«¿Por qué regresar a la Planificación Urbana si ha tenido una trayectoria de malos resultados en el Chile Contemporáneo?», es la pregunta que intenta responder el historiador Oscar Riquelme.
Hace unos días finalizó la 10ª Conferencia Internacional de Ciudad, enmarcada en el proceso constituyente que se está forjando en el Chile actual y ante unas tasas de déficit habitacional preocupantes.
El déficit habitacional para 1960 era de 382.932 unidades, aumentando a 550.000 viviendas en 1965, y a 592.324 en 1970. Son cifras que en escasos momentos han sufrido una variación significativa, teniendo hoy montos muy similares a los de antaño.
Javier Hurtado, Gerente de Estudios Cámara Chilena de la Construcción (CChC), estima que, de mantenerse las fórmulas actuales para solucionar la necesidad actual de stock de vivienda: ¡tomaría 31 años! Claramente, la baja oferta está desbordada por una alta demanda, y sin duda alguna, el acceso a la vivienda técnica y a la ciudad no está garantizado, ni por el sector Público, ni por el sector Privado. Pues el mayor allegamiento y florecimiento de campamentos está concentrado en las comunas y sectores con menos oportunidades urbanas de la región capital.
El diagnóstico que hizo la CChC y la clase política invitada fue muy similar a la dada en la Semana de la Construcción 2021: volver a las fórmulas de antaño, una mayor participación estatal bajo una planificación a mayor escala. Es una reminiscencia y un guiño a la década de los sesenta, período que, para Alejandra Monti (2020), significó «pasar de la planificación como técnica a la cultura de la planificación».
Fue un proceso de búsqueda de soluciones que expandió su trayectoria con una mayor participación y modernización del Estado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y se radicalizó con la Unidad Popular en 1971 logrando tasas históricas de crecimiento público con 76.086 unidades. Sin embargo, la construcción pública decayó rápidamente y durante la dictadura cívico-militar se abandonó la participación activa del Estado al fracasar en solucionar el déficit de vivienda.
Esa labor, a partir de 1976 (amparado en una Ley General de Urbanismo y Construcciones; la formación del SERVIU, heredera neoliberal de la CORVI; y el desplazamiento del mercado económico), fue dejada en manos del sector privado.
El Plan Intercomunal de 1960 fue una hoja de ruta y primer límite urbano para fijar las direcciones del crecimiento de la urbe, aunque paradójicamente para el período 1960-1975, en palabras de Alexandra Peterman (2005), fue el mismo Estado el “principal transgresor del límite urbano” y su política se ajustó a medida que el MINVU fijaba límites y estos se desplazaban en cuanto las construcciones de vivienda incluían a las transgresiones pasadas (tomas de terreno/urbanización informal).
Iván Poduje (2006) alude que, como consecuencia de esta acción estatal, la mancha urbana no paró de crecer inflándose como un globo y su área al interior del límite terminó asemejándose más bien a un acordeón: se contrajo en 1960, “se extendió fuertemente en 1979, se contrajo en 1994 y se volvió a extender en 1997 y 2003”.
Visto en perspectiva histórica, se desnudan dos variables o contradicciones estructurales de la planificación urbana en el Chile Contemporáneo que la constituyen en un caso paradojal de soluciones habitacionales y de ciudad.
Una de tipo variable macroeconómica: El ciclo de crecimiento económico de 1965-1971 [ciclo de industrialización dirigido por el Estado], a pesar de una intensiva presencia estatal, sus impactos fueron profundos, pero de corta duración y limitados; mientras que el ciclo de crecimiento económico de 1985-2008 [ciclo neoliberal con equidad], a pesar de su larga duración, la escasa presencia pública y la baja regulación de la construcción privada, mal aprovecharon su canalización en el desarrollo urbano de la vivienda social.
Una segunda variable, de índole social, ya tempranamente era advertida por María Elena Ducci en 1997: Los propietarios de sectores populares, por lo general, no tenían la capacidad de renta para costear el crédito de la vivienda, ni tampoco para hacer mantención de ésta misma en el tiempo.
