La acción judicial había sido presentada por organizaciones vecinales en contra de la Municipalidad de Maipú, Intendencia Metropolitana y Serviu, entre otros organismos que calificaban como responsables de una toma en la comuna.
Hace unos días, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección ingresado hace unos meses por organizaciones vecinales de Maipú, entre quienes se encontraban representantes de la comunidad Condominio Santa Lorenza, Junta de Vecinos Barrio Los Jardines, Junta de Vecinos Villa El Sol V, además de la Inmobiliaria Alborada Tres SpA.
La acción judicial fue presentada contra la Municipalidad de Maipú, Cathy Barriga en su calidad de alcaldesa, la Intendencia Metropolitana, personalizada por Luis Guevara, el General del Ejército, Carlos Ricotti y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, representado por Juana Nazal, debido a la responsabilidad que estos tendrían, desde sus diversos roles, en la toma de un terreno ubicado en La Galaxia 3161, en Maipú.
De acuerdo con los antecedentes presentados, se señala que «Alborada Tres planificó el desarrollo de un proyecto inmobiliario de integración social denominado ‘Condominio Santa Lorenza’, […] Para ello compró el predio denominado ‘resto del Lote número CINCO del plano de subdivisión de la Parcela Tres del Fundo Santa Lorenza, que fue posteriormente subdividido, dando origen a tres Lotes denominados LOTES 1, 2 y 3 , de manera que el proyecto fue finalmente desarrollado en el LOTE 1».
De esta manera, según se desprende del documento, el lote 2 y 3 sería el lugar donde se tomaron de manera ilegal al menos 100 personas no identificadas, quienes han levantado sus propias viviendas con conexiones irregulares y otra serie de hechos que, según relatan vecinos, han tenido consecuencias negativas para la comunidad aledaña.
Sin embargo, la Corte determinó que el recurso se rechazaba por una serie de argumentos desglosados según la institución:
En lo relacionado con el Serviu, se consideró que la causa era imprecisa en cuanto a acciones u omisiones que este ente hubiese cometido, afectando algún derecho de los demandantes.
Respecto de la Intendencia, quienes aparentemente serían los responsables de ejercer un desalojo requerido en la toma, la entidad carecería de las facultades puesto que el terreno corresponde a un privado y no a un bien fiscal o de uso público.
En lo referido contra la Municipalidad de Maipú, a quienes se les acusa no solo de permitir la situación, sino también de prestar apoyo para la instalación y permanencia, la autoridad jurídica expresó que la entidad edilicia solo reconoció una ayuda asistencial y humanitaria básica.
Por lo demás, se precisó que la Inmobiliaria aludida mantiene por su parte otra causa abierta de carácter criminal por el delito de «usurpación no violenta» en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.
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