuando se viralizó por redes sociales el mensaje quédate en casa, pero anda a trabajar, no vayas a protestar pero anda al mall.
A esto se le suman declaraciones tales como las de la Ministra Karla Rubilar, quien en relación a las 40 personas que llegaron en overoles a protestar a Plaza de la Dignidad, dijo:
«Uno se pregunta si se está entendiendo lo que estamos viviendo en nuestro país (…) Lo que vimos hoy es de los actos más irresponsables y poco solidarios que hemos visto en el último tiempo«.
Tampoco ayudó mucho que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, haya autorizado la apertura de un mall.
Declaraciones y acciones como éstas dejan en el aire la idea de que finalmente sobrevivir a este difícil momento recae en cada persona, más que en el colectivo.
Hay realidades laborales que ya venían cargadas de incertidumbres, con condiciones igualmente contradictorias, siendo una de ellas la de trabajadores y trabajadoras a honorarios, sobre todo del Estado.
Estos trabajadoras y trabajadores enfrentan la inseguridad laboral que implica no tener un contrato que declare la protección mínima que debiese otorgar el empleador en términos de salud, previsión social y derechos laborales.
Todo esto en un escenario en el que existe claramente una relación de subordinación y dependencia con cumplimiento de horarios, puesto de trabajo, computadores destinados para el cumplimiento de funciones, entre otros.
Hoy se agrega a esta incertidumbre la situación de figurar como funcionarios públicos, lo que implica una serie de exigencias que no necesariamente están acompañadas de seguridades laborales.
Una situación totalmente distinta a los trabajadores contratados/as formalmente, quienes se rigen por el código del trabajo y cuentan con el respaldo del artículo 184 el cual señala:
“El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”.
En el contexto que otorga el COVID-19, las medidas deben ser extremas, más aún si como empleador deciden aumentar los factores de riesgo de las personas y sus familias obligándolos a asistir a sus lugares de trabajo.
Es impresentable que de parte de los empleadores del Estado se asuma que por ser funcionarias y funcionarios de programas públicos tenemos cierto nivel de inmunidad frente al virus que nos aqueja.
El compromiso social pareciera ser el punto clave que atacan para obligar a los trabajadores y trabajadoras. A nivel municipal, el feudalismo se encarna en las prácticas de coerción, rindiendo mediante un estado de mutismo y sumisión cierta pleitesía a éste “patrón o patrona” del fundo.
Un patrón o patrona que ante una negativa o cualquier indicio de organización por parte de los trabajadores y trabajadoras no dudará en deshacerse del problema y desvincular a quienes hacen mucho ruido.
Como ejemplo de aquello, se ha visto tanto en redes sociales como en los medios de comunicación las situaciones humillantes que enfrentan los trabajadores y trabajadoras del municipio de Maipú, quienes se han visto obligados a seguir la línea televisiva y farandulera de la alcaldesa Cathy Barriga realizando bailes que bajo ningún escenario se justifican.
La precariedad laboral es evidente, y lamentablemente en tiempos de pandemia las trabajadoras y trabajadores a honorarios se ven expuestos al dilema de mantener un trabajo o cuidar su salud, la de sus familias y comunidad, más aún si son obligados/as y condicionados/as mediante la solicitud de tareas que escapan a sus funciones y sin los resguardos mínimos que se requieren para proteger su integridad física y mental.
En este contexto, se añade algo más. Y no es habitual reconocer cuando una situación atemoriza y paraliza e identificar que la emoción que produce es miedo. Miedo de ir a trabajar… esa es la realidad que se vive actualmente… Miedo de cumplir con estas tareas y verse expuestos y expuestas a una enfermedad que ni siquiera se tiene la certeza de que podrá ser costeada ni tampoco atendida de una manera adecuada… Miedo a que el sistema de salud al borde del colapso no alcance a actuar a tiempo… Miedo de contagiar a otras personas, y definitivamente miedo de ser la persona responsable de que alguien se contagie y muera.
Si bien el miedo no desaparecerá con relaciones laborales humanizadas, se debe tener en cuenta, sobre todo de parte de las jefaturas y los empleadores que la situación actual afecta a todas y todos, y que ese trabajador o trabajadora que estás condicionando es una persona que puede estar atemorizada.
De eso se tienen que hacer cargo, el Estado y las empresas privadas se lo deben a los trabajadores y trabajadoras a honorarios que precarizan diariamente, teniéndolos a la deriva en cuanto a derechos laborales, careciendo de instancias de autocuidado, reflexión, diálogo que permitan mirarnos los unos a los otros. Mientras tanto, lo que nos queda es generar estrategias colectivas de apoyo mutuo para cuidarnos y para cuando esta crisis sanitaria termine fortalecer la organización.