Esto en el mediano plazo fomentó una alta entropía urbana (concentración de externalidades negativas) floreciente en los conjuntos habitacionales sociales planificados por el SERVIU en los noventa, en contraste con los espacios planificados por la CORVI/CORMU/CORHABIT a fines de los sesenta, en donde la entropía es hoy considerablemente menor.
Un ejemplo de ello, es comparar como ha envejecido Villa San Luis (SERVIU), en contraste con Villa México (CORVI). Por otro lado, el delito urbanístico ha sido escasamente penalizado, lo que permitió a las empresas constructoras privadas cometer un sinnúmero de negligencias en las obras solicitadas por el SERVIU.
La planificación desplegó sus fuerzas contradictorias, fragmentario, por un lado, y canalizadora de nuevas oportunidades espaciales por otra. En otras palabras, visto desde la larga duración, en los dos ciclos de crecimiento económico, la región capital tuvo un crecimiento sin desarrollo. Impotente en su incapacidad de producir una modernidad desarrollista en sus más de cincuenta años de planificaciones intercomunales, comunales y zonales, y, por el contrario, su mayor éxito fue asegurar el consumo de modernidad (la vivienda privada y técnica ofrecida por las inmobiliarias e inaccesible financieramente al común de los mortales, es aludida por el historiador Arnold Bauer como uno de los tres pilares del consumo material junto a la vestimenta y la alimentación).
Así pues, se hace necesario un profundo cambio en los paradigmas poco humanistas del mercado contemporáneo. El capitalismo monopolista, finanza a crédito y prestigio económico son las tres caras de la pirámide metropolitana (Lewis Mumford, 1974) que han imperado hasta hoy y deben ser resignificadas.
Es más, en una economía neoliberal como la nuestra, siguiendo a David Harvey (2005), lo que ha primado no ha sido la búsqueda de producir nuevos espacios de soluciones habitacionales, sino por el contrario, asegurar la producción de nuevos espacios donde fluya con comodidad la circulación del capital. El comportamiento inmobiliario durante los últimos diez años, amparado en amplios programas de gentrificación en la capital regional (el proyecto Pajaritos 4.600 en Maipú es solo un caso más entre tantos) corrobora esta afirmación.
Henri Lefebvre, ya tempranamente en 1974 afirmaba que «para cambiar la vida es preciso cambiar el espacio». En ese sentido, surge las interrogantes que deberían dirigir la discusión constituyente que enfrenta el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad: ¿Quién produce y para quién se produce? Como puede notarse, ni el Estado como un actor preponderante entre 1965 y 1975, ni tampoco el sector Privado como un actor hegemónico desde 1976, han logrado hacer de las planificaciones una política de ejecución técnica exitosa para solucionar la falta de vivienda social.
En ese contexto, las municipalidades aparecen como un tercer actor referente para nuestro porvenir. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, con sus múltiples modificaciones sufridas desde 1976, le otorga funciones y atribuciones privativas a las municipalidades, una de ellas, concerniente con su capacidad de actualizar el Plano Regulado Comunal (un instrumento subordinado a la ley, pero que llena sus propios silencios a través de un tejido de orientación y racionalización de la escasez de suelo con verdaderas potencialidades de justicia social si son usados correctamente), y la otra y menos explotada, una atribución otorgada desde 1992 concerniente a su participación como un actor en la construcción de viviendas sociales.
Lo realizado por la Municipalidad de Recoleta, la denominada “inmobiliaria popular”, no es más que un ejemplo de como se ha usado esta atribución legal. En este sentido, es esperanzador pensar en las municipalidades como un tercer actor influyente y preponderante en la futura construcción de las ciudades en un Chile más descentralizado.
Una nueva modernización del Estado (amparado en la creación de un Banco de Suelo y una resignificación del MINVU, por ejemplo, separando sus funciones entre un Ministerio de Vivienda y un Ministerio de Ciudad), una mayor redistribución equitativa dentro del Fondo Común Municipal (FCM) y una nueva carta magna que potencien a éste tercer actor, permitiría canalizar toda una trayectoria de aprendizaje.
Construir más vivienda social, gastar más e invertir más en la descentralización del crecimiento de las ciudades metropolitanas y repensar la planificación urbana sin pensarla sectorialmente. O caer nuevamente en las paradojas y contradicciones de nuestra historia republicana.
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