Después de varias jornadas de cuestionamientos por diferentes actores políticos, la Corte Suprema confirmó que no hará efectiva la compra de los 22 vehículos Lexus modelo ES300h valuados en $1.253 millones de pesos.

La noticia la dio a conocer el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, aunque también argumentó que la renovación de la flota “se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas, y no otras, las consideraciones que se tuvieron en vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los autos”, resaltó.

A lo que agregó: “Este tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema asignados en 2014 se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriendo estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras las consideraciones que se tuvieron en vista para adoptar, en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”.

De igual forma, explicó que la compra, si bien no estaba consignada en la Ley de Presupuestos 2024, “lo cierto es que la dirección de Presupuesto, dependiente del ministerio de Hacienda, comprometió, el 9 de noviembre del año recién pasado, ante la comisión especial mixta de presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial”, señaló.

Tras las justificaciones, finalmente terminó entregando el veredicto final.

“Atendida las consideraciones expuestas, con la cuenta detallada al director de la corporación administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus, modelo ES300H que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”, finalizó.

Lo cierto es que desde que aprobaron la compra, con 11 votos a favor y dos en contra, de 22 automóviles Lexus valorados cada uno en más de $50 millones de pesos, generó repercusiones en el mundo político, que criticó duramente la determinación.

Declaraciones como las de Mario Marcel, donde enfatizó que “no tengo mucho más que decir, el Poder Judicial es autónomo. El Gobierno no resuelve qué autos se compran (…) Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien”, manifestó el martes.

Mientras que la Ministra del Interior, Carolina Tohá, igualmente cuestionó la adquisición.

“Hemos tratado de ser muy prudentes en esto, porque el Poder Judicial es autónomo, pero nosotros somos partidarios y tenemos una política muy estricta de que las compras de este tipo deben poder pasar el filtro de la observación de la ciudadanía sin generar el clima que hemos visto en estas horas”, a lo que agregó: “Hay que tener mucho cuidado de cómo se usan los recursos”.

En definitiva, la compra no se hará efectiva y la Corte Suprema no verá renovada la flota de automóviles destinados a 21 ministros.