A través de un oficio, el Ministerio de Educación, ofició la obligatoriedad de las clases presenciales en todo Chile sin restricciones de espacios ni aforos.

Luego de dos años de clases telemáticas, la presencialidad volverá a ser una obligación a partir de marzo de 2022 para los cursos de primero a cuarto medio, según informó el Ministerio de Educación a través de un oficio.

El ministro de la cartera, Raúl Figueroa, explicó a La Tercera que «toda la evidencia pedagógica y sanitaria apunta a que no existe razón para impedir la apertura de establecimientos ni de asistencia a clases«. Y pidió dar máxima continuidad al proceso educativo.

Actualmente, un 98% de los establecimientos escolares están con clases presenciales, «lo que es una muestra una confianza de las comunidades escolares», dijo el ministro.

El argumento que da el oficio refiere a que para esa fecha «la vacunación en esquema completo de los menores de 18 años y de los trabajadores de la educación se encontrará finalizada«. Por lo mismo, la decisión de asistir a clases presenciales ya no estará vinculada a la arbitrariedad de los padres y apoderados.

Sin embargo, se admiten excepciones, como cuando exista un brote de covid-19 en un curso o en el establecimiento. Este último «deberá velar por mantener la continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta situación excepcional», establece el oficio.

El documento además señala que se retomarán funcionamientos regulares de los recintos, como el Programa de Alimentación Escolar, el que a partir de marzo volverá a operar de forma presencial, regulado por la JUNAEB.

¿Qué opina el Colegio de Profesores de Maipú?

El presidente del Colegio de Profesores de Maipú, Mauricio Pávez, asegura que aquello es una irresponsabilidad.

«Nos parecen lamentables, pero no sorpresivas las declaraciones del ministro (…) El ministro no tiene una bola de cristal para saber lo que va a suceder de aquí a marzo de 2022», argumentó el dirigente.

Pávez considera que aún no hay certezas sobre cómo va a evolucionar el contexto sanitario del país, por lo que decretar la obligatoriedad de clases presenciales sin que los padres puedan decidir sobre la asistencia de sus hijos, es recaer en prácticas irresponsables.

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La medida será efectiva a partir del miércoles 2 de marzo del próximo año, fecha en que se inicia formalmente el calendario académico.

Aquellos establecimientos que no abran sus puertas arriesgan una multa de hasta los 1.000 UTM, lo que se traduce en aproximadamente 52 millones de pesos.